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Al inicio del sexenio se nombró a la Dra. María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), sin duda una destacada y brillante investigadora, sin tacha alguna.

En su análisis, la Dra. Álvarez-Buylla Roces, precisó un sinnúmero de fallas en tan importante organismo, producto de la corrupción, que no es exclusiva de la ciencia y tecnología; es difícil encontrar un ámbito en el país donde la picardía y los robos descarados no estén presentes.

En el caso del CONACyT, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. (FCCyT) se apoderó de él; eran quienes en la práctica administraban al CONACyT, impulsando siempre sus particulares e inclusive planes personales; sin duda el FCCyT se convirtió “en el poder tras el trono”, sin mayor prudencia repartía contratos y canonjías. Los que lo manejaban, con la llegada de la Dra. Álvarez-Buylla Roces, montaron en cólera y despiadadamente se dedicaron a atacarla, buscando su destitución, para mantener el alto grado de contaminación y privilegios que se autoasignaron.

El famoso FCCyT debe tener facultades exclusivamente para orientar y expresar puntos de vista, nunca para gobernar; se presentaron ciertas cuestiones cuando mandaba en el CONACyT. Por ejemplo, se autorizó un proyecto para investigar la calidad de la masa para elaboración de pizzas, ridículo, aunque sin duda el tema puede ser importante para los fabricantes del socorrido alimento, pero de poco impacto favorable para la sociedad. Como este evento, varios más, y al final, lo que se estaba haciendo, es transferencia de recursos públicos al sector privado; en esto estriba lo que fue un simple dispendio o descuido, en otros evidentes casos, también se dieron actos de rapiña, contratos a precios elevados o patrocinios personales de todo jaez, tales como viajes palaciegos, muchos injustificados y en general prebendas, todo como consecuencia de que el capital del CONACyT era manejado por una Asociación Civil.

Con la Dra. Álvarez-Buylla Roces como titular, todo ha mantenido un cambio que busca auxiliar un sentido social, tanto en la ciencia, como en la tecnología, esto es, impulsar la investigación de beneficio colectivo, no aquellas que pueden ser útiles sólo para favorecer al sector privado, que es quien está obligado a promoverla.

Recientemente se ha dado una embestida con la desaparición de fideicomisos, donde fueron afectadas instituciones privadas, las cuales muchos ignorábamos que recibían apoyo del CONACyT; se trata de escuelas de alto renombre, como son las Universidades Iberoamericana, Anáhuac y el ITAM; tan prestigiadas instituciones realizan un trabajo importante para México, pero he ahí una pregunta que no deja de ser motivo de debate, ¿merecen el apoyo de dinero del pueblo para sus trabajos?, ¿en qué consisten estos?, y, ¿quiénes se benefician? Es un derecho nacional el saber, conocer y estar enterados de esas indagaciones que realizan y que son subsidiadas, en los cuales el CONACyT con toda la autoridad legal debe estar enterado.

No se debe oponer a que la investigación privada se intensifique y que reclame respaldo gubernamental de tipo económico, pero, insistimos, es indispensable saber ¿cómo?, ¿por qué?, y, ¿a qué hora?, cuestionamientos precisos cuya responsabilidad es del CONACyT, que ahora se encuentra en las manos de la Dra. María Elena Álvarez-Buylla Roces.

De lo que no debe existir duda es que la investigación y el progreso tecnológico deben ser permanentemente atendidos, bajo principios y reglas establecidas, evitar el favoritismo, pero sobre todo la podredumbre.

En lo referente al favoritismo, se dio el caso lamentable que, para jerarquizar a los investigadores y otorgarles un apoyo económico, se dieron intereses creados y persecuciones, donde como en todo, hay quienes “se sirvieron con la cuchara grande”, mientras que reconocidos y talentosos científicos nunca pasaron del nivel 1 y, por el contrario, “los cuates”, “los del equipo”, llegaron a ser nominados para obtener el grado de eméritos cuando carecían de la calidad requerida.

Por lo que hace a la corrupción, llegaron a excesos en todos los ámbitos, donde hasta los más mínimos aspectos mantuvieron un descaro sin precedentes, fue el caso en materia de alimentos, papelería, compra de equipos y en general todo tipo de sucios negocios, en que los mismos directivos, usando prestanombres, actuaban como contratistas.

Es imprescindible dar respaldo a tan importante cambio en la política científica y, acabar con los privilegios, impulsando de manera absoluta la investigación en bien de México, en igual grado los ámbitos tecnológicos.

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