La denuncia presentada por la Fiscalía General de la República ante la Cámara de diputados, solicitando el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada, se viene a sumar al enrarecimiento de la vida pública del país, hundido en la grave pandemia del coronavirus, la crisis económica, en parte como efecto de aquella y la jornada electoral mayor en la historia. La actitud asumida por diez gobernadores de tres partidos políticos que se oponen a las asignaciones fiscales otorgadas en el presupuesto federal a sus entidades, devenido en una batalla que trasciende el origen del distanciamiento con el titular del Poder Ejecutivo y la Conferencia Nacional de Gobernadores. Es decir, decidieron poner casa aparte.
Los casos de desafuero de los funcionarios no son comunes y en la mayoría siempre tienen un trasfondo político. El más reciente contra gobernadores es el instaurado contra Andrés López Obrador, jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, durante el mandato del presidente Vicente Fox (2000-2006) cuya causa fue la supuesta violación de un amparo, aunque en realidad se trataba de impedir que fuera candidato a la presidencia de la República, cargo que actualmente ocupa y que ganó por amplia mayoría de votos en su tercer intento por lograrlo. Otro caso muy sonado en el siglo pasado fue el desafuero en el régimen de Miguel de la Madrid, del ingeniero Jorge Díaz Serrano, exdirector de Pemex, quien fuera sentenciado a pasar ese sexenio en el Reclusorio Oriente de la CDMX. Su error político, se dijo, fue haber aspirado a la preciada silla presidencial que ocupaba José López Portillo.
García Cabeza de Vaca, nacido el 17 de septiembre de 1967, tiene una amplia carrera política dentro del Partido Acción Nacional, pues ha ocupado desde la presidencia municipal de su natal Reynosa, pasando por la diputación local, la federal y la senaduría, hasta llegar a ocupar la gubernatura del Estado. Al filtrarse la denuncia a los medios, acudió a la Cámara de Diputados para solicitar que se desechara de plano la denuncia citada, desconociendo, no obstante de haber sido diputado federal, el procedimiento que para que esto suceda; la Junta de Coordinación Política es la que debe hacer la notificación al imputado para iniciar el procedimiento ante las Comisiones de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales.
A estas alturas el gobernador tamaulipeco ya ha sido notificado y ha contratado al despacho de abogados que preside el licenciado Alonso Aguilar Zinser, quien al termino previsto por la ley deberá presentar la contestación a la denuncia de la FGR que, a su vez, designará un Fiscal para el caso. El también llamado juicio político deberá ser conocido por todos los diputados. Este caso implica que la Cámara de Diputados se erija en órgano de instrucción y el Senado en jurado de sentencia, que en esta controversia deberá enviar su decisión, si el juicio fuese procedente, a la Legislatura del Estado de Tamaulipas –ojo, dominada por diputados panistas– para que proceda al desafuero, y si así lo estima conducente, consignar al acusado al Ministerio Público Federal.
Tamaulipas es un estado que se le cuece aparte en casos de corrupción. Dos de sus exgobernadores están en prisión. Tomás Yarrington, extraditado de Italia, permanece en una cárcel de Estados Unidos, y Eugenio Hernández Flores, preso en una prisión mexicana; además cuenta con el asesinato, a manos de sicarios del crimen organizado, del candidato priista Rodolfo Torres Cantú, que fuera sustituido por su hermano, el exgobernador priista Egidio Torres Cantú, antecesor de García Cabeza de Vaca, al que hoy se acusa de ingresos y movimientos financieros por más de 900 millones de pesos que fueron detectados por la Unidad de Inteligencia Financiera en una empresa fachada, que se agrega a la denuncia presentada por particulares que señalan que con recursos de procedencia ilícita el hoy imputado adquirió propiedades inmobiliarias en Estados Unidos. Por añadidura también está implicado en la denuncia que hizo Emilio Lozoya Austin, como receptor de sobornos de la empresa Odebrecht, para que se aprobara la reforma energética de Enrique Peña Nieto, en el Congreso de la Unión a los legisladores panistas.
El gobernador ha expresado que la trama se ha hecho desde Palacio Nacional, a lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha contestado que no existe persecución política en contra del imputado, pero que tampoco es “tapadera de nadie”. El tamaulipeco ha hecho un mitin a su favor en Ciudad Victoria, en su apoyo para demostrar el músculo político, lo que constituye un error, como lo dijo bien su defensor: “éste es para mí un asunto estrictamente jurídico”. Conforme los plazos legales, el pleito durará dos meses, salvo que el hoy acusado renuncie a su cargo y se ponga a disposición de las autoridades competentes. El golpe ha dañado a la llamada Alianza Federalista, pues tres de sus integrantes, ya manifestaron que no apoyarán a su homólogo. El espectáculo mediático político electoral apenas empieza, así que tomen asiento y tabla, como dicen en las loterías de pueblo, porque lo mejor está por venir.
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