Omar Fayad del PRI asegura que no habrá reformas para regular las autodefensas; Camacho Solís del PRD propone que el Senado intervenga para coadyuvar en el restablecimiento del Estado de derecho y Luisa María Calderón del PAN solicita al gobierno federal la aplicación en esa entidad el estado de excepción.
Ciudad de México.- La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado descartó posibles reformas para reglamentar la operación de guardias y policías comunitarias en el país y refrendó su respaldo al gobernador de la entidad michoacana Fausto Vallejo.
“No hay ninguna modificación que se tenga que hacer. Lo único que hay que hacer es acatar el texto constitucional y de la ley. No reformarla por el tema de las autodefensas”, sentenció el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, Omar Fayad Meneses.
Por ello refrendó su respaldo al acuerdo de seguridad entre los gobiernos federal y de Michoacán, y consideró que las autodefensas deben acatar el llamado de las autoridades y deponer las armas para permitir el accionar de las fuerzas federales.
El diputado priísta también consideró inviable la desaparición de poderes y el Estado de excepción en Michoacán, ya que 75% del estado no tiene problemas como los de Tierra Caliente.
A su vez el senador Manuel Camacho Solís, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), propuso que el Senado intervenga para coadyuvar en el restablecimiento del Estado de derecho y la autoridad constitucional de todos los poderes en Michoacán.
Camacho Solís aseguró que esta intervención no implicaría la desaparición de poderes, ni la renuncia del gobernador Fausto Vallejo Figueroa, sino que sería una forma de lograr el consenso de todas las fuerzas políticas.
Consideró que la intervención federal y militar en la entidad debe tener fechas “de entrada y salida”, así como prever la realización de las elecciones en 2015.
Mientras tanto, la senadora panista por Michoacán, Luisa María Calderón Hiniojosa, pidió aclarar “qué es lo que se ofrece a los grupos de autodefensa en Michoacán a cambio del desarme”, porque de lo contrario quedarán en indefensión las comunidades con alta incidencia delictiva.
La senadora por Michoacán solicitó al gobierno federal la aplicación en esa entidad el estado de excepción, lo que conllevaría a suspender las garantías individuales, establecer toques de queda y asumir el control de regiones y municipios donde la violencia se ha desbordado.
El senador, Javier Lozano Alarcón, también del PAN señaló que las tres principales fuerzas partidistas del país deben hacer un acuerdo político para restablecer el orden y la paz social en Michoacán.
Lozano Alarcón estimó que los grupos de autodefensa deben deponer las armas y someterse al imperio de la ley.
La senadora perredista por Michoacán Iris Vianey Mendoza subrayó a su vez la necesidad de recomponer el tejido social, así como dar certidumbre a la actividad productiva y garantías a la población de la región de que se restablecerá la seguridad y la paz.
Pidió además la instalación de módulos de Atención Ciudadana de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de Protección Civil, de la Secretaria de Salud, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en región de Tierra Caliente.
También pidió que se garantice el abasto de combustible, medicamento y víveres para toda la población que en esa condición permanece sin trabajar, así como que se restablezca la comunicación terrestre y se reanuden las transmisiones de las radiodifusoras locales, así como el transporte público.
Por el PRD, Fidel Demédicis Hidalgo, argumentó que el problema de las autodefensas y policías comunitarias, no sóloen Michoacán, sino en otros estados, no sólo es por la presión de la delincuencia organizada, sino la pobreza creciente en zonas rurales.
Afirmó que una estrategia equivocada en Michoacán, puede provocar el llamado “efecto cucaracha” hacia otros entidades como Guerrero, Chiapas o Oaxaca, por lo que no se debe combatir sólo la violencia, sino las causas sociales y la pobreza.
Incluso, expresó que en entidades como Morelos, ya existen grupos de autodefensa ante altos niveles de violencia e inseguridad, sumado a la pobreza creciente en zonas rurales y urbanas.
Por su parte, el senador del PAN, Héctor Larios Córdova, demandó que el Ministerio Público solicite al Poder Judicial gire las órdenes de aprehensión contra los principales líderes de grupos de autodefensa.
El también secretario de la Comisión de Gobernación, demandó una acción más decidida y firme del gobierno federal, ya que dijo, da la impresión que desde la Federación se tolera o se promueve la participación de particulares, para salvaguardar la integridad física y material de los que habitan esa región michoacana.
Con información de Notimex.
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