Ya no es suficiente la “representación” de los partidos políticos en los congresos, las debilidades del sistema democrático moderno han propiciado la necesidad de estar más cerca de las autoridades, tanto para vigilarlas, como para exigirles cuentas y colaborar en la toma de decisiones.
Los órganos autónomos que velan por el derecho de acceso a la información, la protección de datos personales y la transparencia que debe regir en una democracia, están impulsando una agenda que contempla el diseño de políticas encaminadas a favorecer la nueva gobernanza, dentro de las que se encuentra el denominado Estado Abierto.
Para referir a ese modelo, es pertinente comentar que, allá por el año 2011, el entonces presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Barack Obama, convocó a la integración de un grupo de especialistas para que dieran vida al proyecto de Gobierno Abierto (GA). En torno a esa pretensión, se creó una alianza conformada por diversas naciones, dentro de las que se encontraba la nuestra, encabezada por el otrora Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (IFAI). El GA significaba un compromiso atractivo para endogenizar en los aparatos administrativos los principios de transparencia, rendición de cuentas, participación y colaboración ciudadana.
Tiempo después, mentes comprometidas con el fortalecimiento democrático trabajaron para expandir los principios del GA hacia otros sectores del Estado, como es el caso de los parlamentos y los órganos judiciales, por lo que se empezó a referir al Parlamento Abierto (PA) y la Justicia Abierta (JA). Asimismo, el discurso aperturista alcanzó a los órganos constitucionales autónomos y a otras esferas de carácter público.
En ese sentido, la evolución del GA derivó en la configuración de un esquema más amplio e integrador al que se conoce como Estado Abierto (EA), el cual puede definirse como la “Voluntad formalmente expresada por parte de gobiernos, parlamentos, cortes de justicia, organismos de control público u otras instituciones estatales o paraestatales de promover la apertura de sus repositorios de datos, el acceso ciudadano a la información, la participación social en las distintas fases del ciclo de las políticas públicas, la rendición de cuentas y, en general, el control de la gestión pública por parte de la ciudadanía” (Oszlak, 2013).
A partir de lo anterior, es obligatorio precisar algunos aspectos con la intención de facilitar una respuesta a la interrogante que intitula este texto. En primer lugar ¿qué es el Estado?, me parece que para el asunto que nos ocupa, hay que ir más allá de una perspectiva estrictamente centrada en el conjunto de instituciones administrativas, legislativas, judiciales y demás entes creados bajo el mandato de ley para ejecutar alguna función, atribución o encomienda a nombre y a favor de la sociedad. Debemos referir a él como una totalidad; es decir, como una construcción artificial cohesionadora, en la que decidimos someternos a un sistema jurídico que regula las relaciones sociales, y dentro de las que se encuentran aquellas que definen la manera de elegir a quienes ocuparán cargos de elección popular.
Entonces, referir al Estado con esa amplitud permite iluminar que, a lado de las autoridades, también estamos nosotros, quienes, sin tener algún cargo público, tenemos la enorme responsabilidad de colaborar en la preservación y desarrollo de la construcción que creamos libre y voluntariamente.
Ahora bien, si al concepto Estado, le adjuntamos lo Abierto como acción y no sólo como adjetivo, hay que delinear los principios que sostienen el nuevo paradigma, con la finalidad de profundizar en su contenido y objetivos.
Por lo que respecta a la transparencia, se trata del ambiente en el que se debe desarrollar el sistema político que impera en el Estado –la democracia, en el caso de México–, así contamos con leyes que obligan a las autoridades a que publiquen toda la información que corresponde al ejercicio de sus funciones y al ejercicio del gasto. Además, se adhiere a la transparencia, la relevancia de vigilar a las instituciones a través de la información que generan, y la cual es posible solicitar a través del ejercicio del derecho humano de acceso a la información pública.
Respecto a la rendición de cuentas, en términos generales, es la misma que aplicamos en algunas actividades del ámbito privado; por ejemplo, cuando preguntamos a algún miembro de la familia en qué se gastó los recursos destinados a un fin particular o por qué no fue posible alcanzar alguna meta escolar. Implica la oportunidad de que, con la información que surgió de la transparencia adoptemos la responsabilidad de cuestionar a las autoridades cualquier acto que hayan ejecutado, y de ser necesario, acusarlos ante las instancias correspondientes para que valoren la imposición de sanciones.
En cuanto a la participación y colaboración, estamos frente a dos instrumentos que favorecen la cercanía con aquellos que están en el servicio público, pues éstos deben facilitar la entrada a la toma de decisiones, por ejemplo, si algún congreso local discute una ley que afectará a las pueblos y comunidades originarias o a personas adultas mayores, deben implementar los medios suficientes para que los integrantes de tales grupos expresen su sentir. Si los congresos se comprometen con esas acciones, estarán observando el principio de participación; pero si, además, se comprometen a incluir en la ley las aportaciones de las personas afectadas estarán observando el principio de colaboración.
Para que funcione el EA, deben prevalecer dos cuestiones primordiales, por un lado, las autoridades deben cumplir con los principios en comento de manera comprometida y real, pues las críticas a diversas acciones han ido encaminadas a la simulación, tal y como ha ocurrido en los supuestos esquemas de participación y colaboración para elegir a miembros de órganos constitucionales autónomos. Pero también, los demás, debemos activar nuestra capacidad de incidencia, revisar las páginas de Internet, solicitar información, preguntar, cuestionar, exigir inclusión y acceso a las discusiones. El trabajo en conjunto será la única manera de movilizar el engranaje estatal que requiere cambios ad hoc a los problemas contemporáneos.
En suma, el EA es una política encaminada a relacionar de manera diferente a los integrantes del Estado, donde se atenúa la jerarquización y desaparece el autoritarismo de antaño, siendo así que representantes y representados, servidores públicos y personas, nos hallamos en un mismo piso, por lo que, en él, se hacen efectivos los principios que rigen esa innovación, de tal manera que posibilitan un trabajo incluyente y de colaboración para decidir lo mejor para el bien común.
Referencias:
Oszlak, Oscar (2017). La noción de Estado Abierto en el contexto de América Latina y el Caribe. CEPAL.
