El Senado de la República emitió la convocatoria para elegir al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dando inicio a este proceso de elección.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se fundó en 1990, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Más tarde fue un organismo descentralizado y en 1999 se elevó a la categoría de Órgano Constitucional Autónomo.
La CNDH tiene una responsabilidad fundamental en el proceso de construcción y consolidación del Estado de Derecho en México. Su establecimiento en nuestro país fue la culminación de un largo proceso de promoción de los derechos y de las libertades fundamentales tanto a nivel nacional como internacional. Fue también la expresión de la globalización política, en el contexto del fortalecimiento de las democracias.
La lucha por la defensa y la promoción de los derechos y las libertades fundamentales en México tiene antecedentes que se remontan al inicio de las luchas por la independencia y que comprenden desde el constitucionalismo liberal del siglo XIX, el Juicio de Amparo y la Constitución de 1917, la primera que estableció los derechos sociales en el mundo. A esta tradición jurídica se sumó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. A partir de ese momento se inicia, en la época moderna, el largo proceso de protección y defensa jurídica internacional de los Derechos Humanos. México suscribe el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Así, a través de la adopción de numerosos tratados e instrumentos internacionales, se ha ido conformando el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
En este proceso de evolución de la protección y defensa de los derechos humanos en México, un lugar muy relevante lo ocupa la reforma constitucional de junio de 2011, precisamente en materia de Derechos Humanos. El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en nuestro país todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la propia Constitución, así como por los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, determina que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
En el proceso de consolidar y garantizar la vigencia de los derechos humanos hay constantes avances y retrocesos. La CNDH es la cabeza del sistema no-jurisdiccional de defensa y promoción de los derechos humanos más grande del mundo, integrado por las comisiones estatales en la materia. Muchas de sus aportaciones son muy relevantes. De igual forma, varios de los asuntos más delicados que ha tratado son muy polémicos.
La Agenda Mexicana en materia de Derechos Humanos, al igual que la de muchos países con economías emergentes, comprende desde la lucha contra las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, hasta los característicos de la problemática global, como los vinculados al desarrollo, la lucha contra la pobreza y la desigualdad, la preservación de la naturaleza y el medio ambiente, así como los temas derivados de la Cuarta Revolución Tecnológica-Industrial.
La renovación de la titularidad la CNDH es, como sucede con este tipo de relevos, una oportunidad para evaluar lo realizado y analizar las propuestas para afrontar la problemática del presente y del futuro con un horizonte de largo plazo.
La nueva administración de la CNDH deberá continuar confrontando con eficacia los problemas del debido proceso, los asuntos de salud, educación, la igualdad entre hombres y mujeres, los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas, la compleja y creciente problemática de la migración, en todas sus dimensiones, la defensa del medio ambiente en todas sus facetas, como la lucha contra el Cambio Climático, entre otros.
La futura labor de la CNDH es fundamental para la construcción y consolidación del Estado de Derecho en México. Su actividad es determinante en el proceso de formación de una sociedad de derechos, deberes y responsabilidades.
La gestión de la CNDH debe de estar apegada a los más estrictos principios de transparencia y rendición de cuentas, así como a la mayor eficacia y eficiencia de sus programas. Quien la dirija debe preservar su autonomía constitucional en el más amplio sentido del término. El papel de la CNDH es de enorme trascendencia en la construcción del desarrollo social y económico, equitativo y sustentable ambientalmente, esto es, en la consecución de un futuro de bienestar para todos, en el marco del respeto al Estado de Derecho, con la plena promoción de la dignidad de las personas.
