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Cuestiona ONG a AMLO: su gobierno paga 5 mmdp a outsourceras

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La organización no gubernamental Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad aseguró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha asignado contratos por 5 mil millones de pesos a una docena de compañías que operan con el esquema de subcontratación o outsourcing.

Durante sus conferencias del martes y miércoles en Palacio Nacional, el presidente informó que enviará una iniciativa de ley al Congreso para desaparecer esta figura, a la que calificó de dañar a la Hacienda Pública, ser corruptas, “coyotes” y traficantes de influencias.

En una investigación realizada por esta ONG, y que firma Raúl Olmos, refiere que “el Banco del Bienestar, uno de los proyectos emblema del Gobierno de López Obrador, es la dependencia federal que más dinero ha gastado en contratar empresas de outsourcing”.

“En 2019 el Banco del Bienestar pagó 408 millones de pesos a cuatro empresas de este tipo y en lo que va de 2020 el monto se elevó a 463 millones”.

Olmos precisa que en los contratos revisados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), “el Gobierno federal defendió el esquema de outsourcing, en contradicción con la postura pública que ayer asumió el Presidente en su conferencia de prensa mañanera”.

En la investigación se cita un texto del anexo del contrato asignado por el Banco de Bienestar a la empresa KOM Business SA de CV, el cual señala: “Se considera plenamente justificada la necesidad de llevar a cabo la contratación de los servicios técnicos y administrativos por outsourcing, ya que al no contar con dichos servicios, el impacto negativo en lo social, económico y financiero sería muy alto, aunado a que podría traer como consecuencia la falta de credibilidad en el actual gobierno, ya que uno de sus principales ejes rectores es la entrega de recursos de programas sociales”.

En contraste –agrega el trabajo de Olmos–, López Obrador se pronunció ayer por analizar la posible desaparición del esquema de outsourcing o subcontratación porque elude el pago de prestaciones a los trabajadores.

Al respecto, MCCI localizó más de 50 contratos que entre 2019 y 2020 ha asignado el Gobierno federal a empresas de outsourcing, por un monto cercano a los 5 mil millones de pesos.

“Los contratos se han dado en prácticamente todas las áreas del Gobierno federal: en las secretarías de Bienestar, Economía, Relaciones Exteriores, la Marina, la Sedena, Cultura y Educación, así como en Bancomext, Nacional Financiera, Banobras, el INEA y en centros de investigación”.

“En 2019 los contratos superaron los 3 mil millones de pesos, aunque la mayoría tenían cobertura por más de un año. Hasta inicios de octubre de 2020 se habían sumado casi 2 mil millones de pesos más en asignaciones a empresas de outsourcing”, refiere el texto de MCCI.

Y se puntualiza en que después del Banco de Bienestar, la segunda dependencia federal que más recurre al outsourcing es la Secretaría de Hacienda, la cual tan sólo en un contrato con vigencia de agosto de 2019 a diciembre de 2020 pagará 670 millones de pesos para la subcontratación de casi mil empleados en todo el país que atienden el financiamiento agrícola.

“El pasado 2 de septiembre de 2020, la Secretaría de Educación Pública asignó un contrato por 268 millones de pesos al Corporativo Ejecutivo MZT para que realice la administración del personal y el pago de nómina al personal que ofrece sus servicios en la llamada ‘Prepa en línea’”.

“En 2019, ese contrato había sido asignado a la empresa Visión y Estrategia de Negocios, por un monto de 159 millones de pesos”. “Además, una parte del personal administrativo que maneja el programa de becas de la SEP está a cargo desde el año pasado a un consorcio formado por cuatro empresas de outsourcing”, precisa el trabajo de MCCI.

Un reconocimiento a los sembradores de esperanza

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El monarca español Felipe VI hizo formal entrega este 12 de febrero en las instalaciones de la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid, del VIII Premio de Derechos Humanos Rey de España a la organización no gubernamental, Asociación Colaboración y Esfuerzo (ACOES), misma que desde 1993 –a través de la visión integral del sacerdote de Granada en España– Patricio Larrosa libra una batalla frontal por “crear solidaridad con la educación y educar en la solidaridad”. Esta ceremonia organizada cada dos años para reconocer el trabajo de entidades públicas o privadas iberoamericanas, busca visibilizar la defensa democrática y el trabajo a favor de los derechos humanos.

Antes que nada, es digno de reconocer el trabajo casi imperceptible de personas como el religioso Larrosa, que se pueden ubicar en distintas regiones del planeta, pero lo más admirable es que su trabajo desinteresado por “sembrar semillas” ha estado circunscrito a una lógica de generar esperanza sin buscar protagonismo en ninguna índole, pues según remarca: en Honduras hay otra verdad oculta en los barrios, donde hay gente que aspira a un mundo más justo y humano. Esto es validado, sin lugar a dudas, a través de la cobertura de la ONG a más de 70,000 hondureños que han “surgido de las entrañas” de la exclusión y del desarraigo.

felipe VI
Fotografía: Compromiso Empresarial.

Evidentemente que esta situación vivida desde edades tempranas puede repercutir negativamente en los sistemas comunitarios y estatales en la gestión del desarrollo humano, puesto que, a falta de verdaderas políticas de solidaridad que coadyuven e integren comunidades en la construcción de horizontes de “luz” que posibiliten romper los muros de desigualdad –muchas veces impenetrables–, recrean y reproducen los círculos de desesperanza que resultan en la violencia callejera y criminal que se observa en las calles de la región y aún más allá.

Así entonces, esta forma de concebir el desarrollo humano por parte del religioso español se convierte en una especie de lo que yo llamaría pedagogía de vida, que pueden servir como referentes prácticos para confrontar la abrumadora desolación a la que muchas veces se ven sometidas nuestras sociedades, producto de la re-singularización de las actividades laborales –ante la ingente y constantemente mutable digitalización de la vida humana–, la neutralización de actividades humanistas y empáticas –producto de la incubación en escenarios globales y locales de sentimientos xenófobos y el alejamiento del otro–, y muchas otras acciones que se ejecutan para distanciarnos entre nosotros.

Es decir, esto a la postre se traduce en la imposibilidad de buscar alternativas mancomunadas a desafíos tan actuales como la lucha contra enfermedades como el coronavirus, el cambio climático y la criminalidad transnacional, que redundan en la afectación a las posibilidades de una convivencia sana, respetuosa de la dignidad humana y que, sobre todo, recreen los códigos de protección de todas aquellas personas “vulnerables”, como ejemplo repudiable el caso del feminicidio de Fátima, la niña mexicana que ha desatado y despertado la indignación humana –aún de aquellos ciudadanos habituados a estas vorágines–, y por lo cual, todos –por omisión u acción– somos responsables por la falta de vigilancia y de protección de estos seres, pero además, porque se requiere de una exigencia proactiva de actividades públicas nacionales de generar importancia como lo es la seguridad ciudadana.

atentado a los derechos humanos
Ilustración: Fundación Gabo.

En definitiva, esta noticia del reconocimiento al eclesiástico que vino a Honduras desde el otro lado del Atlántico, es una especie de bálsamo en medio de tormentosas situaciones que han acaecido en el planeta a principios de este 2020. Es un llamado a construir, en medio de la incertidumbre, la lucha por unirnos, acercarnos y comprendernos con el prójimo que sufre los embates de la crudeza del sistema traducidos en el rechazo e incomprensión social.


P.D. El Premio de Derechos Humanos Rey de España –creado en 2002 y cuya primera convocatoria fue en el año 2004– fue instituido por la Universidad de Alcalá-Defensor del Pueblo, con el respaldo de la corona española.

Es de hacer notar que en la V Edición convocada en 2012, el reconocimiento y la presea de ejemplaridad lo obtuvo el organismo mexicano Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), formada hasta entonces por grupos y organizaciones de una veintena de estados de la República Mexicana. Dichos actos de premiación tuvieron lugar el 10 de septiembre de 2013.


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