La confianza es un pegamento social
que se basa en la integridad
del gobierno y sus gobernados.
Goethe.
La transparencia es un derecho público consignado en el art. 6o. de nuestra Constitución Política (Derecho a la información), con el propósito de que los ciudadanos estén al tanto del quehacer cotidiano de los tres poderes públicos en la Federación, los estados y municipios.
En tanto derecho es exigible y, por ende, requiere de la construcción dinámica y consensuada de una Política Pública entre gobierno y sociedad. En otros términos, ha de traducirse en hechos verificables en cualquier sistema que pretenda inscribirse en la democracia moderna; esta política tiene que actualizarse constantemente conforme lo demanden las circunstancias, en nuestro caso, de México.
La transparencia así concebida, pertenece a la decisión de abrir y compartir la acción gubernamental, lo que se conoce como “Gobierno Abierto”, sujeto a la fiscalización de las autoridades facultadas para ello, así como a la crítica insoslayable, y frecuentemente implacable, de la opinión pública.
En paralelo y con el fin de garantizar la privacidad de las personas físicas, en nuestra norma máxima existe el Derecho a la Protección de Datos Personales (art. 16), ello compensa, equilibra y previene que el Estado pudiera pisotear las libertades individuales.
Hasta el momento y desde el 2002, hemos avanzado.
Legislativamente transitamos de una Ley Federal (2002), a una de carácter General (2015) que incluye a los poderes de la República y amplía notablemente el número de sujetos obligados: 860 federales y sumados todos los estados y municipios, cerca de ocho mil; de entre ellos, los partidos políticos, los sindicatos oficiales y todo ente que maneje recursos públicos.
Institucionalmente, nos movimos de la creación del IFAI, organismo público estructurado con la participación del Ejecutivo, a la constitución del INAI, organismo constitucional autónomo, a objeto de asegurar su objetividad e imparcialidad de sus procederes, con una composición ciudadana en su liderazgo, integrado mediante convocatoria abierta, sancionada por el Congreso, sin la intervención de la Presidencia de la República y con una competencia nacional. En cada entidad federativa actúa un Órgano Garante.
El impresionante “Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos” elaborado por INEGI, con el apoyo del INAI, da cuenta en su primera edición de 2015, del costo de operación de este aparato: 2,116 servidores públicos (681 del INAI y 1,455 de los órganos garantes); 1,600 mdp de presupuesto (850.3 del INAI y 716.7 de los garantes).
Por su utilidad pública, la expectativa es que la Transparencia eleve la efectividad del gobierno al nutrir su Legitimidad. Partamos del supuesto de que usted es un ciudadano común que tiene contacto con una dependencia o entidad de la Administración Pública y requiere saber sobre el status de un asunto legal y legítimo; trámite o resolución: revisemos el procedimiento:
- Ingrese a la página de la oficina pública correspondiente, y encuentre que la información está desactualizada, no me crea: ¡pruébelo!
- Acuda, por medio de la Red, a la plataforma para la Transparencia, en busca de orientación.
- Llene el formato de acceso…
- Espere 20 días hábiles por la respuesta, y hasta 10 más como prórroga.
- Si está satisfecho con la respuesta: ¡felicidades!
- Si no lo está, puede recurrir al INAI y esperar otros 40 días, y hasta 20 más como prórroga.
- Si la resolución fuere adversa, puede solicitar el Amparo ante el Poder Judicial.
- En fin…
A su vez, el Censo, encontró que en 2015 sólo el 5% de las solicitudes recurre a revisión: 25,834, o sea que alrededor de 95% de las solicitudes, es decir, 506,446 solicitudes los ciudadanos estuvieron conformes, o ya no continuaron.
Por sus investigaciones, los académicos son los consultantes mayormente asiduos; le siguen los empresarios, después los periodistas, por reportajes no por noticias, y en cuarto lugar el propio gobierno en una especie de “Kramer vs Kramer”.
Por su parte, la Encuesta sobre la materia, también del INEGI—INAI, que excluye a la población rural (casi el 30%), encontró de los ciudadanos encuestados, sólo uno de cada dos conoce los derechos de transparencia y/o protección de datos personales; sólo uno de cada dos está consciente de que puede acceder, pero no está seguro del procedimiento; sólo uno de cada dos posee la habilidad mínima para navegar por la red; sólo uno de cada diez, sabe que el gobierno está organizado en una federación y conoce ante cuál de las dependencias o entidades debe dirigir su solicitud.
Más del 90% desconfía de la transparencia; por consiguiente, se muestra indiferente o incrédulo: no tiene confianza en el sentido de que su requisición de información sea considerada de acuerdo con sus expectativas.
Con estas evidencias, por lo demás poco difundidas, se demuestra que la transparencia es, a la vez, un asunto complejo. La alternativa estriba en modificar su gestión, o de plano, prescindir de esta estructura tan grande y costosa. Me inclino por lo primero, más aún que ahora forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Sólo habríamos de tener presente aquel dicho que habla de la patología burocrática mexicana: “¿Para qué hacer las cosas fáciles, si las podemos complicar?”.
