Desde al año pasado ha habido mucho ruido mediático y político sobre la deuda pública de los estados y los municipios. Con menos intensidad y aparente menor preocupación se ha abordado el tema de la deuda pública federal. En ambos casos, es evidente que los pasivos públicos crecieron explosivamente, sin control alguno y contraviniendo francamente toda prudencia y, en general, respeto a las normas en la materia. El ruido de la información parece impedir la posible explicación de un hecho general de la administración pública y un comportamiento que se hizo ordinario para las autoridades político-administrativas , emanadas de casi todos los signos y partidos políticos; sean del PRI, PAN, PRD y de alguna otra organización política menor.
¿Cómo es posible que se haya generalizado una conducta de gasto y de deuda desmedida? ¿Cuál es la razón de que el mal comportamiento público se haya extendido a todos los órdenes de gobierno y a casi todo tipo de instituciones? Tales preguntas sobre un fenómeno general sólo pueden ser respondidas, por lo tanto, bajo una visión y conjetura explicativas generalizables. No es posible responderlas caso por caso, so pena de perderse en la anécdota inmediata de los comentaristas.
La conducta sobre el crecimiento desmedido de la deuda y el gasto experimentada desde 2000 no parece haber sido racional desde el punto de vista técnico. El gasto público y la generación galopante de la deuda pública, tanto federal como sub-nacional –estados y municipios-, no pueden juzgarse como producto de una política económica convencional. De no ser así, esto podría contradecir o anular lógicamente los elevados grados y grandes títulos académicos de la alta burocracia hacendaria. Por lo que la posible respuesta a tal pernicioso daño al país únicamente podría ser explicado desde el ámbito de la política, más concretamente de la economía política y no de la política económica.
La nueva economía política, surgida en los años 1980´s, ha permitido entender fenómenos que parecían inexplicables desde el enfoque de la economía convencional, anclada metodológicamente en el añoso positivismo, del que la ciencia lúgubre aparenta no haberse sacudido, por lo menos la corriente del nuevo monetarismo. La nueva economía política ha dado pie a prescripciones, obviamente, para que supuestamente los políticos no intervengan en decisiones que deben tener un carácter netamente técnico, como sería el relativo a la política monetaria. De allí la tan llevada y traída autonomía del banco central, que ha terminado por ser capturada en varios países por élites burocráticas del establishment.
Alberto Alesina, economista y pionero de la nueva economía política, italiano y académico de la Universidad de Harvard, junto con otros académicos reescribió recientemente su artículo original “Why is fiscal policy often procyclical?” (¿Por qué es la política fiscal seguido procíclica?). El artículo explica porque el gobierno gasta más cuando la economía está en plena expansión y menos cuando está en franca contracción. Esta conducta resulta irracional técnicamente, por sus efectos económicos adversos[1].
Dicho de otra manera, Alesina revela por que el gobierno incrementa su gasto cuando menos hace falta, dado que la economía está creciendo, y reduce el gasto cuando la actividad económica ha comenzado a caer. Así, el gasto público, como parte de política fiscal, actúa en el sentido del ciclo económico, ya sea de expansión o contracción, por lo que es procíclico, terminando por ser negativo para la producción, el empleo y los precios.
Se asume que cuando una economía crece los ingresos fiscales suben y, por lo tanto, el gobierno puede sanear sus finanzas o inclusive alcanzar superávits presupuestales. Con esta actitud, el gobierno, a su vez, mantiene sus finanzas bajo control, y dado que no se necesita aumentar su demanda por la vía del gasto público, se evita un sobrecalentamiento económico y aumento de los precios.
De manera más específica, y de acuerdo a las estadísticas de fines de los 1990’s, en el artículo en marras, se enfatiza que en tanto en los países latinoamericanos el gasto público y el déficit fiscal, como parte del Producto Interno Bruto (PIB), subían o bajaban procíclicamente, conforme la economía crecía o decrecía, en los países de la Organización para la cooperación y desarrollo económico (OCDE) era contracíclico. Estudios más recientes, de mediados de la primera década del 2000, evidencian que tal conducta procíclica era extensiva a muchos otros países en desarrollo y no sólo privativa de América Latina.
Las supuestas explicaciones técnicas a la conducta de gasto innecesario durante la expansión económica y de reducción impuesta por la contracción productiva, Alesina y sus colaboradores las consideran insuficientes. Toda vez que lo lógico es que los países acumulen reservas de fondos durante la expansión económica en lugar de gastarlas. De igual forma, es lógico que los prestamistas no se resistan a proporcionar al gobierno fondos cuando requieren expandir su gasto. Sin embargo, en el caso estudiado sucede todo lo contrario: ciertos gobiernos gastan cuando menos lo deben hacer y los acreedores no proporcionan fondos cuando los gobiernos los necesitan. Los autores asumen que la respuesta a tal situación radica en la arena política.
Así, la propensión a gastar cuando es innecesario hacerlo radica en una razón política que genera una distorsión económica y la resistencia a prestar al gobierno reside en la desconfianza pública que tal conducta del gobierno genera. Alesina y sus colegas, de manera más cruda, señalan que la razón de tal conducta radica en una “lucha” política por los recursos públicos.
Tal explicación política, de acuerdo a otros autores, Alesina la denomina “voracity effect” (efecto de voracidad). Por lo que “cuando hay más recursos disponibles […], el problema de su uso común es más severo, y la lucha sobre los recursos comunes se intensifica, llevando a déficits presupuestales”. De esta forma, en época de abundancia de recursos públicos se da una lucha política por su uso.
Tal lucha política va desde la esfera de las demandas de la propia ciudadanía, hasta entre los actores políticos, formales e informales. La lucha rinde desde el mantener o disminuir los impuestos y el precio de los bienes y servicios públicos como demanda de la ciudadanía y los sectores económicos, hasta las prebendas y gastos de los administradores del gobierno. En esta lucha, originalmente Alesina identificó también a los sindicatos y empleados públicos.
En el artículo en comento, claramente se indica que como la ciudadanía no conoce el endeudamiento del gobierno por falta de información y transparencia, el gobierno corrupto termina usando como “renta” los ingresos públicos en beneficio del gasto de la alta burocracia, los aliados, amigos del gobierno y, obviamente, los denominados poderes fácticos. En otro caso, la ciudadanía palmariamente desconoce gastos y deudas ocultas del gobierno, por lo que no puede evitar el efecto de voracidad de las autoridades que desemboca en mayor gasto y déficit públicos. En conclusión, ante la abundancia de recursos públicos hay un efecto de voracidad para su reparto y su uso que, finalmente, en el mediano plazo desembocará en una astringencia financiera del gasto público, en el momento que la economía entre en una contracción productiva y de empleo.
La teoría del gasto procíclico, y por ende de la conjetura de la voracidad, fue aplicada a una muestra de los países de la OCDE y a otra muestra de países en desarrollo, con resultados relativamente satisfactorios, confirmando el efecto de voracidad para estos últimos. Para el caso de México, el efecto de voracidad resulta adecuado para explicar narrativamente la situación del exceso de deuda y gasto en el que incurrió el sector público, tanto a nivel nacional y sub-nacional.
Se ha indicado en este espacio que el gasto y la deuda pública federal aumentaron de manera más que proporcional al crecimiento del PIB. Así, “de 2006 a 2012 la verdadera deuda pública federal pasó de $ 1.9 billones a casi $ 5.5 billones de pesos, un incremento de más de 150%. Por lo que la deuda en relación al PIB pasó oficialmente de 19.9% a casi 37%. De esta manera, en promedio, el gobierno se ha estado endeudando en alrededor de medio billón más cada año”. En el mismo sentido, […] “el presupuesto público […] ha llegado a $ 3.7 billones y […] la nueva deuda contratada se destina en mucho para pagar comisiones, intereses y amortizar deuda vieja. […] “Por último, el presupuesto ha privilegiado el gasto corriente sobre la inversión, postergando la capacidad de crecimiento” (Mismas políticas económicas: ¿Resultados diferentes?, Dr. J. Antonio Reyes G., El Semanario, Revista Semanal).
Como el efecto de voracidad es generalizable para explicar la situación nacional, “Así, en el 2000 las obligaciones financieras reportadas de los estados y municipios alcanzó el orden de $ 90 mil millones de pesos. En 2006 el monto oficializado fue de $ 160 mil millones y para marzo de 2012 llegó a casi $ 400 mil millones. De esta manera, entre 2000 y marzo 2012 la deuda oficializada de los estados y municipios aumentó más de 4 veces, es decir 400% […]” (La deuda pública y la balcanización del país, Dr. J. Antonio Reyes G., El Semanario, Revista Semanal).
Finalmente, se ha señalado con responsabilidad que “La deuda pública de México superó en 12.3% las recomendaciones del FMI de que ésta debe situarse entre 25 y 30% del PIB”, aseguró el senador priista David Penchyna. (http://www.elfinanciero.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=49580&Itemid=26), (La Economía Mexicana: ¿Crisis Dentro de la Crisis?, Dr. J. Antonio Reyes G., El Semanario, Revista Semanal).
En esencia, el efecto de voracidad da pié para explicar, además, la conducta de dispendio y de corrupción en la que entraron en el pasado inmediato el gobierno federal, los estados y municipios. El caso del estado de Coahuila seguirá siendo emblemático por la clara violación a las leyes federales en materia de deuda sub-nacional, como también lo será la experiencia chiapaneca por el número de presidentes municipales recientemente apresados, por supuesto daño patrimonial público. De igual manera, la situación del estado de Tabasco será recordado por el rescate extremo del sector salud, dada la insolvencia de las finanzas públicas que desató en la ceremonia de cambio de gobierno la expresión oficial de que la pesadilla se había acabado.
Ante una sociedad cada vez más contestataria al abuso público, más informada, a pesar de los poderes fácticos, y más urgida de transparencia y democracia, poco a poco habrán de irse develando los abusos y corruptelas que por el efecto de la voracidad ha sufrido el erario público y que habrán de pagar las próximas generaciones.
Tal voracidad del poder avasalló en los años pasados a todo el estado mexicano, no únicamente a los ejecutivos de los diferentes órdenes de gobierno y del ámbito de las finanzas públicas. Avasalló a los poderes legislativo y judicial. La justicia terminó dictándose a modo, en beneficio y orden del rey o del señor feudal en turno, urdiéndose pruebas y supuestos delitos enmascarados con falsos e inexistentes acusadores. Todo ello para violar impunemente los más elementales derechos de las personas y de la ciudadanía. Pero también tal voracidad creó una moral pública y social autodestructiva, demoledora del tejido familiar y apologética del delito y la impunidad.
Ojalá y la larga y negra noche mexicana abra paso a los atisbos de luz de un nuevo día por llegar.
