Desde finales del año pasado diversas organizaciones de la sociedad civil, incluido el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), han venido impulsando una agenda de justicia, reparación y memoria. Abanderando como exigencia principal que el Estado mexicano asuma su responsabilidad frente a las consecuencias de su fallida estrategia de seguridad.
El 29 de junio, el Senado de la República, en voz del entonces Presidente de la Mesa Directiva, el Senador José González Morfín, y en estricto cumplimiento del apartado B del artículo 72, solicitó al secretario de Gobernación que ordenara la inmediata publicación de esta Ley, enviada al Ejecutivo para sus efectos constitucionales desde el 10 de mayo.
Sin embargo, y para estupor de todos, tanto de la sociedad civil como de los legisladores, el 1º de julio pasado el Ejecutivo decidió hacer valer un veto de facto mediante el envío de “observaciones” sobre el texto aprobado. En ese momento el plazo que tenía el Presidente para enviar observaciones había concluido, la Ley se encontraba promulgada en automático desde el 19 de junio.
La obcecación del ejecutivo, antes de amainar, arreció. El 19 de julio el Consejero Jurídico de la Presidencia presentó una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra del Senado y la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, patentizando el profundo desdén que la Constitución les merece y develando el talante autoritario que los ha venido caracterizando por los últimos seis años.
Esta controversia Constitucional, a todas miras improcedente, tiene como objetivo detener la entrada en vigor de la Ley de Víctimas. Y en efecto lo ha logrado.
Ahora, en el colmo del cinismo, Calderón presenta una nueva iniciativa. Desestimando que la SCJN se encuentra atendiendo una controversia que él mismo promovió, actúa como si el proceso legislativo no existiera y el Ejecutivo pudiera decretar a su antojo, utilizando además al Poder Judicial en una estrategia de dilación y maniobra política.
La actual actitud del Ejecutivo constituye un atentado a la división de poderes; un ataque frontal a la autonomía del Poder Legislativo, vulnerando el orden Constitucional y violentando el principio de representatividad política. Esta postura golpista de Calderón, propia de aquel rancio presidencialismo autoritario, significa un garrotazo a las instituciones que nos hemos dado; un claro retroceso que además amenaza con marcar un ominoso precedente.
Igual de preocupante resulta que los legisladores del PRI estén considerando la opción de discutir una nueva Ley. Como si esto fuera una solución viable. No entienden que, al ceder a los caprichos de un Ejecutivo abusivo y autoritario, no sólo se estarían sometiendo a sí mismos, sino que, y mucho más importante, estarían abdicando a su mandato constitucional y traicionando la ley.
¿O es esto acaso un anuncio de lo que se viene? ¿Qué nos quiere decir la fracción del PRI con esta obsecuente, por no decir servil, actitud legislativa? ¿Qué las inercias restauradoras en efecto han llegado? ¿Qué el legislativo vuelve a ser un mero apéndice del todo poderoso presidencialismo? Porque al menos eso parece. Mientras muchos se dedican a vilipendiar a Andrés Manuel López Obrador, sin escatimar adjetivos hacia su persona, tachándolo de antidemocrático y loco, por el simple hecho de denunciar, en estricto apego al Estado de Derecho, el cochinero electoral de la pasada elección presidencial, pocos, muy pocos, son los que denuncian las prácticas inconstitucionales y claramente autoritarias de Calderón.
De esa magnitud es la evidente degradación conceptual por la que atraviesa nuestro debate público. Un Presidente que viola Ley es amparado por el silencio cómplice de los medios, por legisladores pusilánimes y por la sociedad en general. Un ex candidato, que agota las instancias legales, es acusado de “dictador en ciernes”. Pues muy bien, y es que así nos van las cosas entre tanta indigencia moral.
