La entrevista de López Obrador con Joe Biden no tuvo el tono de un encuentro, ni tampoco las resoluciones que esperaba el gobierno mexicano; AMLO iba por dos acuerdos de efecto inmediato; iba por el anuncio de un programa bracero y por un préstamo de vacunas de Pfizer, farmacéutica con la que México tiene un contrato de compra que no surtirá hasta que cumpla con el pedido del que Biden no cede ni una ampolleta.
La agenda de Biden con México es parte de lo que es su prioridad en política exterior, que es impedir el fortalecimiento de China como potencia que ya desafía la hegemonía estadounidense; Washington se opondrá con todas las armas a la hegemonía que ya ejerce China en el hemisferio oriental, y utilizará desde la guerra económica, tecnológica, cibernética y eventualmente, la militar.
Es el proceso más importante de los acomodos geopolíticos contemporáneos. La única diferencia entre Trump y Biden son los modos; la anomalía fue Trump. Biden, después de más de tres décadas de carrera senatorial bastante gris, llegó a la presidencia apoyado por los principales medios de comunicación y corporaciones transnacionales para re-institucionalizar el poder y defender los intereses imperiales.
No hay que olvidar que, a pesar de su brutalidad, Trump es el único presidente estadounidense de los últimos cuarenta años que no metió a su país en una nueva guerra, mientras que Biden, a poco más de un mes de su investidura, ordenó el jueves 25 de febrero atacar lugares en Siria contra grupos chiíes.
En la lucha de Estados Unidos por su hegemonía, Biden necesita alianzas seguras, no negociables. Del gobierno mexicano debe interesarle, entre el poliedro de asuntos, que mantenga la estabilidad social, que afirme la institucionalidad jurídica como garantía de un ambiente de libre inversión, y que contribuya a la competitividad de la región norteamericana, para lo cual la administración Biden habla de revisar el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), no para renegociarlo sino para asegurar su cumplimiento.
La estabilidad social tiene que ver con la aceptación ciudadana del gobierno; la popularidad de López Obrador sigue muy alta: 64% aprueba su gestión, según encuesta domiciliaria (El Universal, 2/02/2021), lo que eventualmente se pondrá a prueba como capital político cuando el descontento social por la caída del empleo y de los ingresos de todos los sectores sociales, deba ser gestionado para evitar que se desborde en revueltas violentas y alteración del orden social.
En lo tocante a las garantías a las inversiones privadas, el Departamento de Estado del gobierno de Biden no se detuvo en miramientos protocolarios al hacer públicas, en nombre de corporaciones privadas, las “preocupaciones” por los intereses de estadounidenses en el sector energético, preocupaciones relacionadas con la reforma eléctrica (aprobada el pasado 2 de marzo por el Senado, sin modificaciones) y el empeño puesto por el gobierno mexicano en revisar y renegociar contratos en ése y otros sectores.
El T-MEC ya está negociado, pero Estados Unidos necesita asegurar que el gobierno propicie espacios de inversión y la eficacia de las cadenas de suministro de insumos a la planta productiva estadounidense que ofrecen maquiladoras y proveedores en México.
Biden enfatiza que el T-MEC debe propiciar un desarrollo más incluyente en los dos países; el comunicado del encuentro consigna el compromiso con “un desarrollo económico equitativo y sostenible”. Como punta de lanza están las reglas de origen del sector automotriz que se vigilarán estrechamente.
Recordemos que cada coche que se exporte a Estados Unidos desde México debe tener un contenido de 75% producido en cualquiera de los tres países, y al menos el 40% del valor del vehículo deben haberlo manufacturado trabajadores que ganen 16 dólares la hora, o más.
Tales reglas de origen implican una reestructura del mercado laboral mexicano, regulado por normas que efectivamente liberen a los trabajadores o sus organizaciones para hacer valer sus derechos ante las empresas, que podrán responder en la medida de su eficiencia productiva, y las que no puedan, dejarán espacios para inversiones tecnológicamente más aptas que se originen en la región.
La cooperación contra el cambio climático es la segunda prioridad en política exterior del gobierno de Biden, cosa muy alentadora en esa materia, pero que obligará a AMLO a promover una eficiencia energética que, por supuesto, no ofrecen los hidrocarburos.
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