Pluralismo político

Los cambios fragmentarios sólo

reducen unas tensiones, al tiempo

que generan otras.

Robert Dahl.

En la sociedad mexicana, se han venido reconociendo voces que expresan ideologías o intereses diversos, que reclaman su participación legal y legítima respecto del rumbo del país. La máxima que ha cobrado fuerza nos dice que debe haber “Unidad en la Diversidad” (origen del Federalismo, adoptado por distintos países, e incluso por la Unión Europea).

Después de la etapa sangrienta de la Revolución Mexicana, se creó el Partido Nacional Revolucionario (PNR), con la idea de aglutinar a las corrientes con derecho de conducir a México; después se convirtió en el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) organizado de forma corporativa con los sectores militar, campesino, obrero y popular, a fin de cumplir el programa de la Constitución de 1917. Con la transformación de la sociedad, se crea el Partido Revolucionario Institucional, omitiendo al sector militar asimilado al gobierno. Así, la institucionalización generó un triángulo de poder presidencialista: Gobierno-PRI-Congreso, del que derivó la hegemonía priísta.

Sin embargo, el dinamismo del país dio lugar a la formación de corrientes de opinión e influencia capaces de estructurarse como partidos, no obstante, su escasa presencia en el entorno político, tal fue el caso del PAN (1939), PPS (1948), PARM (1954), y aun el del Partido Comunista Mexicano en una visible clandestinidad. Este diseño tenía la característica de mantener un poder omnímodo y compartir todo aquello que no arriesgara la dominación, como cuando se decretó el voto femenino en 1953-54.

Pero, no era posible mantener para siempre la fórmula PRI-Gobierno, sobre todo porque se señalaba a México como un sistema político de fachada democrática. Fue hasta 1962 cuando comenzó a valorarse la conveniencia de implementar el pluralismo político, dando cabida en la Cámara de Diputados Federal a diversas fuerzas minoritarias mediante la entrada al foro de los Diputados de Partido; era el principio del fin de un sistema de partido preponderante.

En 1972 se amplió el número de diputados de partido y se disminuyó el porcentaje de la votación para conservar el registro; se redujo la edad para legisladores (a 21 años los diputados y a 30 los senadores). Estos esfuerzos legitimadores comprobaron rápidamente su ineficacia, particularmente al constatar que para la elección presidencial de 1976 sólo se presentó un candidato… el del PRI.

Las reformas de 1977 consideraron a los partidos políticos como entidades de interés público definiendo sus prerrogativas. Se creó la figura de Diputados de Representación Proporcional (los famosos “pluris”); de este modo, la Cámara de Diputados se integraría con 300 miembros electos por voto directo en cada distrito y 100 más de acuerdo a la cantidad de sufragios recibidos por cada partido, excepto el mayoritario. En 1986, esta conformación se amplió a 500 (trescientos de mayoría y doscientos plurinominales), derecho que se extendió al partido mayoritario, contemplando la Cláusula de Gobernabilidad que aseguraba al Presidente la aprobación de sus iniciativas.

En la década 1990-2000 se sucedieron cuatro reformas electorales que confirmaban el robustecimiento gradual del pluralismo: en la de 1990 se estableció el principio de ciudadanizar el control de las elecciones, sin embargo, se crea el IFE todavía como órgano gubernamental; se introducen los medios de impugnación y se instituye la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, sin funciones legislativas.

En 1993, se precisan las fuentes del financiamiento a los partidos, éstas pueden ser públicas a través del IFE, de militancia, de simpatizantes, por rendimientos, fondos, fideicomisos, etcétera; se elimina la Cláusula de Gobernabilidad; se abre la pluralidad al Senado (4 por Estado: 3 de mayoría y 1 por primera minoría); la Asamblea de Representantes del D.F., adquiere facultades legislativas. En 1994, el IFE logra autonomía como órganismo público, los consejeros ciudadanos son mayoría, seis vs. cinco (uno del Ejecutivo y cuatro del Legislativo), su elegibilidad proviene de una propuesta de los grupos parlamentarios de la Cámara Baja, aprobados por mayoría calificada; se suprime el voto de los representantes partidistas en el Consejo del IFE. Esta forma de organización se replica en los Estados.

En 1996, el IFE se eleva a Órgano Constitucional Autónomo, separándose definitivamente del Ejecutivo y del Legislativo al facultar al Consejo Electoral (su Presidente y ocho consejeros electorales) para tomar las decisiones fundamentales; se clarifica el acceso a los medios y se definen las reglas del financiamiento público (preferente) y privado, los topes a gastos de campaña; la materia litigiosa pasa a ser parte del Poder Judicial a través del Tribunal Electoral. Además, se estipula que el máximo de diputados por grupo parlamentario es de 300; cambia la composición del Senado: cuatro por Estado, dos de mayoría, uno de representación proporcional y uno más de primera minoría. Se determina la elección popular del Jefe de Gobierno del D.F. y los 16 delegados.

Así, México arribó a una alternancia pacífica en la Presidencia de la República en el año 2000.

Hasta 2007 se hizo necesario atender las cuestiones de la inequidad electoral que prevalecían a pesar de la evolución referida. De esta manera el IFE fue reponsable de garantizar un “piso parejo”, especialmente en la utilización de los medios; igualmente se puso énfasis en la transparencia y fiscalización de los recursos públicos y privados durante las campañas; se determinó la equidad de género en las candidaturas y reglas para evitar el fenómeno conocido como el de “Las Juanitas” (titular mujer que renuncia a favor de su suplente masculino).

En el 2012, retorna el PRI al Poder (segunda alternancia) que inmediatamente asume la tarea de perfeccionar el sistema electoral, empezando por la apertura a las candidaturas independentes. Se produce la reforma 2013-2014: el Instituto Federal Electoral se convierte en Instituto Nacional Electoral (centraliza la función) y se aumenta a 11 el número de consejeros ciudadanos; se permite la reelección consecutiva de legisladores federales y locales (hasta doce años) y a presidentes municipales, regidores y síndicos por un período más; se aumenta el porcentaje para mantener el registro de los partidos al 3%; se convalidan los gobiernos de coalición; se establecen reglas para efectuar consulltas populares.

En 2016-2017 la Ciudad de México cambia su status político-administrativo, la elección de sus autoridades persiste mediante la creación de 16 alcaldías y facultando a la Cámara Local para participar en las modificaciones constitucionales, entre otros aspectos.

Evidentemente las reformas muestran un avance con resistencias muy fuertes para la mejora de nuestra calidad democrática. El hecho es que estamos en riesgo por la simulación, el engaño y la distracción como método para alejar al electorado de la verdadera toma de decisiones. Ante ello debemos preguntarnos hasta qué punto los partidos han vaciado su contenido ideológico, han transformado sus programas en un simple requisito burocrático y han caído en un pragmatismo que, aderesado de corrupción, deja al electorado indiferente, desencantado y sobre todo desamparado.

¿Estamos a tiempo de recuperar la seriedad que reviste a la Política?