Informar al pueblo desde el balcón del gobierno
es importante pero insuficiente.
La democracia actual requiere una visión integral.
El Autor.
El informe presidencial encuentra su raíz en la añeja relación entre la monarquía y el parlamento inglés, el Discurso del Trono. Lo retoma la constitución estadounidense para darle sentido a la división de poderes. Para nosotros, además de una obligación, se ha convertido en una tradición que ensalza al mandatario en turno.
Desde 1824 hasta nuestros días, se han presentado doscientos noventa y nueve informes ante el Congreso de la Unión. Entre los personajes más prolíficos se cuentan: Porfirio Díaz, con sesenta; Benito Juárez, veintisiete; Guadalupe Victoria, diecisiete, y José Joaquín de Herrera con catorce.
Aún cuando en el siglo XIX sufrimos tres intervenciones extranjeras, innumerables asonadas y levantamientos armados, no fueron óbice para que el Primer Mandatario informara acerca del estado que guardaba la administración pública. Así lo exigía el proceso de construcción del país. El cumplimiento de esta costumbre fue formalizado en la Constitución de 1857 para hacerlo obligatorio, lo que contribuyó a conformarnos como sistema republicano.
Después de 1910, los mandatarios en turno continuaron cumpliendo con esta norma, establecida en el Artículo 69 de la Constitución. Sin embargo, los primeros años fueron marcados por la irregularidad proveniente de la lucha por el poder.
Es a partir de la administración de Lázaro Cárdenas que el informe presidencial se regulariza en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso en el primer periodo de cada año. Seis informes por cada presidente, que dan cuenta de ochenta y cuatro años de estabilidad republicana.
Si bien el original de la Constitución de 1917 estipulaba que el presidente acudiría a la sede del Congreso a presentar el informe, en 2008 se modifica esta disposición para eximirlo de asistir personalmente, debido a que la fracción parlamentaria del PRD impidió que así sucediera en el último informe de Vicente Fox y el primero de Felipe Calderón. Por tal motivo la entrega del informe escrito se cumple, pero el mensaje se traslada al patio de Honor del Palacio Nacional.
Así, los últimos doce discursos adosados a la entrega del informe se han realizado ante invitados por la Presidencia, que controla el acceso del gabinete, gobernadores, embajadores y diversos representantes sociales. En las ceremonias se ha contado con la presencia de los presidentes de ambas cámaras del Congreso de la Unión y de la Suprema Corte de Justicia, con lo cual se aspira a otorgar legitimidad a un acto apegado a la tradición.
En estas circunstancias, el formato diseñado para el mensaje del sexto informe del presidente Peña Nieto fue innovador. Se aprovechó la tecnología mediática para desarrollar una forma de comunicación política que deja una huella mayor en el imaginario colectivo, pero reduce la atención que pudiera darse al contenido. La combinación del discurso con recursos audiovisuales logró que, de principio a fin, prevaleciera un tono triunfalista, alejado de la objetividad, por lo tanto, de la credibilidad.
El mensaje careció de contrastes que reflejaran las contradicciones y desigualdades en las que se mueven la sociedad y el gobierno mexicanos. No estuvo presente la complejidad que caracteriza nuestro tiempo, mundial y nacional. Prevaleció la impresión de que hubo respuestas positivas, casi unánimes, de la sociedad a las reformas estructurales planteadas por la administración. Ello no minimiza los resultados, pero me pregunto: ¿todos fueron positivos, aceptados, asumidos?
Probablemente haya materia que respalde los logros anunciados en la documentación entregada por el Secretario de Gobernación en San Lázaro, y en las comparecencias que, de acuerdo con la norma constitucional, en los próximos días habrán de cumplir los secretarios de Estado y los directores de entidades paraestatales.
Como afirmó el presidente Peña, la estabilidad macroeconómica es cierta pero insuficiente. Será difícil manejarla sin cambios de gran calado conducentes a una mejora real de la microeconomía, de la seguridad, de la paz interna, de la administración pública y sus procesos en el marco del federalismo. Aquello que procure más cercanía del gobierno con todos los mexicanos y más eficacia en la atención a sus necesidades.
Si el propósito de los informes presidenciales es la rendición de cuentas ante la representación popular, es preciso reformular integralmente el artículo 69 constitucional. Esto exige reforzar el principio de coordinación y corresponsabilidad entre los tres poderes públicos. No sólo es importante reponer la obligación del presidente ante el Congreso de la Unión, sino trascender del culto a la personalidad hacia una interlocución ordenada y responsable que derive en una gobernabilidad más efectiva.
