Con Alfredo Castillo como titular, el presidente, Enrique Peña, envió una Comisión a Michoacán con un presupuesto multimillonario y un gabinete entre secretarías y choferes para atender el largo etcétera de directores que la integran.
Ciudad de México.- Desde que el pasado 15 de enero Alfredo Castillo Cervantes fue comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, hasta este miércoles 30 de abril fue posible saber cuál es el costo de dicha Comisión y los funcionarios que acompañan a Castillo en sus tareas millonarias, por restablecer operativamente la seguridad en el estado.
El día en que Castillo Cervantes fue asignado por el secretario Osorio Chong, se supo que entre las facultades que tendría estarían las de establecer mecanismos de coordinación con la Procuraduría General de la República y con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán; determinar las acciones que las dependencias y entidades federales desplegadas en el estado de Michoacán deban ejecutar; disponer, ordenar y coordinar las acciones de apoyo y auxilio de la fuerza pública; solicitar el auxilio de las Fuerzas Armadas; así como recibir en acuerdo a los delegados, comisionados y demás servidores públicos de las dependencias, entidades e instituciones del Poder Ejecutivo Federal que ejerzan funciones en el estado de Michoacán.
Para poder lograrlo Castillo se hizo acompañar de un total de 131 funcionarios entre coordinadores, directores generales, titulares de unidades; choferes (17), secretarías (17) y mensajeros (17).
Entre las oficinas que uno se puede encontrar en la Comisión figuran entre las Coordinaciones la de Fuerzas de Seguridad Pública, la de Atención a Programas Estratégicos para la Restauración Social, Vinculación con la Federación y los Poderes Legislativo y Judicial.
Dentro de las diez unidades que integran a la Comisión está una de Orientación y Asistencia Jurídica a la Población así como una de Formulación de Acuerdos Políticos para Fomento al Desarrollo.
En las 20 Direcciones Generales se puede encontrar una para el Seguimiento a la Aplicación de los Recursos a los Programas Estratégicos o una que cuida el Blindaje de Operaciones de la Comisión.
Costosa Comisión
En enero cuando el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong anunció a Castillo como comisionado, aseguró que el Gobierno de la República no escatimará ningún esfuerzo, ninguna tarea, ningún recurso para devolverle el desarrollo y la tranquilidad que merecen los michoacanos, y no bromeó al decirlo ni al refrendar al nuevo comisionado “todo el apoyo y el respaldo para el desarrollo de sus actividades”.
Para cumplir con su palabra, la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán cuenta con un presupuesto de 120 millones 197 mil 433 pesos, de los cuales, según documentos entregados vía transparencia por la Segob, se han ejercido diez millones 42 mil 895 pesos, esto tan solo en sueldos base al personal que acompaña al comisionado (al que se suma el impuesto sobre nómina).
Con ese presupuesto, Castillo ha realizado distintas acciones, la última de ellas, en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Marina, la Secretaría de Economía y el CISEN, con quienes se llevó a cabo un operativo en la Aduana de Manzanillo, Colima, entidad colindante con el estado de Michoacán para revisar el buque de nombre “Jian Hua”, el cual transportaba más de 68 mil 750 toneladas de mineral de hierro con un valor de decenas de millones de pesos y que no contaba con un Permiso Previo de Exportación.
También ha logrado el avance del protocolo de desarme de las autodefensas de Michoacán, en donde aprovechó para disparar un AK-47.
“Estamos (registrando) hasta lo que sería un AK-47 y un R-15″, dijo el comisionado sobre las armas que se pueden registrar y que hasta el 28 de abril sumaban 490 armas registradas en las localidades de Coalcomán, Parácuaro y Nuevo San Juan Parangaricutiro.
Estas medidas poco han tenido que ver con un cambio sustancial en el estado, diputados federales de izquierda han criticado que la intervención extremadamente política del gobierno federal en Michoacán es una coyuntura por la situación de violencia excepcional que se vive y no es un programa integral que subsane social, económica ni jurídicamente la situación, es decir, el “fenómeno complejo y estado de descomposición” que vive la entidad.
Por parte del PRI, aseguran que las medidas son acertadas pero solo logran identificar su beneficio en la recuperación de municipios, sin especificar bajo que condiciones se apropiarán de nueva cuenta de ellos.
La Secretaría de Salud (Ssa) ISSSTE e IMSS reconocieron que en Michoacán se vive un estado sumamente grave de violencia pero esto no interfiere con los servicios de prestación de atención a la salud.
Incluso los consejeros electorales Lorenzo Córdova y Marco Antonio Baños ya han señalado anteriormente que el problema de la violencia en la entidad, requiere de una mayor apuesta al “sistema democrático” para mantener la estabilidad social y también productiva, porque incluso el coordinador del Congreso Agrario Permanente Max Correa reconoció que las actividades productivas se han visto alteradas por la inseguridad, como ocurrió con la producción y venta del limón, un insumo que incluso ha provocado una crisis en Estados Unidos.
Por Octavio N. Cervantes.
