Es verdaderamente una vergüenza todo lo que está sucediendo en materia de seguridad pública y justicia en nuestro país.
Por un lado entiendo que estamos pagando la factura de la ineficiencia o deficiencia del pasado gobierno y por otro que son muchos los gobiernos estatales y municipales que están siendo rebasados tanto por la delincuencia organizada y la delincuencia común, como por la propia ciudadanía.
Cómo es posible que un gobernador como el de Guerrero entregue hasta uniformes a ciudadanos que muy justificadamente están tratando de protegerse de la delincuencia y al mismo tiempo este gobernador no sea capaz de brindarles la seguridad pública a la que está obligado?
México entero está pensando en tomar medidas de seguridad e incluso la justicia en propia mano en virtud de la imposibilidad de los gobiernos para otorgarla. El caso de Florence Cassez, mismo que a muchos mexicanos nos avergonzaba es una muestra de buena voluntad de la Suprema Corte de Justicia, en donde la Ministro Olga Sánchez Cordero, decide terminar con una farsa fabricada por el gobierno anterior (esto más allá de que la francesa sea o no culpable), ya que la telenovela creada para demostrar su culpabilidad no era más que eso: una verdadera farsa, un montaje al que se le dio una cobertura mediática sin precedentes y en donde hasta los medios resultaron engañados.
Todos entendemos que la nueva política del Presidente Peña Nieto es sacar de los medios la nota roja. Esto no implica que los problemas se hayan terminado; de hecho Manuel Mondragón y Kalb, tiene hoy más muertos mensuales que los que había en el sexenio anterior, pero esto no refleja la realidad del cambio que vivimos en la gobernabilidad del país.
Los cambios están dándose y seguramente cosecharemos buenos frutos, pero la inercia sigue ejerciendo su fuerza y el fenómeno de la inseguridad pública no se detendrá de la noche a la mañana. Mondragón y Kalb es un hombre íntegro y un funcionario experimentado por lo que no dudo que él dará resultados, pero no es una cuestión mágica, sino que será el producto de la implementación y seguimiento de una nueva política de Estado en la que las autoridades deberán contar con la ayuda de la ciudadanía. El mejor ejemplo de ello es la cantidad de poblados y ciudades que hoy están cerrándole el paso a la delincuencia, así que podemos imaginarnos una ciudadanía comprometida con la seguridad, pero apoyada por las tres instancias gubernamentales. No podemos estar viviendo un México paralelo; ya tenemos un Ejército Zapatista y el gobierno lo permite, ahora una policía ciudadana armada y encapuchada? Esto me parece francamente surrealista y tremendamente peligroso.
Durante años he venido insistiendo en una participación ciudadana organizada y ¡hoy es el momento! Si toda la sinergia que se está generando, gracias a los problemas de inseguridad en que la ciudadanía está decidida a defenderse se tomaran como un capital político, que avale medidas verdaderamente estrictas como el toque de queda y la vigilancia de las entradas y salidas de las ciudades fueran tomadas en cuenta por los gobiernos, acabaríamos con los problemas de ingobernabilidad existentes. Puedo entender que en este tema hay muchos elementos que no nos gusten, violaciones constitucionales también, pero estas de todas maneras se dan en los retenes carreteros como ejemplo.
Si la ciudadanía está dispuesta a ceder en sus derechos en función de un mal menor, si los ciudadanos estamos dispuestos a tener menos derechos, pero seguir conservando nuestros bienes y nuestras vidas, ¿no es el momento de actuar? En mi opinión los derechos constitucionales no deben ser violados y los derechos humanos debieran prevalecer, pero muchos sacrificaríamos algunas o muchas cosas con tal de sentirnos seguros.
Son ya muchos los pueblos fantasmas en los que la gente ha abandonado sus viviendas por la inseguridad.
Es momento de tomar la fuerza de la ciudadanía y unirla a la voluntad de aquellos gobiernos que estén comprometidos con acabar de una buena vez y por todas con la delincuencia.
La cero tolerancia es una alternativa.
