Esperamos que se active esa voluntad política una vez más para encontrar soluciones a la crisis actual y que se concluya la reunión en Los Cabos con el anuncio de que han evitado la desintegración de la Eurozona. Pero, aún así los líderes no podrán eludir sus compromisos con quienes, sin culpa alguna, sufren los daños colaterales de esta crisis: las personas que corren el mayor riesgo de perder sus medios de vida y verse sumidas en la pobreza.
Ante los recortes de la ayuda para el desarrollo y la volatilidad en los precios de los alimentos, las personas de los países pobres deben defenderse a sí mismas de la crisis. La desigualdad de ingresos a nivel mundial aumenta peligrosamente no sólo en los países del G20, sino en todo el mundo. Hoy en día, una de cada siete personas se va a la cama con hambre; 18 millones de personas en la región de Sahel, en el África Central y Occidental, se ven amenazadas por una grave crisis alimentaria. No nos vayamos tan lejos: en México hay 24.8 millones de personas que padecen la inseguridad alimentaria.
Aunado a la crisis que causa la caída de ingresos provenientes de las exportaciones, la ayuda externa ha disminuido considerablemente, obligando a muchos de estos países a reducir sus ya de por sí limitados gastos. En el 2011, el flujo de capitales hacia los países en desarrollo disminuyó hasta los 170,000 millones de dólares, en comparación con los 309,000 millones de dólares de 2010.
En 2009, ante la crisis financiera que los propios líderes mundiales definieron como “el mayor reto al que se ha enfrentado la economía mundial en nuestra generación”, el G20 lanzó una estrategia para conseguir un “crecimiento fuerte, sostenible y equilibrado”. Para lograrlo, se comprometieron a implementar medidas drásticas contra los paraísos fiscales, cumplirían con sus compromisos de ayuda, y se asegurarían de que las personas más pobres del mundo tuvieran alimentos, pero al día de hoy, poco se ha llevado a cabo.
Mucho está en juego: si se ignoran las cuestiones clave relacionadas con el desarrollo, el crecimiento económico no será suficiente para evitar que la pobreza aumente en los países del G20 y en muchos otros. Los líderes mundiales deben emprender acciones decisivas para hacer frente a la pobreza, el hambre y la desigualdad.
Sin duda, es necesario incrementar los escasos recursos destinados al desarrollo mediante una mejor regulación de los paraísos fiscales y obligando a las empresas multinacionales a que informen sobre los impuestos que pagan en los países donde operan. Además, una pequeña tasa aplicada a las transacciones financieras y al precio del carbono del transporte marítimo y aéreo internacional, proporcionaría una cantidad significativa de recursos que permitiría ayudar a aquellas personas más afectadas por la crisis a nivel global.
Es necesario poner freno a la excesiva especulación con productos alimentarios, promover un sistema de reservas de alimentos para emergencias, acabar con los subsidios y mandatos que fomentan la producción de biocombustibles, y aumentar la inversión en pequeños y medianos productores y productoras agrícolas, con el fin de garantizar un suministro de alimentos más estable para quienes más lo necesitan.
Asimismo, resulta vital invertir en redes de seguridad social, como son los servicios educativos y de salud públicos y gratuitos, que contribuyen a la disminución de la desigualdad.
Que el G20 se realice en México es una oportunidad para hacer presente al mundo en nuestro país y para afirmar nuestra responsabilidad en la comunidad internacional. México, catalogado como una economía emergente, tiene un peso económico y político internacional que debe poner al servicio de las mejores causas de la humanidad. Ser parte de ese grupo de las 20 economías más fuertes del planeta debe reforzar también nuestra propia lucha contra la pobreza y la desigualdad: la mitad de nuestra población en pobreza y la enorme brecha entre ricos y pobres hacen insostenible nuestro futuro como Nación. La dinámica internacional sin duda puede enriquecer la búsqueda de nuestras propias soluciones.
Al tener la presidencia del G20 hasta diciembre de este año, nuestro país tiene la oportunidad de promover acuerdos para la estabilidad financiera y el crecimiento económico, para la inclusión social y la sostenibilidad ambiental. Las cinco prioridades que definió para Los Cabos van en esa línea y debe ser enfático en lograr resultados. La credibilidad del G20 está en juego.
La participación ciudadana y de los sectores no estatales se ha venido incrementando en estas cumbres. Es una buena noticia escuchar voces diversas haciendo propuestas y planteamientos: sindicatos, movimientos sociales, jóvenes, mujeres, centros de investigación, empresarios, organizaciones de la sociedad civil. La gobernabilidad global ya no puede reducirse al papel de los gobiernos. México, en su papel como presidencia del G20 ha favorecido esta participación y ha incrementado los niveles de transparencia. Es fundamental que enfatice la importancia de que esta dinámica de apertura y diálogo se continúe en las siguientes reuniones del grupo.
Esta en manos de nuestros políticos sentar las bases para un mundo más justo y sostenible, en el que se pongan en el centro los intereses de las personas. La Cumbre del G20 en Los Cabos es una oportunidad que no pueden dejar escapar; aprovecharla, significaría avanzar hacia respuestas conjuntas para afrontar las crisis a las que hoy nos enfrentamos.
