México es un país diverso y heterogéneo. El norte del país contrasta fuertemente con el sur y el centro del territorio nacional es un mosaico productivo, que concentra la mayor proporción de la población nacional. Aun con esas diferencias y contrastes, es posible identificar económicamente a dos México’s.
El México relativamente moderno, industrializado, significativamente importante para el mercado y cuya racionalidad económica se debate entre la acumulación y el consumo. Y el otro México, atrasado, es caracterizado por el auto empleo, siendo relativamente irrelevante para el mercado y que enfrenta secularmente a la pobreza y a la miseria. A esos dos México’s gobierna Enrique Peña Nieto (EPN) y para ellos debe diseñar e implementar sus políticas públicas. ¿Cómo puede funcionar el México moderno junto al México atrasado? ¿Qué tan pertinentes son las políticas públicas para esos dos México’s?
En la década de los 50’s del siglo pasado, se desarrolló la idea del “dualismo económico” para caracterizar a los países pobres. Si bien la idea surgió originalmente en relación a los países del Sud-Este Asiático, dada la preocupación política sobre el desarrollo económico, el concepto terminó siendo extendido a países como México. Tal fue la pertinencia del concepto de dualismo económico que Arthur Lewis, británico, originario del Caribe, Nobel 1979 de economía, elaboró su teoría de la “oferta de mano de obra ilimitada”, para explicar el funcionamiento del sistema de economía dual y las posibilidades de desarrollo que tenían los países que contaban con una amplia población.
El dualismo económico fue originalmente entendido como un sistema en el que coexistía un sector moderno capitalista y un sector pre-capitalista. Para Lewis, el sector pre-capitalista, atrasado, al contar con una amplia oferta de mano de obra le proporcionaba fuerza de trabajo al sector moderno y capitalista. Según esta idea, el proceso de desarrollo se sustentaba en esa dualidad y en la medida que se aseguraba mano barata proveniente del medio rural, se afirmaba un proceso de acumulación de capital del sector moderno, haciendo a un país más eficiente y competitivo.
Aunque la idea del dualismo económico históricamente fue previa a la actual globalización económica, puede ser relativamente pertinente para explicar la dinámica del crecimiento económico del Sud-Este Asiático, en especial el caso de China. Obviamente las elevadas tasas de crecimiento económico experimentadas por esos países han desembocado en mejores niveles de desarrollo, que se han traducido en la creación de un fuerte mercado interno, que ha fortalecido la auto-sostenibilidad de la economía. Además, en esos países las políticas públicas, siguiendo originalmente un modelo de promoción de las exportaciones, han puesto énfasis en el logro de mejores salarios y de una mejor calidad de los recursos humanos.
En contraste con las experiencias del Sud-Este Asiático, en países como México, el dualismo económico ha permitido perpetuar la extracción de excedentes del sector económico atrasado hacia el sector moderno de la economía. Con lo que se han acrecentado los niveles de pobreza y de inequidad en la distribución del ingreso. Ello ha repercutido en bajas tasas de crecimiento económico, de producción, de empleo y en un mercado interno estrecho. Incontestablemente, en tal proceso, las políticas públicas han jugado un papel activo, tanto en la contención de los salarios, como en la falta de una política pertinente que aliente la producción.
En el caso de México, los sectores moderno y atrasado de la economía se encuentran funcionalmente vinculados. En la medida que se han contenido los salarios y han sido bajas las tasas de crecimiento, el sector moderno de la economía ha dispuesto de una mano de obra ilimitada para su operación proveniente del sector atrasado. Ello también ha permitido que la inequidad en la distribución del ingreso se agudice sistemáticamente desde 1975, tal como en este medio ha sido documentado. Es válido decir que el dualismo mexicano ha terminado por generar un creciente segmento de la población en situación de pobreza, que cada vez enfrenta mayores carencias alimentarias, tal como lo evidencian las cifras oficiales del Coneval.
Las políticas públicas en México han tenido un claro carácter dual, retroalimentado, en general, el dualismo económico imperante. Pero, las políticas públicas también han sido duales, dado que las destinadas al sector moderno han tenido un carácter más económico que social, en tanto las relativas al sector atrasado han tenido mayormente un signo social que económico. En el primer caso, las políticas económicas han tenido como sustrato el paradigma del mercado desregulado y de una sistemática devaluación interna, particularmente por la vía de la de los salarios reales, amén de no afectar mayormente la distribución del ingreso por la vía impositiva. En el segundo caso, las políticas sociales han centrado su objetivo en paliar los efectos perversos del sistema económico dual sobre la población más pobre.
Sin embargo, en ambos casos no se han buscado mayores objetivos de cambios estructurales, ni de romper con el circulo vicioso del bajo crecimiento-mayor pobreza. Por tal razón, el sector desarrollado de la economía cada vez enfrenta mayores restricciones para su dinamización y los acuerdos comerciales suscritos por México han acabado por instaurar un país maquilador, altamente dependiente del exterior. En el mismo sentido, el sector atrasado de la economía ha expulsado mano de obra hacia el extranjero, ante la imposibilidad de ser ocupada productivamente en el país, a la par que la migración rural ha acrecentado la pobreza en las ciudades.
Ante los resultados obtenidos, sorprende que después de casi seis lustros se haya insistido en profundizar las políticas económicas y sociales disfuncionales para crecer y para atender la inequidad sociales que cada día hace más violenta a la sociedad nacional. Tales resultados indeseados, EPN los señaló claramente en su campaña, al indicar que México era una de las economías que menos crecía en América Latina, de igual forma que el crecimiento de la pobreza en México y la inseguridad avasallaban al país. Por lo que uno esperaría que las políticas públicas, especialmente las de carácter económico y social, cambiasen.
Sin duda, esas han sido las buenas intenciones esgrimidas con las reformas propuestas por al actual régimen. Patentemente las reformas mismas por su naturaleza siempre tardan en demostrar sus benignos resultados. Sin embargo, más allá de la sustancia, es posible adjetivarlas desde su instancia instrumental y de “forma”. Desde esa perspectiva, buena parte de las reformas enunciadas y aprobadas parecieran estar bordadas para otro país y estar más allá de su pertinencia para el mismo sector moderno del país. Tales serían los casos señeros de las reformas financiera y la fiscal.
A guisa de ejemplo, la reforma financiera contempla la posibilidad que ante la sospecha de un banco de que un deudor pueda desviar su crédito o negarse a pagar, es posible solicitar a la autoridad su arraigo territorial y su inmovilización de bienes. Esta posibilidad se antoja a todas luces violatoria de los derechos humanos, dado que ante la eventualidad de un conjeturado desenlace mercantil, se prive unilateralmente a la persona de su libertad de tránsito y de su patrimonio. Otro ejemplo en esta esfera, es el que el gobierno federal sigue sin contar con una banca de desarrollo, que le permita canalizar sus recursos para el fomento de la producción, por lo que el estado mexicano se encuentra fuertemente constreñido en la operación financiera por las instituciones bancarias privadas. Más grave aún, es el hecho de que las tasas que imponen los fondos de fomento, como Fira y Nacional Financiera resulten más de tres veces por arriba de las tasa de CETES, es decir 300% más.
Por lo que hace a la reforma fiscal, baste saber que a partir de 2014 todas la facturas deberán ser electrónicas (Internet) y el Régimen de Pequeño Contribuyente (REPECO) habrá de desaparecer. Como contraste, téngase en cuenta que el uso del Internet para fines fiscales en Francia es simplemente opcional, por lo que en un país pobre como México la reforma fiscal puede tener un efecto inductor a la evasión. Al respecto, es de esperarse que los pequeños contribuyentes opten por dejar de contribuir, para no asumir costos de transacción fiscales que se les pueden hacer inmanejables.
En materia social, no parece haber un cambio más allá de la operación convencional de los programas sociales focalizados por personas, orientados a paliar la falta producción y de empleo. Se ha enseñado sistemáticamente a la población pobre, especialmente del medio rural, a pedir pescados sin adiestrarlos a pescar. Sin negar que la educación y la salud fortalecen al capital humano, es incuestionable que en el medio rural ni se invierte, ni se alienta la producción. Además de que es claro que hay un amplio desperdicio de recursos y de gastos burocráticos para la operación de la política social, que podrían dedicarse a la inversión. La pobreza rural y de las zonas indígenas es indignante e inaceptable, como lo es la pobreza urbana que cada día se acrecienta más en las ciudades.
La economía dual mexicana debe ser atendida con políticas públicas destinadas al crecimiento y al desarrollo, para paliar las carencias sociales. Los países del Sud-Este Asiático que así lo hicieron, y hoy son referencia cotidiana para los funcionarios y empresarios mexicanos. Pero más allá de los resultados económicos y sociales obtenidos en esos lares, hay que entender sus causas y los medios que los hicieron posibles.
Para poder transformar la realidad hay que partir de ella. Las políticas públicas deben corresponder a cada contexto social, deben estar al tamaño de los ciudadanos. El mundo imaginado nunca podrá ser realidad si sólo existe idealmente en nuestras mentes.
