En el mediodía del pasado 28 de marzo, un enjambre de policías hondureños –que han dado lecciones de “fuerza bruta” y ha reflejado de alguna u otra forma el “salvajismo” promovido desde el poder político “catracho”–, seguidos por un contingente de reporteros nacionales e internacionales, interrumpieron de manera intempestiva la “tranquilidad” del espacio de debate “interpretando la noticia” (que se desarrollaba al aire en una cabina radiofónica en la capital del país centroamericano). La consigna era clara, apresar al comunicador David Romero Ellner, después de que una ex fiscal del país centroamericano lo haya acusado por injuria, y el aparato judicial le condenó a raíz de esa situación. Diversas instancias nacionales e internacionales –como el Departamento de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)–, reclaman la despenalización de los delitos contra el honor por considerarlo lesivo para un ejercicio efectivo y pleno de la libertad de expresión.
En un principio, esta situación se antoja dictatorial, en un régimen hondureño alineado –a todas luces– al “presidente” Juan Orlando Hernández, a quien señaló el comunicador de tolerar y estar involucrado en actos de corrupción que ha cometido su parentela (de hecho, una comitiva solidaria con el periodista se apersonó el mismo día a una oficina internacional de apoyo contra la corrupción para entregar un “paquete” de pruebas al respecto).
Lo más preocupante de esta situación es que se repite a lo largo y ancho de varios países del mundo, en los cuales, delitos “pasados” cometidos en el ámbito privado por periodistas, como el caso del periodista David Romero Ellner, –en el incesto contra su propia hija–, quién después de cumplir su condena, usó los espacios mediáticos bajo su dirección para atacar a la ex fiscal denunciante Sonia Gálvez –quien a principios del año llevó el caso de acusación en el ámbito privado por tal situación; y, en este caso por el que es retenido, debido a delitos en contra del “honor”.
Bajo mi punto de vista, estos eventos son usados a menudo por instancias fácticas para minar el esfuerzo de denuncia que se hace desde la prensa contra todo aquello que afecta el estado de derecho y, en consecuencia, destruye el pleno disfrute de los derechos humanos consignados en una multitud de instrumentos jurídicos planetarios. Por ejemplo, el año pasado, la organización de defensa de las libertades públicas, Freedom House –y en el caso particular mexicano– reflexionaba a principios de 2018 que “la violencia desenfrenada y la corrupción se han vuelto cada vez más hostil hacia los medios independientes”. Ya lo advertía en ese entonces la agrupación Reporteros Sin Fronteras (RSF), de que “la hostilidad frente a los medios de comunicación, alentada por ciertos dirigentes políticos, y el deseo de los regímenes autoritarios de exportar su visión del periodismo, amenazan las democracias”.
El problema acá, es que se observa una actitud complaciente, desde personeros de la representación estadounidense (que no actúan con el mismo ímpetu cómo lo hacen en Venezuela, arreciando contra el régimen “chavista”; misma actitud adoptada en diversos países con ideologías “extrañas” según su concepción); hasta una “marcada” división en la comunidad periodística del país que se mueve, de alguna u otra manera, en torno a un vaivén de intereses mediático-empresariales (debilitando con ello el papel primigenio de la prensa como “vigilantes” del poder y la clásica interpretación a este noble ejercicio de “cuarto poder”).
Por otra parte, desde el momento en que alguien ejerce funciones públicas, debe entender que está expuesto al escrutinio público. Por eso, el llamado de las sociedades democráticas de nuestra región debería ser el de incentivar y legislar para que se proteja a toda costa la libertad de pensamiento y, en consecuencia, la libertad de expresión; dado que, cuando los periodistas denunciamos algo, es porque hay situaciones que deben ser “corregidas” e investigadas por el “cuerpo” de instituciones que contribuyen a la solidificación del Estado de Derecho.
En conclusión, la labor periodística en nuestros países debe ser protegida a toda costa, pues ésta contribuye a “dar vida” a los anhelos y sueños de nuestras sociedades para construir naciones prósperas a lo interno y no desplazarse a otros espacios territoriales, que excluyen, lastiman y marginan.
