Gobierno castigador

Es muy lamentable que el actual gobierno castigue a quienes emiten comentarios críticos, en lugar de aprovechar la crítica para mejorar y buscar la excelencia.

Al gobierno de Peña Nieto se le olvida que fue precisamente la tolerancia a la crítica, que el PRI de antaño se ganó el calificativo de “La Dictadura Perfecta” por parte de Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010. En efecto ese PRI logró mantener el monopolio político durante casi siete décadas, entre otras cosas, por el respeto a ciertas libertades cívicas y al trabajo de algunos sectores de la sociedad civil, cuyos juegos de hecho apuntalaban al Sistema. Esa tolerancia ayudaba a camuflar la dictadura que padecimos.

En cambio, el PRI de hoy no logra captar que “el juego que todos jugamos” es indispensable en todas las sociedades del mundo para que éstas funcionen adecuadamente, especialmente en aquellas de inspiración democrática. A tal grado es esto cierto que, a los gobiernos para lograr una convivencia sana, les conviene incluso subsidiar la existencia y el trabajo de los sectores opositores, cuando éstos no juegan el juego que les toca jugar, de motu proprio. Tal fue el caso de partidos paleros como el PARM (Partido Auténtico de la Revolución Mexicana) o el PPS (Partido Popular Socialista), de periódicos paleros como El Nacional y de cierto sector del medio intelectual mexicano, reclutado y alentado sutilmente para la crítica por los gobiernos PRIístas anteriores a Fox.

Así es que el Gobierno actual debería valorar y agradecer la existencia de opositores auténticos, cuyas críticas lo legitiman y le permiten dar impulso social a sus políticas. Ello lo libera de realizar el triste trabajo sucio de reclutar y financiar a opositores artificiales o a modo como antes se requería. En vez del PARM y el PPS, México cuenta hoy con Morena y el PRD, en lugar de El Nacional, México ya tiene La Jornada, el Reforma y El Semanario, y en vez de Jorge Saldaña, contamos con Sergio Aguayo, quienes para conveniencia de todos, incluido el Gobierno, ejercen una auténtica y constructiva crítica de la vida nacional.

Los excesos del Gobierno al imponer duras represalias a quienes lo critican, ya se vuelven intolerables y le regresarán como bumerang en el proceso electoral y cuando esté en el destierro. Ya se suma a la lista de pifias, el tristemente célebre caso de Leonardo Curzio, Ricardo Raphael y María Amparo Casar, quienes fueron sacrificados despiadadamente por haber criticado las propuestas del PRI para dirigir algunos fondos de las campañas electorales a las víctimas de los últimos sismos y para, de paso, eliminar a los diputados y senadores plurinominales. Resulta obvio que se trató de la gota que derramó el vaso de la tolerancia PRIísta y no de una sanción a un acto aislado.

Pero se nota la existencia clara de una torpe política de castigo a los críticos, cuando se analizan, entre muchos otros, los casos de escándalo por el despido de la destacada periodista Carmen Aristegui, luego de dar a conocer la patraña de la Casa Blanca, o el asedio contra Claudio X. González Guajardo, mediante el reclamo presidencial a su padre por pasar tanto tiempo hablando de corrupción, el hackeo y espionaje telefónico a través del software Pegasus y nueve auditorías fiscales en organizaciones sin fines de lucro en las que ha participado.

También viene a cuento la sanción infligida a Santiago Corcuera, quien ocupaba la distinguida Presidencia del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, cuya candidatura nunca fue presentada por el Gobierno de México y en consecuencia su mandato no fue renovado. Lo anterior porque Corcuera ha criticado los abusos de las fuerzas armadas del país.

Resulta muy lamentable que para la implementación de esta política de reprimendas, se involucre a personas que gozan de prestigio y que se ven obligadas a realizar el trabajo sucio del Gobierno, como Edilberto Huesca, Presidente del Núcleo Radio Mil, en el caso del chantaje a Curzio, Joaquín Vargas, Presidente de MVS, en el caso de Aristegui, José Antonio Meade, Secretario de Hacienda y Crédito Público, en el acoso a González Guajardo, y Miguel Ruíz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el caso de la obstrucción a Corcuera.

Frente a la fortaleza del Estado Mexicano, llama la atención la hipersensibilidad de este Gobierno frente a la crítica, pero más llama la atención su torpeza al provocar con sus castigos la atención de la sociedad en los asuntos que más debiera interesarle que pasen desapercibidos: la desbocada corrupción gubernamental simbolizada en el episodio de la Casa Blanca, la censura a los periodistas y las violaciones a los Derechos Humanos en el país, los cuales no son sino reflejo de nuestra crisis más profunda: la grave debilidad de nuestro Estado de Derecho, cuyo robustecimiento es responsabilidad de todos. No dejemos solos a quienes luchan desde varias trincheras para ello.