La seguridad pública en nuestro país es un gran engaño, esto en buena medida se lo debemos a nuestros legisladores, quienes por intereses políticos o personales tienen detenidas dos cuestiones que darían la vuelta al fenómeno de la inseguridad.
Por un lado, estamos viviendo el sueño de los justos con la Ley de Seguridad Interior, misma que brindaría a nuestras Fuerzas Armadas las capacidades legales y operativas para cuidar de los ciudadanos dentro de un marco legal adecuado o por lo menos regulado, como bien lo ha venido señalando el General Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional.
Los militares lo que quieren es regresar a sus cuarteles para asumir las tareas que la Constitución les impone ya que ninguno de ellos quisiera estar haciendo el trabajo que los policías estatales y municipales simplemente no realizan, tomando en cuenta que al realizarlo se verían involucrados en asuntos tan delicados que podrían desprestigiar a la institución que, por cierto, es la de mayor credibilidad en México.
Llevamos diez años de lucha o guerra, como se le quiera decir, en contra del narcotráfico, exponiendo a nuestros soldados y marinos y sin un marco regulatorio. Llevamos diez años tratando de conformar policías capaces, honestos y confiables y en ello han fallado muchos de los estados y municipios; tenemos policías por los que la ciudadanía no siente ningún respeto y por los que los delincuentes no sienten ningún temor; por eso ya va siendo tiempo de construir un sistema policíaco que sea capaz de entrenar y formar a los agentes del orden. Mientras tanto, sabemos que no podemos seguir así y es por ello que las Fuerzas Armadas tendrían que intervenir, brindándoles garantías. Los gobernadores a quienes les parece muy cómodo que no sean sus policías los que se enfrenten a la delincuencia, harán un llamado de auxilio a soldados y marinos en vista de su ineptitud.
Por otro lado, está el tema relacionado con el fiscal anticorrupción, pues llevamos ya demasiado tiempo sin contar con esta figura que me parece clave para atender no sólo la corrupción de algunos políticos, sino también lo que estos dejan de hacer en favor de sus gobernados; la omisión es también una falta que debe ser sancionada.
Si estos dos temas estuvieran resueltos y bien regulados, es decir, con marco legal que no sólo limite, sino que brinde dientes (esto es, capacidad de hacer y de acusar), México sería muy diferente.
El hecho de que el ejército se haga cargo de la seguridad interior me da una enorme confianza y esperanza. Temo por quienes dicen que la seguridad pública se estaría militarizando, mismos que a mi parecer apoyan los más obscuros intereses, ya que estarían defendiendo el México inseguro en el que vivimos, lo cual para muchos es tristemente lucrativo.
Ni el Fiscal Anticorrupción, ni la Ley de Seguridad Nacional, deberían ser objetos de arreglos políticos. Ojalá nuestros legisladores amaran a México, ya que si así fuera actuarían de manera más responsable y con ello quiero decir expedita y contundente. El no actuar denota a la fecha falsedad de discurso y engaño al ciudadano.
