Mientras el gobierno federal publicita con bombo y platillo su programa social: Sembrando Vida, como una iniciativa de reforestación que brinda empleo a los campesinos, en varias entidades del país ocurre lo contrario, pues proliferan bosques y selvas devastados.
Un grupo de biólogos de la UNAM, quienes realizan diversos trabajos de investigación en los estados de Campeche, Yucatán, Veracruz, Tabasco, Chiapas, y Quintana Roo, denunciaron ante esta columna que los ejidatarios, con tal de recibir mensualmente los 5 mil pesos que les otorga la Secretaría de Bienestar, se han dedicado a talar y arrasar con todo tipo de vegetación para justificar ante las autoridades su ingreso al padrón de beneficiarios de dicho programa.
Los ejidatarios han violentado el cambio de uso de suelo sin que las autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) hagan algo para tratar de evitar esa autodestrucción insulsa de los ecosistemas.
Algunos campesinos hasta han empleado maquinaria pesada para limpiar extensas superficies mayores a 200 hectáreas, para que cada propietario de la tierra justifique sus 2.5 hectáreas que les pide la Secretaría del Bienestar, como requisito para ingresar al programa donde deberán sembrar árboles frutales y maderables —caoba y cedro, caobilla, pino, principalmente—. También se les piden fomentar los cultivos en ciclo corto.
No importa la destrucción del hábitat de decenas de especies de mamíferos, aves y reptiles, cómo ha ocurrido en las zonas de Bacalar, en Quintana Roo, así como en Calakmul, Campeche, que son los territorios más críticos de este arrasamiento que está matando grandes extensiones selváticas.
Otro grave daño ocasionado a los ecosistemas, ocurre porque a los ejidatarios se les impone el cultivo de especies de árboles maderables, cítricos y aguacates, entre otras, que son ajenas a la región. Esto agota la tierra rápidamente, pues se requiere de gran tecnificación para conservarla.
Y mucha de las semillas y plántulas provienen de la empresa de Alfonso Romo, ex jefe de la Oficina de la Presidencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El propio presidente ha presumido que están combatiendo los cultivos de amapola y marihuana en Durango, Sinaloa y Chihuahua, con la siembra de productos agroforestales. Sin embargo, el cultivo de enervantes continúa en el llamado Triángulo Dorado, en donde hasta la población oriunda le teme enfrentarse al crimen organizado.
Tal vez las autoridades, incluyendo al presidente, no conocen cómo se produce en la tierra y para ellos es muy fácil hablar de reforestaciones y empleos sólo por las estadísticas de los ejidatarios que se suman a un programa con dudoso éxito.
Sin duda habrá tierras que demoren la producción por ser más secas, y otras su vida productiva termine en 5 o 6 años. Obviamente de esto no se habla en los discursos oficiales, y esto lo saben los campesinos, pero la necesidad les obliga a meterse a este tipo de programas, que tienen más tintes políticos-populistas, que intenciones de hacer más productiva la madre tierra.
Hace unos días, las autoridades de Bienestar anunciaron que este año ejercerán un presupuesto de 28 mil 929 mdp (el año pasado fue de 27, 694 mdp), lo que les permitirá llegar a 430 mil sembradores, y alcanzar un millón 75 mil hectáreas en dicho programa, con la siembra de mil 21 millones de plantas.
Sin duda, el millonario Romo, ex colaborador del presidente, se hará más poderoso económicamente, así como otros empresarios consentidos de este gobierno, pero los resultados en el campo no serán tan efectivos como Bienestar los presume.
Ya veremos a mediano plazo de qué tamaño fueron las falsedades de este programa y las consecuencias de no detener los ecocidios de algunos ejidatarios con tal de recibir los exiguos recursos de “Sembrando vida”, no será más bien ¿Sembrando muerte? Usted qué opina.
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