La iniciativa de ley presentada el pasado 11 de diciembre por la Senadora de la República, María Soledad Luévano, a favor de enmendar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, puede ser considerada como un disparo en una catedral. En ella se plantea la “colaboración” entre las iglesias y el Estado en múltiples espacios que pertenecen por ahora a los gobiernos municipales, estatales y federal.
Aduce la legisladora motivos de libertades y convicciones éticas, humanas así como religiosas, entre los que destacan la objeción de conciencia (la posibilidad de no cumplir con la ley por principios morales y religiosos), el acceso a los medios de comunicación, un desarrollo social compartido, asistencia de autoridades con tal carácter a los actos religiosos públicos como el tener derecho a adquirir propiedades inmuebles con asistencia espiritual en los centros de salud, así como en instituciones de asistencia social, estancias infantiles, estaciones migratorias e incluso en instalaciones de las fuerzas armadas.
Uno de los argumentos de dicha reforma invoca que la citada ley debe actualizarse por ser obsoleta. Esta fue promulgada durante el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) el 15 de julio de 1992 –con motivo de la apertura que se dio al reconocer el gobierno mexicano las relaciones con el Vaticano y la seguridad jurídica de las iglesias en México, después de 145 años de haberse cancelado éstas–. Comentario al margen: si se procediera con este criterio no alcanzaría el tiempo al Poder Legislativo, en indefinidos periodos, para modificar todas las leyes vigentes de los siglos XX y XIX.
La legisladora zacatecana es afín políticamente a Ricardo Monreal, jefe de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional. Sus antecedentes políticos y administrativos los vinculan estrechamente. En los orígenes priistas de ambos, ella fue la Oficial Mayor del Gobierno de Zacatecas, cuando su padrino político gobernó aquella entidad, y actualmente es la presidenta de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, lo que la hace aún más cercana. Él, al ser cuestionado por la polémica iniciativa, se ha limitado a decir que “todas las voces serán escuchadas”; ni aprueba ni descalifica. Lo que conduce a pensar que “a confesión de parte relevo de prueba”, como gusta decir a los abogados leguleyos.
Aunado a lo anterior, cabe preguntarse qué se esconde detrás de tal iniciativa que agita, una vez más, las turbulentas aguas de las relaciones entre el Estado y las religiones del actual gobierno, presuntamente demócrata liberal, pero no de izquierda como muchos lo tildan; empezando por Andrés Manuel López Obrador, quien se presenta públicamente como un cristiano confeso, mas no católico.
¿Actúan por cuenta propia Ricardo Monreal y su ahijada política? ¿Existe una diestra que mece la cuna? ¿Se trata de un buscapiés para medir la reacción de los sectores e instituciones que se ven afectadas o favorecidas? ¿Hay una mano mística (¿?) detrás del tema? El hilo de preguntas es largo y grueso. Las respuestas podrían darse en este enero del 2020, cuando se discuta la iniciativa en las Comisiones correspondientes, y de ser aceptada, en el pleno de la Cámara de Senadores.
Sin embargo, como dice el dicho popular, el horno no está para bollos. Los registros históricos de la cuestión religiosa han pasado por muchos filtros. Desde el movimiento de Independencia de 1810, cuando la Iglesia católica anatematizó con saña inaudita a los padres de la Independencia –léase, a vía de ejemplo, el acta de excomunión del cura Miguel Hidalgo– la sangrienta Guerra de Reforma ( 1858-1861) entre conservadores y liberales del siglo XIX, y la Guerra Cristera en los años veinte del pasado siglo, concluida durante el gobierno del presidente Emilio Portes Gil, mediante el convenio de cohabitación entre el poder político y el poder religioso.
Como diría el popular cantautor Juan Gabriel: ¿Pero qué necesidad?
