La reelección de legisladores y la desaparición del Instituto Federal Electoral (IFE) son las modificaciones más notorias que se vivirán el próximo año en nuestro país, pero ¿qué más podemos esperar?
Ciudad de México.- Con una votación de 29 votos a favor, dos en contra, varias abstenciones y la ausencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD), las comisiones del Senado de la República avalaron la aprobación de la reforma política que plantea la modificación de cerca de 60 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Como lo había previsto el senador panista Héctor Larios, la votación se llevó a cabo aún sin los legisladores del PRD, quienes anunciaron el jueves 28 de noviembre que se retiraban de la discusión sobre dicha reforma, así como de las mesas de negociación del llamado Pacto por México.
Después del planteamiento de esta reforma a principios de noviembre pasado, el Instituto Federal Electoral (IFE), uno de los afectados directos en las modificaciones propuestas, mostró su inconformidad al no haber sido consultado antes de la emisión del documento.
En un comunicado emitido el día de ayer, el IFE recalcó la importancia de que la reforma se encuentre respaldada por todas las fuerzas políticas, pues de lo contrario, lo único que logrará será debilitar el ejercicio de la democracia. Así mismo, mostró su preocupación ante los siguientes temas:
-El cambio de denominación de la institución –a Instituto Nacional de Elecciones (INE)– implicará costos innecesarios y generará confusiones, y quizá irregularidades, en el documento de identificación más utilizado por los ciudadanos mexicanos, que es la credencial de elector.
-La administración electoral se verá entorpecida, lo que generará mayores gastos.
-Las modificaciones legislativas implican tal cantidad de facultades concentradas en un solo órgano electoral, que difícilmente habrá tiempo para su implementación en el Proceso Electoral Federal de 2014-2015.
-La falta de precisión en la asignación de atribuciones a las autoridades electorales generará opacidad y poca confiabilidad.
Sobre el nuevo INE, se prevé que organizará los procesos electorales federales y estará integrado por 11 consejeros nacionales, quienes podrán designar a los consejeros de los institutos electorales locales.
Por ello, contempla la remoción de todos los consejeros electorales actuales, quienes podrán participar en la selección de los nuevos consejeros del INE; no será válida la reelección.
El nuevo órgano electoral también podrá, con cargo a las prerrogativas de los partidos, organizar las elecciones internas de los institutos políticos.
La reforma electoral contempla además el aumento del porcentaje de los votos necesario para mantener el registro de partido político, del 0.26% al 3%; para ello, habría que reformar la fracción I del artículo 41 de la Constitución.
Este mismo artículo se ajustaría respecto a los candidatos independientes, a quienes se les considerará como un partido político de nueva creación, por lo que tendrán derecho a 30% del reparto igualitario en campaña del tiempo de radio y televisión, dejando el 70% para las instituciones políticas.
En cuanto a la reforma legislativa, el dictamen señala que los senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos y los diputados federales hasta por cuatro consecutivos, para estar en funciones continuas durante 12 años. Estas modificaciones se regularán en el artículo 59 constitucional y entrarán en vigor a partir del proceso electoral de 2018.
La condición que debe cumplir un legislador para buscar la reelección es que tendrá que hacerlo por el mismo partido político que lo postuló, sin que pueda hacerlo a través de candidatura independiente.
En cuanto a la reelección en los Ayuntamientos, igualmente el candidato deberá permanecer en el mismo partido que lo postuló inicialmente; por el momento, la doble vuelta electoral no será aplicada por considerarse que la situación actual y la composición política del país no es la idónea para poder aplicar esa figura en estos casos.
Así mismo, el dictamen establece que será facultad exclusiva de cada instituto político, y no de los electores, determinar a qué legisladores postularán para un nuevo periodo, siempre y cuando éstos no cambien de partido.
Otro de los cambios notables contenidos en la reforma es la desaparición de la Procuraduría General de la República (PGR), la cual será sustituida por la Fiscalía General de la República (FGR), con lo cual se convertiría en un órgano autónomo a partir del 01 de diciembre de 2018.
Con la aplicación de la reforma judicial al artículo 102 de la Constitución, el Ministerio Público (MP) quedaría organizado como un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios –al igual que el Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social).
El Procurador General pasará a ser el Fiscal general, con lo cual su cargo se extendería a nueve años, a fin de dar continuidad a las políticas y acciones de procuración de justicia. La designación de este fiscal correrá a cargo del Senado, que se basará en una lista de al menos diez candidatos propuestos por el Ejecutivo.
La remoción del Fiscal tendrá que ser sometida a votación: si las dos terceras partes presentes en el Senado votan a favor, el Fiscal será restituido.
La FGR deberá tener fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción; dado que se constituye en un órgano autónomo, no puede asumir la representación jurídica de la Federación.
La reforma también suprime la facultad de las Cámaras para solicitar al fiscal la ampliación de la información relativa al Informe de Gobierno que presenta el Presidente de la República, prevista en el artículo 69 constitucional.
En materia penal, el dictamen prevé que toda persona a la que se le atribuya un hecho delictivo pase de denominarse “inculpado” a “imputado”.
En cuanto al poder Ejecutivo, el documento plantea el cambio a un gobierno de coalición, en el cual el Presidente, en todo momento, pueda optar por una coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión.
De esta forma, en cualquier momento, el Poder Ejecutivo puede, junto con cualquiera de los partidos políticos, definir conjuntamente un programa de gobierno y una agenda legislativa.
En caso que el Presidente opte por la coalición, los nombramientos que haga de los Secretarios de Estado tendrán que ser ratificados por ambas Cámaras, salvo los de los titulares de Defensa Nacional y Marina.
Sin embargo, ya sea que el Ejecutivo opte o no por la coalición, el Senado deberá ratificar el nombramiento del Secretario de Relaciones Exteriores, mientras que la Cámara de Diputados deberá hacer lo propio con el Secretario de Hacienda. En caso de que las cámaras no ratifiquen estos puestos en dos ocasiones, ocupará el cargo la persona designada por el presidente.
La toma de protesta del titular del Ejecutivo Federal se cambiará del 01 de diciembre al 01 de octubre, lo que impacta a la presentación de la iniciativa de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación que se envía a la Cámara de Diputados, pues se tendrá que mandar a más tardar el 15 de noviembre.
Por ultimo, se establece que el Plan Nacional de Desarrollo deberá ser ratificado por ambas cámaras del Congreso de la Unión, mientras que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública deberá ser ratificada por el Senado.
De ser aceptadas por la Cámara de Diputos y ratificadas por el gobierno Federal, las reformas propuestas entrarían en vigor a partir de 2018.
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