La legitimidad electoral no es por una vez y para siempre. Se nutre todos los días.
El autor.
El gobierno del pueblo, concepto fundacional de la democracia, alude a la libertad de opinar, de consensuar y decidir sobre asuntos susceptibles de incidir sobre la vida individual o colectiva. Sin embargo, esta definición resulta escasa en la comprensión de la complejidad democrática que vivimos a diario.
Las prácticas democráticas evolucionan. Hoy podemos hablar de expresiones distintas que se pueden calificar a semejanza de las empleadas en las universidades: muy bien (MB), bien (B), suficiente (S) o insuficiente (I).
La democracia directa, con votaciones a mano alzada, no está prevista en el marco constitucional mexicano. No es objeto de este análisis.
La democracia electoral, se fundamenta en elecciones libres, universales y periódicas para cambiar a los responsables del poder público. Es un ejercicio de participación masiva en plazos establecidos por la ley. El voto popular otorga el acceso al poder, pero no garantiza que se ejerza democráticamente. Los procesos electorales se intensifican durante las campañas políticas y mantienen un perfil bajo hasta el ciclo siguiente. Al evaluar las elecciones federales y locales recientes este tipo de democracia obtendría un “MB”.
La democracia representativa deriva de la electoral. Consiste en delegar la voluntad general y depositar las responsabilidades públicas en los poderes ejecutivo y legislativo. Idealmente, sus representantes requieren de sensibilidad social, conocimiento y experiencia legislativa, técnica, administrativa y financiera, entre otras competencias de carácter específico.
Los poderes ejecutivo y legislativo se conjuntan para dictaminar sobre la integración del poder judicial. Hasta allá alcanzan sus facultades de representación.
Nuestra democracia representativa instituida por la Constitución de 1917, es funcional para mantener la estabilidad política, el federalismo y la institucionalidad gradual del país, en los relevos del poder público. Por las evidencias históricas de los siglos XX y XXI, alcanzaría una “B” de calificación.
En esencia, la democracia participativa promueve una legitimidad cotidiana, un principio de cooperación en el mejoramiento de la calidad de vida y de la convivencia. Exige una sociedad consciente, organizada y demandante. El propósito es supervisar y calificar el desempeño gubernamental hasta el grado, si fuera el caso, de ratificar o revocar a sus representantes.
Toda sociedad es políticamente vulnerable. La democracia participativa puede caer en la manipulación del poder público al intentar romper o alterar la normatividad vigente para favorecer intereses personales o de grupo. Por lo tanto, debe ser instrumentada sin vulnerar el marco institucional. Debe brindar, asimismo, garantías a la sociedad para no inhibir su participación activa.
Los instrumentos político-jurídicos de que podría valerse este tipo de participación son el referéndum, que apoya o rechaza una propuesta legislativa, y el plebiscito, que somete a consulta un acto de gobierno que pudiese o no generar una norma. La Constitución mexicana no contempla estos recursos. En cambio, incorpora la consulta popular y la iniciativa ciudadana. La primera está reglamentada en las leyes: Federal de Consulta Popular y de Planeación, y la segunda en la Ley Orgánica del Congreso General.
Desde la década de los ochenta se aplica la consulta popular para formular los Planes Nacionales de Desarrollo. En el sexenio actual se utilizó para recoger opiniones respecto de las reformas estructurales propuestas por el Presidente. La iniciativa ciudadana para crear o modificar la legislación, todavía no se concreta.
Los resultados de este tipo de democracia son escasos: Sólo podría calificarse con una “S”.
La democracia vinculada al bienestar social se ha visto presionada por el crecimiento demográfico. Se remite a varios componentes:
- Las necesidades básicas de alimentación, salud, educación, trabajo, vivienda, recreación y cultura presentan rezagos evidentes. Los indicadores de pobreza y desigualdad son todavía lacerantes para diversos sectores de la población. Por lo tanto, esta instancia de democracia calificaría con una “I” de insuficiente.
- Los avances en la dotación y mantenimiento de infraestructura de comunicaciones y servicios, sobre todo aquellos de carácter urbano, tendrían una calificación de “S”.
- A pesar de los esfuerzos realizados, la seguridad pública se ha visto rebasada por el crimen organizado y la violencia no cede. Su calificación sería “I”.
- La corrupción y la impunidad, presentes en las sociedades modernas como la nuestra, hacen peligrar a las instituciones. Esto se refleja en la impartición deficiente de la justicia y la desconfianza creciente de la población. Alcanzaría una “I”.
La democracia económica no ha logrado la inclusión de la población. Se perciben grietas estructurales para incorporar a la economía informal, para consolidar la justicia fiscal, para promover la inversión nacional y el acceso al crédito bancario. Obtendría “I” de calificación.
Sin duda, la democracia mundial es relevante. Procesa el conflicto del deber ser en las relaciones internacionales y, en ese entorno, perfila la democracia interna de cada país. México continúa con una participación sólida. Pudiera obtener “MB”.
La democracia, como sistema integral, establece interrelaciones verticales, horizontales y tangenciales. Se expresan desde lo local en cada país hasta la globalidad. Es ingenuo pensar que un Estado pueda sustraerse de las influencias internacionales, sobre todo por la omnipresencia que propicia la tecnología de las comunicaciones en todas las áreas de la actividad humana.
En este contexto la política brilla: en ella recae el ejercicio del poder. La legitimidad se arropa en la democracia. De lo contrario naufraga en un mar proceloso de autoritarismo o de anarquía.
