Las organizaciones indicaron que el Consejo para promover la ética pública del SNA no debe estar subordinado al presidente de la República ni a los gobernadores.
Ciudad de México.- Organizaciones civiles rechazaron que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) tenga un Consejo Nacional para promover la ética pública formado por integrantes de la clase política.
“El Sistema no debe subordinarse a los designios del Presidente y los gobernadores bajo ningún pretexto”, indicaron.
En fechas recientes, el Partido Acción Nacional (PAN) presentó una iniciativa de ley que contempla reformar 10 artículos de la Constitución para la creación de un SNA, el cual propone la creación de un Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción; un Consejo Nacional para la Ética Pública presidido por el presidente de la República y conformado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los presidentes de las cámaras de senadores y de diputados del Congreso de la Unión, los titulares de los órganos constitucionales autónomos federales, el auditor superior de la Federación, el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana; un Comité de Participación Ciudadana; y sugiere fortalecer la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en materia de control interno.
Las 34 organizaciones proponen también la creación de dos leyes y una reforma: una ley anticorrupción que “establezca los tipos administrativos de mayor impacto social, económico, político y presupuestal, así como los delitos especiales clasificados como corrupción”; una ley de fiscalización “para armonizar los trabajos de la ASF, la SFP y los órganos fiscalizadores estatales; una reforma a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos que “establecerá los principios básicos del ejercicio del servicio público y las obligaciones concretas que éstos tienen.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Incide Social, Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, Instituto Mexicano para la Competitividad, Observatorio de Seguridad Ciudadana y Cohesión Social y la Universidad Veracruzana.
