En San Lázaro el diputado priista Abraham Montes afirmó que desde hace años, ha habido una actitud de “autismo” del Estado hacia el campo mexicano.
Ciudad de México.- En San Lázaro el diputado priista Abraham Montes (secretario de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego) afirmó que desde hace años ha habido una actitud de “autismo” del Estado hacia el campo mexicano, por lo que este sector debe volverse nuevamente un motor de la economía y ser tratado como asunto de seguridad nacional en las propuestas para enriquecer la Reforma Agraria que elabora el Ejecutivo federal.
Durante el “Encuentro del Sector Campesino del DF”, realizado en San Lázaro, el diputado por Chihuahua aclaró que los señalamientos hacia las políticas agrarias no están encaminados a denigrar a los gobernantes, sino a ayudarles a mejorar la situación, pues “se tiene la oportunidad de construir un gobierno que escuche, vea y actúe”, algo que con la voz de los campesinos podrá lograrse.
En coincidencia con trabajadores del campo de las delegaciones Tláhuac, Tlalpan, Cuajimalpa, Álvaro Obregón y Milpa Alta, Montes Alvarado planteó necesario poner sobre la mesa la discusión las reglas de operación de los programas destinados al agro mexicano, donde se contemple una “reingeniería institucional” para que sean transparentes y sus requisitos accesibles e incluyentes.
“No se puede aspirar a un campo productivo, competitivo, ni a la justicia e igualdad si se tienen reglas de operación que no se entiendan o que no se puedan cumplir, pues no hay un solo programa público que no las tenga”, sostuvo.
Destacó que estas reglas deben incluir a los ejidos como sujetos elegibles de beneficio de los apoyos gubernamentales, ya que son excluidos al considerar que sus integrantes poseen una pequeña propiedad.
Asimismo, se ha argumentado que los minifundios y los ejidos no son productivos; sin embargo, afirmó, “500 millones de minifundistas en el mundo producen los alimentos que requiere el 80 por ciento de la población total de los países subdesarrollados y en desarrollo”.
Consideró que deben establecerse nuevos acuerdos para el acceso a insumos básicos administrados por el gobierno: agua, electricidad y combustibles. “Hay que apoyar más a quien más lo necesita y ver quién tiene la capacidad de cubrir estos insumos de manera integral”.
Sostuvo que la capacidad de provisión de alimentos en México “debe depender de la capacidad de producción, no de importación”, lo que obliga a que el proceso comercial de las cosechas se dé bajo un esquema institucional de apoyo al mercado interno, donde se atienda primero a la producción nacional y luego a las importaciones.
“México no puede tener dependencia internacional del 48 por ciento de los alimentos”, dijo.
Aclaró que “no se va a exigir al gobierno que se cancelen los tratados internacionales ya firmados. Lo que queremos proponerle es que no se traigan productos del exterior, sino que se permita primero comercializar las cosechas nacionales”.
Por otra parte, Montes Alvarado afirmó que se planteará en las discusiones de la Reforma Agraria la constitución de la Reserva Nacional Estratégica de Alimentos, preparada para casos de siniestro, sequias, nevadas, inundaciones o cualquier fenómeno que afecte la producción nacional.
Con esto, detalló, se garantizaría que al dispararse el precio de un producto o suscitarse una crisis internacional, por cualquier causa, las clases pobres y desprotegidas tengan acceso a alimentos básicos.
Asimismo, continuó, se encuentra el manejo responsable del agua, por lo que se hará énfasis en la revisión de los impactos ambientales en el uso del líquido para las cosechas, pues se han dado casos en que esta actividad afecta el suministro natural.
También se impulsará la transparencia en los permisos para el uso de suelo, pues “pareciera que no funcionan para cuidar el medio ambiente, sino sólo para que los recursos no lleguen a los productores pequeños, por lo que se deben hacer cambios a las leyes”, acotó.
Al término del encuentro, el legislador se comprometió con los asistentes a formar grupos de trabajo para elaborar diagnósticos específicos de cada zona en la que laboran, así como para presentar sus inquietudes y propuestas en los foros regionales y estatales que organiza el Ejecutivo federal para enriquecer su propuesta de Reforma Agraria.
