Iniciativa en seguridad y justicia, en que se contempla al Mando Único, no plantea resolver la indolencia de jueces y procuradurías por cumplir con sus responsabilidades.
Ciudad de México (elsemanario.com).- Durante las Audiencias Públicas en Materia de Seguridad y Justicia: Sistema de Competencia en Materia Penal en que se discutió la iniciativa presentada sobre el Mando Único, se aseguró que los senadores tienen la capacidad de concretar un sistema capaz de contrarrestar la violencia e inseguridad en México.
Esta audiencia, coordinada por el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Alejandro Encinas Rodríguez, tuvo por objeto discutir las nuevas atribuciones que le conferiría al Poder Ejecutivo el establecimiento del Mando Único, al igual que los puntos que contendría una reforma en materia de seguridad y justicia.
La directora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Lucía Chávez, abogó por que la reforma incluya delitos con una tipificación específica, que hasta el momento no prevé. Los feminicidios, los homicidios cometidos por funcionarios públicos, la desaparición por grupos criminales o agentes estatales, así como la desaparición forzada y la tortura. Para establecer que la Procuraduría General de la República (PGR) tenga atribuciones para que velen por los ddhh, al igual que deba actuar en situaciones en que los estados no tengan voluntad o capacidad para realizar juicios independientes, y en procesos llevados a cabo por instancias internacionales que contemplen tratados firmados por México. Una Fiscalía Federal y la creación de fiscalías estatales especializadas en ddhh podrán coadyuvar a esta situación.
Académicos del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), también emitieron sus informes sobre la propuesta de reforma.
José Antonio Caballero Juárez, académico (CIDE), aseguró que una reforma no se debe enfocar en la creación de nuevas reglas, sino en la definición clara de responsabilidades. Enfatizó que las delimitaciones entre las autoridades estatales y federales continúan omitiendo los problemas generados por la indolencia de jueces y procuradurías. Estas palabras aluden a un problema de fondo que parece no atacar la iniciativa presidencial.
Javier Oliva Posadas, politólogo de la UNAM, aseguró que existe un problema histórico derivado de la dependencia de los municipios a los presupuestos federales y estatales; un discrepancia entre lo que estipula la Constitución y lo que realmente sucede en el sistema político mexicano, apuntó. En lugar de propiciar un nivel mayor de debilitamiento con una centralización política, se debe fortalecer los ayuntamientos. Aseguró que la iniciativa del Ejecutivo es impulsada por la necesidad de recuperar la pérdida notables de confianza de la ciudadanía en la administración de justicia y la capacidad del gobierno por preservar la seguridad pública.
A pesar de estas puntualizaciones por parte de los académicos, el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, rechazó que la propuesta de Peña Nieto sea una unificación penal disfrazada. Indicó que lo único que se busca es poner orden en las competencias penales, punto cuestionado por el académico del CIDE. Aseguró que las inquietudes expresadas en el Senado son sólo fruto de imprecisiones en la redacción de la iniciativa, fácilmente corregibles.
Ante argumentos de fondo, gobierno contesta con cifras cuestionables
Durante la presentación del gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, celebró la eficacia que ha tenido el Mando Único en su estado. Afirmó que la política en materia de seguridad ha tenido un efecto positivo en la región registrando índice de criminalidad muy por debajo de lo registrado dos años atrás.
Sin embargo, estas cifras fueron contrastadas por un reporte de la Secretaría de Gobernación (Segob) presentado por el senador panista Javier Corral. En dicho informe se muestra que hasta mayo del año pasado dentro de la lista de los municipios más violentos en el país se encuentran en la sierra de Chihuahua, y otros a los que Duarte no mencionó. Entre ellos se encuentra Matamoros, Allende, Aldama, Camargo y San Francisco del Oro. Corral aseguró que lo único que ha hecho el nuevo sistema de seguridad y justicia fue desplazar la violencia. Cuestión aprovechada por el gobierno estatal y por la presidencia para hacer publicidad de un sistema policial que no es tan eficaz como se quiere presentar.
Con información de Senado.
