El Senado de la República aprobó con 89 votos la Ley Nacional de Extinción de Dominio, la cual regresó a la Cámara de Diputados para que cumpla el proceso legislativo respectivo. Hasta el momento ha pasado todos los filtros y se aprecia que será aprobada para su respectiva publicación.
Esta importantísima ley tiene el objetivo de evitar que los criminales tengan condiciones para delinquir; por ello, los bienes utilizados con ese fin pasarán a formar parte del Estado y éste los dispondrá en beneficio de la ciudadanía. Es preciso aclarar que la extinción de dominio sólo procederá por hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Es decir, independientemente que vayan a la cárcel quienes se dediquen a lo anterior, ahora con esta ley el Estado podrá quitarles aquellos bienes que se presume los han obtenido con dinero sucio o que están vinculados con la comisión de dichos delitos.
Se ha mal informado al decir que con esta ley se violarán derechos como el de la presunción de inocencia o el de propiedad, ya que en ella se prevé la venta anticipada de los bienes que hayan sido utilizados en los delitos arriba señalados y sin que medie una resolución judicial. Al respecto, en primer lugar, no es correcto hablar de la presunción de inocencia, pues el procedimiento para declararla es de carácter civil y no penal o sancionatorio administrativo, en los cuales cabría hablar de ella. En segundo lugar, la propia ley prevé el resarcimiento del daño en caso de que el legítimo propietario no esté vinculado con la conducta delictiva; además, el andamiaje jurídico de nuestro país cuenta con procedimientos específicos para exigir la indemnización debida al Estado si fuera el caso, con lo que se garantizaría el derecho a la propiedad.
Desde luego, es obligación del Estado respetar los derechos de toda la población, pero también es una obligación fundamental garantizar la seguridad pública de todos nosotros. Urge poner fin a la corrupción y a los delitos que tanto daño nos han hecho. Dichas conductas ilegales precisamente se realizan porque la delincuencia sigue contando con los recursos económicos para financiarlos; entre ellos están no sólo casas, departamentos, ranchos o cualquier otra modalidad de inmuebles, sino también cuentas bancarias en las que se deposita el dinero producto de la corrupción o la delincuencia. Al cortar las fuentes de financiamiento, les estaríamos dando un golpe certero para erradicarlas.
Esta ley forma parte de un conjunto de normas que el Estado mexicano ha creado para combatir la delincuencia. Las leyes de la guardia nacional, del registro de detenciones, sobre el uso de la fuerza, de seguridad pública y esta de extinción de dominio sustentan la implementación del combate a la violencia y la delincuencia como un sistema en el que intervienen diversas instituciones de los tres órdenes de gobierno para cumplir los objetivos.
Esta ley está prevista para combatir a criminales y es una total mentira que vaya a ser utilizada contra la población inocente para quitarle sus bienes y que pasen a las arcas personales de algún servidor público. Es verdad que la ley contempla que los bienes en proceso de extinción de dominio puedan disponerse de forma anticipada a favor de la administración pública federal o local, obviamente con un fin de interés común. Sin embargo, es muy clara al establecer que los supuestos podrán aplicarse. Dichos supuestos son: la naturaleza de dichos bienes; que representen un peligro para el medio ambiente o la salud; que por el transcurso del tiempo puedan sufrir merma o deterioro; que su administración o custodia resulte incosteable; que se trate de bienes perecederos, semovientes u otros animales o que se trate de bienes que se deprecien por el transcurso del tiempo.
La intención es quitar de forma inmediata los recursos a los delincuentes y regresarlos en beneficios para la ciudadanía. Sin duda, éste es un logro de todos los legisladores federales de nuestro país. Se ha hecho democracia y se ha hecho en atención al mandato de la ciudadanía en pro de garantizar la seguridad púbica. Ante circunstancias extremas de inseguridad se requieren medidas extremas desde la ley que den solución.
Analizando lo que este reportaje aporta sobre esta nueva iniciativa, parece ser buena idea. Sin embargo, falta que sea bien aplicada y no tenga lagunas que puedan ser aprovechadas por los infractores. Así mismo, que los jueces o demás funcionarios no sean comprados y caigan en corrupción.
Lo que falta es un adecuado control de excesos administrativos, y con la velocidad acostumbrada de los procesos judiciales lo más probable es que si “extinguieron” su vivienda por error, el resarcimiento sea tardío e insuficiente, si es que llega durante la vida del “extinguid@”.