Tristemente, parece que detrás de cada insumo básico, de cada servicio público, de cada permiso, trámite o concesión, existe un negocio sostenido por la corrupción.
Es una verdad cruda, terrible para la mayoría de los ciudadanos honestos en México, pero no hay evidencia de lo contrario. Sintonizar una mañana sí y, otra también, la conferencia presidencial, es enterarse del entramado del día que hace monumental la tarea de generar un cambio en sólo un sexenio.
Llegamos a mitad de esta semana y ya se nos informó tres cuestiones que, por cierto, no eran nuevas. La primera, el sorpresivo llamado a los empresarios gasolineros para que moderen su margen de ganancias en el precio final que nos dan por litro de combustible.
Ayer, de acuerdo con el primer mandatario y el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, la razón por la que no desciende el precio de la gasolina en sus modalidades, es precisamente porque se aprovecha desde el subsidio del IEPS hasta el costo de referencia para mantener el porcentaje de beneficio que reciben las compañías.
Incluso, en un anuncio todavía más inesperado, el gobierno federal estaría en el análisis de abrir sus propias estaciones de servicio para ofertar el combustible a un precio menor ‒o al menos al objetivo con base en la inflación‒ para provocar competencia artificial en el mercado.
Dudo que usted o yo podamos asegurar que algún día nos hayan vendido litros de a litro, por el contrario, siempre aceptamos que había un robo desde la máquina despachadora que toleramos, siempre y cuando no afectara demasiado nuestro bolsillo.
Por lo tanto, la desconfianza del consumidor en el suministro final del combustible es absoluta, y eso que no nos habíamos enterado bien del tamaño del robo de hidrocarburos, lo que hace del “huachicoleo” uno de los negocios más siniestros que hemos inventado como país.
Luego vino la secuela que tuvo la queja del empresariado turístico el fin de semana, durante el tradicional tianguis de Acapulco, por la cancelación de toda promoción de México como destino. En ese fondo publicitario, de 6 mil millones de pesos, se pagaron favores, se hizo difusión dirigida al gobierno federal y se manejó sin muchas restricciones, según el dicho presidencial.
A ello, se debe sumar la desaparición de 60 oficinas comerciales y de promoción que pertenecían a ProMéxico y que, en esta necesaria política de austeridad, fueron eliminadas. El detalle se encuentra en que el propio presidente de la República afirma que eran plazas obtenidas por recomendaciones poderosas y no necesariamente por capacidad profesional. Un fenómeno que tampoco era ajeno para ningún ciudadano mexicano.
El dato final que da un sombrío reflejo de la impunidad en México es la contratación en los últimos años de hasta 50 mil elementos de seguridad privada para custodiar instalaciones de gobierno. No se puede calificar a todas las empresas de seguridad privada de la misma forma, pero estoy seguro que para nadie fue desconocida la presencia de un cuerpo de este tipo que provenía del Estado de México y tiene su origen en el temible Batallón de Radiopatrullas (Barapem).
Y esos sólo fueron tres casos en una mañana. Desde diciembre hemos escuchado y visto otros más que demuestran una versión de nosotros de la que poco se habla y menos se trata de explicar: el sistema político y el económico no servía a la mayoría y la desigualdad que eso ocasionó es la base de la crisis social y de seguridad que padecemos desde hace 40 años.
Las opciones que tenemos a la mano para revertirla son escasas, en todas ellas es indispensable que participemos como nunca lo hemos hecho y modifiquemos esa tolerancia ante el abuso y el robo, aunque sea una realidad incómoda que primero debamos aceptar.
