Pese a que México ha suscrito diversos tratados internacionales, los cuales protegen desde el nacimiento a todos los niños, la Cámara de Diputados criticó que son letra muerta si no se establecen penas y multas.
Ciudad de México.- En estados como Chiapas, Jalisco, Puebla, Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Oaxaca, Veracruz, Edomex y el Distrito Federal, ocurren el mayor número de casos de menores de cinco a 17 años que trabajan.
De acuerdo a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis (DGSDIA) de la Cámara de Diputados, en el país, tres millones de infantes trabajan, de los cuales 39.1 por ciento no asiste a la escuela, es decir, alrededor de 1.2 millones de niños y niñas. Además, laboran en condiciones inadecuadas.
A través del documento “Trabajo Infantil en México. Análisis Conceptual, Marco Jurídico, Antecedentes Internacionales, Derecho Comparado y Opiniones Especializadas”, la DGSDIA refirió que los pequeños son empleados en lugares no apropiados como minas, ríos, lagos o mar; pisos elevados o andamios, calles, cruceros o avenidas; basureros públicos, bares, cantinas o centro nocturnos.
Indicó que de acuerdo con el Módulo de Trabajo Infantil INEGI-STPS 2011, del total de niños y niñas ocupados, el 5.5 por ciento lo hacía en lugares no apropiados, es decir, 168 mil; el 28 por ciento estaba expuesto a riesgos en su trabajo, alrededor de 850 mil; el 28.2 por ciento trabajaba 15 horas a la semana, y un 31.5 por ciento, más de 35 horas.
La DGSDIA argumentó que el trabajo infantil deja muchas secuelas en un niño, desde físicas hasta psicológicas, por lo que es necesario emprender un esfuerzo a nivel gubernamental, con el propósito de apoyar con diversos programas sociales el desarrollo infantil.
Puntualizó que el trabajo infantil constituye un problema social, donde principalmente está presente la pobreza y la desigualdad en el reparto de oportunidades, la inequidad, el desempleo, la no integración y la desintegración familiar, la responsabilidad de los padres y madres de familia.
“Cada vez es más común ver en las calles y en otros espacios públicos a una gran cantidad de niños realizando algún tipo de actividad que no es la natural de su edad”, denunció.
La solución al problema del trabajo infantil, mencionó, no se encuentra en sólo definir los motivos por los cuales niños y niñas laboran, sino reconocer su derecho como ciudadanas y ciudadanos a realizar un trabajo digno que les permita desarrollarse plenamente, organizarse y continuar con sus estudios de manera armónica, protegiéndolos de la explotación y los malos tratos.
De igual modo, establecer políticas públicas en el ámbito social, coordinadas en los tres niveles de gobierno, encaminadas a disminuir las condiciones multifactoriales de pobreza, las cuales son las principales causas por las que a un infante se le pone a trabajar desde temprana edad.
El órgano de documentación, información y análisis de la Cámara de Diputados relató que si bien el pasado cuatro de marzo esta instancia aprobó reformas a la Constitución Política, para aumentar la edad permitida para que un niño trabaje, pasándola de 14 a 15 años, es necesario un mayor esfuerzo gubernamental para que en realidad este sector pueda ejercer todos sus derechos consagrados.
Recordó que México ha suscrito diversos tratados internacionales, los cuales protegen desde el nacimiento a todos los niños; sin embargo, continuó, “se puede deducir que esto es letra muerta si no se establecen penas y multas como ya sucede en el Distrito Federal, donde ya ha sido creado un tipo penal para quien ponga a trabajar a un niño, situación que no sucede en ningún estado del país”.
La DGSDIA detalló que de un análisis a los códigos locales, existe variedad de modalidades en cuanto a la regulación de la explotación de personas, especialmente de los menores de edad, “no habiendo un aspecto que en realidad prevalezca y siendo muy preocupante que, además del trabajo infantil, sean otros temas los que quedan dispersos entre el ámbito federal y el local”.
