Este martes terminará el debate de reformas a la ley de geolocalización. La duda de los ministros de la SCJN que se oponen a la medida, es que se permite a las procuradurías estatales su uso. Desconfían.
Ciudad de México.- En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avanza la propuesta por la que todos los mexicanos podrán ser ubicados en tiempo real, dejando de lado su privacidad, esto como parte de la polémica ley de geolocalización.
Un nutrido porcentaje de ministros se pronunció a favor de respaldar que la Procuraduría General de la República (PGR) así como las procuradurías estatales, tengan la posibilidad de rastrear en tiempo real y sin autorización judicial previa, la ubicación exacta de los teléfonos celulares operados por compañías privadas.
De los once ministros que integran el Pleno de la Suprema Corte, siete ya anunciaron que votarán a favor de declarar constitucionales las reformas que permiten a la PGR solicitarle a las empresas telefónicas la ubicación exacta de un teléfono celular, esto cuando consideren que esos aparatos pueden estar involucrados en delitos de delincuencia organizada, secuestro o extorsión, sin embargo, opositores de la medida aseguran que esto se prestará al mal uso por parte de autoridades corruptas con acceso al eventual servicio.
La Suprema Corte ha venido analizando si la geolocalización de los dispositivos móviles viola los derechos a la vida privada y a la privacidad de las comunicaciones, es por ello que el proyecto de sentencia elaborado por la ministra Margarita Luna Ramos, detalla que el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal de Telecomunicaciones no violan la Constitución, porque autorizan localizar aparatos telefónicos, y no a personas.
En oposición dentro de la SCJN se encuentran los ministros Fernando Franco y Arturo Zaldivar. Aseguran que es absurdo pensar que se pueden separar los teléfonos celulares de las personas que los utilizan, como si se tratara de dos cosas diferentes.
“No se puede disociar que sea una intervención a un aparato telefónico de las personas involucradas. Es una cuestión de lógica, no podríamos estar discutiendo si hay invasión a la privacidad e intimidad de las personas, si esto no tuviera una afectación a las personas”, criticó el ministro Fernando Franco.
Por su parte, los ministros Sergio Valls, José Ramón Cossio y Olga Sánchez también están en contra de avalar las reformas. Argumentaron que se viola el derecho a las comunicaciones privadas, porque las Procuradurías tendrían acceso a toda la información contenida en el celular.
“Resulta falso sostener que las normas únicamente van a involucrar la localización de objetos en una investigación de delitos graves, pues pueden involucrarse muchas personas de una forma potencialmente dañina para la seguridad”, destacó la ministra Olga Sánchez.
Quienes están a favor, defienden que las reformas en el rastreo de los teléfonos, permitirá localizar a las víctimas de secuestros.
“Constituye una herramienta que es apta e idónea para alcanzar el éxito en la investigación, tratándose de delitos como el secuestro o la extorsión”, dijo Luis María Aguilar, ministro de la SCJN.
