Mater semper certa est. Adagio latino y máxima jurídica desde los romanos, cuya traducción al español es: “La madre siempre es cierta”.
Nuestra versión tropicalizada de este adagio es otra máxima derivada del conocimiento popular. “Hijos de mis hijas, mis nietos serán. Hijos de mis hijos, en duda estarán”.
Desde hace más de dos mil años, en general y desde el derecho, hemos dado por sentada la maternidad. Madre es la que gesta y la que da a luz. Tal pareciera que esta afirmación era inamovible, hasta que llegaron las diversas técnicas de reproducción humana asistida con las que ahora contamos.
Esta idea de “dar por sentada” la maternidad resulta, actualmente, un absurdo, uno que, sin embargo, seguimos perpetuando desde el derecho. Así, para el derecho, la mujer que da a luz siempre es la madre, el derecho no duda de ello.
Sin embargo, bajo estas “verdades jurídicas” se encierra otra injusticia más en perjuicio de las mujeres, todo indica que “el sistema” proponiéndoselo o no, por dolo o por ignorancia, termina siempre afectando a las mujeres, perjudicándolas y eventualmente convirtiéndolas en delincuentes.
Recientemente la prensa mexicana dio cuenta de un caso triste, difícil y complejo en relación a un procedimiento de maternidad subrogada. Se trata de una mujer que aparentemente fue contratada por una pareja estadounidense, con la intermediación de una empresa mexicana dedicada supuestamente a ayudar a personas con problemas de infertilidad.
El problema fue que, por razones desconocidas, los gemelos Mateo y Nico –nombres asignados por el personal de enfermería del Hospital General de la CDMX– nacieron de manera prematura, lo que ocasionó diversas complicaciones en los recién nacidos.
Según diversos reportes de prensa, Mateo nació con muchos problemas de salud pero se ha recuperado bastante bien, no así Nico, quien desarrollo problemas de hidrocefalia, sordera y desprendimiento de retina, lo que lo ha dejado ciego.
La historia aparente es que la mujer fue atendida en un hospital privado, pero cuando las cosas se complicaron la llevaron al Hospital General. Ahí y desde hace casi ocho meses, estos gemelos sólo han convivido con el personal sanitario, pues nadie ha reclamado la paternidad o maternidad de los mismos.
Todo indica, que a la mujer que los gestó le fue implantado en su cuerpo un embrión de la pareja americana que la contrató, por lo que en términos estrictamente biológicos, la progenitura sería de esa pareja americana, sin embargo, dado que este tema no ha sido debidamente analizado en nuestro país, desde la legislación civil la madre es la que da a luz.
Entonces, bajo el amparo de una legislación civil arcaica, es fácil atribuir la maternidad a la mujer gestante, lo que en términos de derecho penal nos lleva a otro extremo, a una paradoja absurda.
Al ser considerada la mujer gestante como la madre –desde el derecho civil– y al haber abandonado a los menores, está cometiendo un delito.
Según parece, de frente a la situación de los menores intervino el DIF y aparentemente la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia de la CDMX.
Para estas autoridades, asumiendo que la gestante es la madre, han denunciado a la misma por abandono de menores, ya que en términos de la legislación penal es un delito.
El problema es que esa conclusión puede ser jurídicamente impecable, aunque ciegamente absurda e injusta. Partiendo de una lógica civilista –insisto, arcaica– estamos convirtiendo a la gestante en una victimaria, cuando muy probablemente es en realidad una víctima más de este asunto.
Me parece que los verdaderos victimarios son, por un lado, la pareja americana que aportó el embrión y, por el otro, la empresa intermediaria que, al final de cuentas, dejó abandonada a su suerte a la mujer gestante y a los propios Nico y Mateo.
Este tipo de temas son harto complejos, pero no por ello la autoridad debe actuar ciegamente, sin ver las circunstancias del caso. En mi opinión, las primeras víctimas son los menores nacidos, pero también la gestante, quien pretendidamente, gestaba para otros. Son pues esos otros los que deben hacerse responsables, y de no hacerlo, son ellos los que –eventualmente–están cometiendo un delito.
Como lo adelanté, esta historia nos lleva a una paradoja, ya que el delito de abandono de menores tiene como consecuencia –además de la pena corporal– la pérdida de la patria potestad. Así, al proceder y procesar a la mujer gestante, ésta podría alcanzar una pena de hasta tres años, más la pérdida de la patria potestad. Patria potestad que, desde luego no le interesa y que debería –por razones biológicas– ser atribuida a la pareja de americanos que la contrataron.
En suma, una mujer gesta para otros, con material genético de esos otros. Luego, frente a la desgracia, la ley civil le atribuye el carácter de madre y le asigna la patria potestad de los menores, la cual –todo indica– no le interesa a esta mujer, y que en la vía penal puede ser acusada de abandono de menores, delito que entre otras sanciones implica, la pérdida de la patria potestad.
Esta situación no sólo es paradójica, también resulta cruel e injusta. Por eso inicié diciendo que el sistema siempre, siempre, termina perjudicando a las mujeres.
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