Gobierno Abierto archivos - El Semanario Sin Límites

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La iniciativa de ley presentada el pasado 11 de diciembre por la Senadora de la República, María Soledad Luévano, a favor de enmendar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, puede ser considerada como un disparo en una catedral. En ella se plantea la “colaboración” entre las iglesias y el Estado en múltiples espacios que pertenecen por ahora a los gobiernos municipales, estatales y federal.

Aduce la legisladora motivos de libertades y convicciones éticas, humanas así como religiosas, entre los que destacan la objeción de conciencia (la posibilidad de no cumplir con la ley por principios morales y religiosos), el acceso a los medios de comunicación, un desarrollo social compartido, asistencia de autoridades con tal carácter a los actos religiosos públicos como el tener derecho a adquirir propiedades inmuebles con asistencia espiritual en los centros de salud, así como en instituciones de asistencia social, estancias infantiles, estaciones migratorias e incluso en instalaciones de las fuerzas armadas.

iglesia y estado — Ilustración: Es de Politólogos.

Uno de los argumentos de dicha reforma invoca que la citada ley debe actualizarse por ser obsoleta. Esta fue promulgada durante el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) el 15 de julio de 1992 –con motivo de la apertura que se dio al reconocer el gobierno mexicano las relaciones con el Vaticano y la seguridad jurídica de las iglesias en México, después de 145 años de haberse cancelado éstas–. Comentario al margen: si se procediera con este criterio no alcanzaría el tiempo al Poder Legislativo, en indefinidos periodos, para modificar todas las leyes vigentes de los siglos XX y XIX.

La legisladora zacatecana es afín políticamente a Ricardo Monreal, jefe de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional. Sus antecedentes políticos y administrativos los vinculan estrechamente. En los orígenes priistas de ambos, ella fue la Oficial Mayor del Gobierno de Zacatecas, cuando su padrino político gobernó aquella entidad, y actualmente es la presidenta de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, lo que la hace aún más cercana. Él, al ser cuestionado por la polémica iniciativa, se ha limitado a decir que “todas las voces serán escuchadas”; ni aprueba ni descalifica. Lo que conduce a pensar que “a confesión de parte relevo de prueba”, como gusta decir a los abogados leguleyos.

Aunado a lo anterior, cabe preguntarse qué se esconde detrás de tal iniciativa que agita, una vez más, las turbulentas aguas de las relaciones entre el Estado y las religiones del actual gobierno, presuntamente demócrata liberal, pero no de izquierda como muchos lo tildan; empezando por Andrés Manuel López Obrador, quien se presenta públicamente como un cristiano confeso, mas no católico.

separacion iglesia y estado — Ilustración: @Kal.

¿Actúan por cuenta propia Ricardo Monreal y su ahijada política? ¿Existe una diestra que mece la cuna? ¿Se trata de un buscapiés para medir la reacción de los sectores e instituciones que se ven afectadas o favorecidas? ¿Hay una mano mística (¿?) detrás del tema? El hilo de preguntas es largo y grueso. Las respuestas podrían darse en este enero del 2020, cuando se discuta la iniciativa en las Comisiones correspondientes, y de ser aceptada, en el pleno de la Cámara de Senadores.

Sin embargo, como dice el dicho popular, el horno no está para bollos. Los registros históricos de la cuestión religiosa han pasado por muchos filtros. Desde el movimiento de Independencia de 1810, cuando la Iglesia católica anatematizó con saña inaudita a los padres de la Independencia –léase, a vía de ejemplo, el acta de excomunión del cura Miguel Hidalgo– la sangrienta Guerra de Reforma ( 1858-1861) entre conservadores y liberales del siglo XIX, y la Guerra Cristera en los años veinte del pasado siglo, concluida durante el gobierno del presidente Emilio Portes Gil, mediante el convenio de cohabitación entre el poder político y el poder religioso.

Como diría el popular cantautor Juan Gabriel: ¿Pero qué necesidad?

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Ya no es suficiente la “representación” de los partidos políticos en los congresos, las debilidades del sistema democrático moderno han propiciado la necesidad de estar más cerca de las autoridades, tanto para vigilarlas, como para exigirles cuentas y colaborar en la toma de decisiones.

Los órganos autónomos que velan por el derecho de acceso a la información, la protección de datos personales y la transparencia que debe regir en una democracia, están impulsando una agenda que contempla el diseño de políticas encaminadas a favorecer la nueva gobernanza, dentro de las que se encuentra el denominado Estado Abierto.

Para referir a ese modelo, es pertinente comentar que, allá por el año 2011, el entonces presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Barack Obama, convocó a la integración de un grupo de especialistas para que dieran vida al proyecto de Gobierno Abierto (GA). En torno a esa pretensión, se creó una alianza conformada por diversas naciones, dentro de las que se encontraba la nuestra, encabezada por el otrora Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (IFAI). El GA significaba un compromiso atractivo para endogenizar en los aparatos administrativos los principios de transparencia, rendición de cuentas, participación y colaboración ciudadana.

gobierno abierto. — Ilustración: Florencia Capella.

Tiempo después, mentes comprometidas con el fortalecimiento democrático trabajaron para expandir los principios del GA hacia otros sectores del Estado, como es el caso de los parlamentos y los órganos judiciales, por lo que se empezó a referir al Parlamento Abierto (PA) y la Justicia Abierta (JA). Asimismo, el discurso aperturista alcanzó a los órganos constitucionales autónomos y a otras esferas de carácter público.

En ese sentido, la evolución del GA derivó en la configuración de un esquema más amplio e integrador al que se conoce como Estado Abierto (EA), el cual puede definirse como la “Voluntad formalmente expresada por parte de gobiernos, parlamentos, cortes de justicia, organismos de control público u otras instituciones estatales o paraestatales de promover la apertura de sus repositorios de datos, el acceso ciudadano a la información, la participación social en las distintas fases del ciclo de las políticas públicas, la rendición de cuentas y, en general, el control de la gestión pública por parte de la ciudadanía” (Oszlak, 2013).

A partir de lo anterior, es obligatorio precisar algunos aspectos con la intención de facilitar una respuesta a la interrogante que intitula este texto. En primer lugar ¿qué es el Estado?, me parece que para el asunto que nos ocupa, hay que ir más allá de una perspectiva estrictamente centrada en el conjunto de instituciones administrativas, legislativas, judiciales y demás entes creados bajo el mandato de ley para ejecutar alguna función, atribución o encomienda a nombre y a favor de la sociedad. Debemos referir a él como una totalidad; es decir, como una construcción artificial cohesionadora, en la que decidimos someternos a un sistema jurídico que regula las relaciones sociales, y dentro de las que se encuentran aquellas que definen la manera de elegir a quienes ocuparán cargos de elección popular.

Entonces, referir al Estado con esa amplitud permite iluminar que, a lado de las autoridades, también estamos nosotros, quienes, sin tener algún cargo público, tenemos la enorme responsabilidad de colaborar en la preservación y desarrollo de la construcción que creamos libre y voluntariamente.

Ahora bien, si al concepto Estado, le adjuntamos lo Abierto como acción y no sólo como adjetivo, hay que delinear los principios que sostienen el nuevo paradigma, con la finalidad de profundizar en su contenido y objetivos.

Por lo que respecta a la transparencia, se trata del ambiente en el que se debe desarrollar el sistema político que impera en el Estado –la democracia, en el caso de México–, así contamos con leyes que obligan a las autoridades a que publiquen toda la información que corresponde al ejercicio de sus funciones y al ejercicio del gasto. Además, se adhiere a la transparencia, la relevancia de vigilar a las instituciones a través de la información que generan, y la cual es posible solicitar a través del ejercicio del derecho humano de acceso a la información pública.

Respecto a la rendición de cuentas, en términos generales, es la misma que aplicamos en algunas actividades del ámbito privado; por ejemplo, cuando preguntamos a algún miembro de la familia en qué se gastó los recursos destinados a un fin particular o por qué no fue posible alcanzar alguna meta escolar. Implica la oportunidad de que, con la información que surgió de la transparencia adoptemos la responsabilidad de cuestionar a las autoridades cualquier acto que hayan ejecutado, y de ser necesario, acusarlos ante las instancias correspondientes para que valoren la imposición de sanciones.

regar estado — Ilustración: Patricio Betteo.

En cuanto a la participación y colaboración, estamos frente a dos instrumentos que favorecen la cercanía con aquellos que están en el servicio público, pues éstos deben facilitar la entrada a la toma de decisiones, por ejemplo, si algún congreso local discute una ley que afectará a las pueblos y comunidades originarias o a personas adultas mayores, deben implementar los medios suficientes para que los integrantes de tales grupos expresen su sentir. Si los congresos se comprometen con esas acciones, estarán observando el principio de participación; pero si, además, se comprometen a incluir en la ley las aportaciones de las personas afectadas estarán observando el principio de colaboración.

Para que funcione el EA, deben prevalecer dos cuestiones primordiales, por un lado, las autoridades deben cumplir con los principios en comento de manera comprometida y real, pues las críticas a diversas acciones han ido encaminadas a la simulación, tal y como ha ocurrido en los supuestos esquemas de participación y colaboración para elegir a miembros de órganos constitucionales autónomos. Pero también, los demás, debemos activar nuestra capacidad de incidencia, revisar las páginas de Internet, solicitar información, preguntar, cuestionar, exigir inclusión y acceso a las discusiones. El trabajo en conjunto será la única manera de movilizar el engranaje estatal que requiere cambios ad hoc a los problemas contemporáneos.

En suma, el EA es una política encaminada a relacionar de manera diferente a los integrantes del Estado, donde se atenúa la jerarquización y desaparece el autoritarismo de antaño, siendo así que representantes y representados, servidores públicos y personas, nos hallamos en un mismo piso, por lo que, en él, se hacen efectivos los principios que rigen esa innovación, de tal manera que posibilitan un trabajo incluyente y de colaboración para decidir lo mejor para el bien común.

Referencias:
Oszlak, Oscar (2017). La noción de Estado Abierto en el contexto de América Latina y el Caribe. CEPAL.