Nuestra mentalmente colonizada clase política, que hizo todo por seguir las indicaciones del FMI durante la crisis de la deuda en los años ochenta, por asumir el neoliberal Decálogo de Washington de aquella época y por hacer de la economía de México el cabus de la de Estados Unidos sin tener que hacer nada más, pensó que podía seguir en lo mismo con Donald Trump en la presidencia estadounidense.
Pues resulta que las exigencias de ese gobierno son más duras de lo previsto –y seguramente de lo aceptable para el interés nacional- en varios asuntos, dos de ellos cruciales: la seguridad de su frontera sur y el TLCAN.
La estrategia de Trump con nuestro gobierno es muy peligrosa para nuestro país y en esa medida, eficaz para sus intenciones en cualquiera de los frentes de nuestra compleja relación bilateral; consiste en relacionar la debilidad de las instituciones mexicanas ante el crimen organizado con amenazas a su seguridad nacional.
Hace varios gobiernos estadounidenses que se cuestiona la capacidad de las fuerzas armadas mexicanas para seguir la estrategia que a ellos les ha parecido conveniente para hacer frente al narcotráfico.
La novedad con Trump es que ahora se relaciona a los cárteles mexicanos de la droga con terroristas islámicos. Para el secretario de Estado, Rex Tillerson, como para John Kelly exsecretario de Seguridad y actual jefe de gabinete de Trump, los cárteles mexicanos no sólo trafican con droga, sino que son una amenaza terrorista.
Kelly fue quien también dijo, en septiembre pasado, que México está al borde del colapso, como argumento de apoyo al muro con el que Trump pretende reforzar la seguridad de su frontera con nuestro país.
La insinuación del canciller Luis Videgaray de que si Washington opta por liquidar el TLCAN afectaría “la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad y también en cuestiones de migración” es absolutamente inverosímil para Washington, porque le bastaría invocar amenazas a su seguridad nacional para imponerse, inclusive por la fuerza.
Lo que le podría funcionar al gobierno mexicano es anticipar el momento en que permanecer en la mesa de negociación del TLC sea incosteable desde el punto de vista de las cadenas de valor de la economía nacional; en previsión de esa muy probable situación, convendría dar a conocer un plan B de desarrollo económico sin TLCAN, más allá de generalidades.
Un plan que cambiara el eje de la competitividad del país basado en la mano de obra barata, por el desarrollo de la tecnología y capacidad innovativa de empresas, universidades y trabajadores articulados por políticas económicas con sentido de equidad social.
