El presidente estadounidense ordenó el envío de la Guardia Nacional a la frontera con México, pero el papel de sus tropas puede tener limitaciones.
Donald Trump firmó el miércoles un decreto para desplegar a la Guardia Nacional en la frontera que su país comparte con México, argumentando que “la seguridad de los Estados Unidos está en peligro por el drástico aumento de actividad ilegal en la frontera sur”.
Él le pidió al Departamento de Seguridad Nacional trabajar en conjunto con el Departamento de Defensa de los EE.UU. a entrenar y dirigir a las tropas para que puedan ayudar a los agentes de la Patrulla Fronteriza a frenar lo que llamó una “crisis” de inmigración.
Un día después, el presidente norteamericano dijo que quiere a cuatro mil soldados siguiendo esa orden.
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Pero, ¿puede Trump ordenar una militarización de la frontera?, y de ser así, ¿bajo qué condiciones?
Ningún presidente puede llamar a las fuerzas militares para que hagan el trabajo de las policías locales, labor que los agentes de la patrulla fronteriza realizan. Esto se debe a una ley federal que fue aprobada después de la Guerra Civil de Estados Unidos, en 1878, la cual es llamada Acta Posse Comitatus.
Esta ley establece límites militares al Gobierno Federal en el uso de las fuerzas militares como fuerzas del orden. Es decir, los militares no pueden realizar persecuciones ni arrestos como lo hace la polícia local o estatal.
Otro de los límites que tiene Trump es que la Guardia Nacional de cada estado está bajo comando del gobernador de dicha entidad. Es decir, el gobernador de California podría decidir no enviar a sus tropas a la frontera si no lo considera necesario.
Sin embargo, el presidente estadounidense tiene el poder de “federalizar” a la Guardia Nacional y ordenar su despliegue. Esto se vio durante la Administración de Dwight D. Eisenhower, quien en 1957 ordenó a la Guardia Nacional de Arkansas proteger a los estudiantes afroamericanos que se habían inscrito en preparatorias de estudiantes blancos, ya que eran agredidos, se les negaba el acceso a las instalaciones y la policía no hacía nada para garantizar su seguridad.
Después, en 1992, el presidente George H.W. Bush envió las tropas a Los Ángeles, California, para apaciguar la violencia que se desató tras el fallo en el caso Rodney King.
Además, la Guardia Nacional ya ha sido enviada a la frontera en dos ocasiones recientes: en el 2006 bajo órdenes de George W. Bush; y en el 2010 bajo el mando de Barack Obama. Pero los soldados no estaban ahí para detener inmigrantes, ya que su trabajo consistía en brindar vigilancia (mediante drones, helicópteros, cámaras infrarrojas, etc), proporcionar equipo y entrenar a los agentes de inmigración a usar ese equipo.
En resumen, cualquier gobernador puede rehusarse a enviar sus tropas de la Guardia Nacional a la frontera si no quiere que su estado se quede sin sus militares, o si no consideran que su estado se verá beneficiado. Aún así, Trump puede ordenar la federalización de la Guardia Nacional y asumir el mando de esta, pero la ley Acta Posse Comitatus le prohíbe a las tropas realizar el trabajo que le corresponde a las fuerzas del orden (policía) en territorio estadounidense; a no ser que existan levantamientos armados, saqueos, actos de violencia o disturbios que amenacen la paz de esa nación, como se vió en Los Ángeles hace 26 ańos. Este no es el caso actualmente en la frontera con México, por lo que la labor de los soldados sería, contrario a lo que Trump pretende, asistir a los inmigrantes y no perseguir o detenerlos.
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