El Gobierno del DF criminaliza y sentencia a la población callejera bajo una política de limpieza social. Es necesaria y urgente una campaña de sensibilización contra la discriminación.
Ciudad de México (elsemanario.com).- En un comunicado de prensa dado a conocer por el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, OP”, AC, fechado el 24 de marzo de 2015, se dio a conocer que, con fabricación de cargos, el GDF criminaliza y sentencia a la población callejera bajo una política de limpieza social. Además, remarca que pese a pruebas favorables, el pasado 20 de marzo y después de 11 meses de privación de su libertad en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, el juzgado cuarto de lo penal, dictó sentencia condenatoria a seis jóvenes acusados injustamente, por medio de fabricación del delito de robo agravado, quienes fueron detenidos el 22 de abril de 2014 durante el desalojo de la calle Artículo 123.
El mismo comunicado asegura que, en este tiempo, se pudieron documentar diversas violaciones al debido proceso y a condiciones indignas de reclusión, entre las que destacan:
– El derecho a la presunción de inocencia y a la no discriminación.
– El acceso a la justicia, al de la información, a recibir visitas, y a la comunicación.
Los citados son derechos violentados de manera constante en los casos de personas privadas de libertad, pero por la condición de estos grupos de población callejera, se acentúan. Con ello, las repercusiones hacia ellas y sus familiares son mayores, menciona el mismo documento.
Bajo estas premisas, elsemanario.com entrevistó a la coordinadora del área jurídica del Centro de Derechos Humanos que emitió el comunicado, Johana Belén Sánchez Rojas, quien expresó que es necesaria y urgente una campaña de sensibilización contra la discriminación a la población callejera, no sólo por parte de los servidores públicos sino para la sociedad.
Argumenta que este desalojo se dio por una queja ciudadana y porque los vecinos del lugar mencionaron que los acusados daban un mal aspecto a los alrededores además de producir malos olores.
Cambio de conducta.
Evidentemente, dentro de estos actos de limpieza social se relacionan también el racismo, la discriminación, la misoginia y el clasismo. Es un tema que permea a la sociedad nacional y local desde hace mucho.
Es importante mencionar que quienes padecen todas esas carencias, no son culpables directamente de esa situación. En palabras de la coordinadora del Fray Francisco de Vitoria, es importante la información, pues “son pocas las organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema de población callejera”.
El Centro de Derechos Humanos referido aquí, trabaja en conjunto con El Caracol A.C., quienes atienden a los chicos y chicas en calle; y quienes también comentan, a decir de Sánchez Rojas, que el gobierno del DF, a través del programa de derechos humanos, cuenta con políticas que no se han implementado.
También están las campañas de sensibilización, pero la gente no tiene acceso a ellas. Si bien se habla sobre discriminación, no se hace referencia a este tipo de poblaciones. Una de las opciones es que se le dé más difusión al tema para que poco a poco la ciudadanía entienda los motivos que orillaron a la población callejera a estar ahí, y así evitar agresiones y discriminación hacia estos grupos.
Cómo combatir la discriminación desde la trinchera ciudadana.
Se debe trabajar con la ciudadanía que de pronto se queja o que presenta estas solicitudes para que los retiren, para que noten cómo son los desalojos de acuerdo a sus peticiones. “En lugar de pedir un desalojo primero poder acercarse a estas organizaciones que trabajan directamente con población callejera para ver cuáles son las alternativas” y a qué acuerdos se puede llegar para que no se lleven a cabo estos desalojos violentos, en donde se ven afectadas las personas adultas, pero también niñas y niños, personas con discapacidad, etc., menciona la activista a favor de los derechos humanos.
La gente que pide estos desalojos no tiene en cuenta cómo se desarrollan los mismos, “como llega la Secretaría de Seguridad Pública y arrasa con todo y golpea”. Vale la pena mencionar que el caso que nos trae aquí, no sólo se trata de un desalojo violento, sino de la fabricación de delitos.
Estos métodos de criminalización tienen por objetivo estigmatizar negativamente al individuo que volviéndose portador del mismo, es blanco de agresiones y de una futura discriminación sólo por su condición.
La activista, menciona que la población callejera está acostumbrada -desgraciadamente- a los desalojos. En este ir y venir, las personas desalojadas ya nada más se cambian de una calle a otra, a otra avenida o a un parque. Lo anterior, “para el gobierno del Distrito Federal, no ha sido suficiente”, ya que al notar que los desaloja y los afectados se cambian de un lado a otro les fabrica delitos y esa “es una manera de amedrentar, una manera de espantarlos” para decir “ya no queremos que estés en calle, pero ahora vas a estar en prisión”.
Con esta fabricación de hechos, los grupos en situación de calle viven con el cobijo del susto, ya que para cualquier cosa piensan que los van a detener o los van a acusar por actos no cometidos. Esto es una estrategia que le funciona bien al GDF para que la población se asuste, menciona Johana Belén.
El desalojo, lejos de arreglar la situación de raíz, lleva a estos agentes a reclusorios, agencias del ministerio público o juzgados cívicos, acusados de hechos que no cometieron.
Cuando ocurrieron los hechos denunciados, hubo cinco detenidos por delitos contra la salud; al ser éste un delito no grave, pudieron salir bajo caución “y esa caución la pagó el COPRED, y el mismo órgano dijo que “la ciudadanía se había acercado a hacer (…) unos donativos para que se cubriera esta caución” y pudieran salir los jóvenes. Como tal, no ha habido pronunciamientos de instituciones gubernamentales locales al respecto. La coordinadora jurídica del Centro de derechos humanos menciona que en la conferencia en la que se presentan estos hechos, se les exigió a la CDHDF y a COPRED un pronunciamiento de apoyo a estos jóvenes.
¿Qué sigue?
Para las personas que están en el reclusorio norte, esta semana -comenta Sánchez Rojas- el ministerio público todavía tiene la opción de apelar esa sentencia; “cuatro de ellos pueden salir”. Aún así, se tiene que pagar una caución. Los otros dos seguirían un proceso, y también se va a apelar. Menciona que están coadyuvando con la defensoría de oficio, además de estar al pendiente en lo que se requiere con los que posiblemente queden en libertad. Lo anterior con el objetivo de que la sentencia pueda ser “sustitutiva por trabajo”, ya que al tratarse de un grupo de población callejera el pagar ocho mil pesos aproximadamente por cada uno, es imposible. Es menester escucharles para ver lo que ellos quieren y necesitan, reflexiona la activista.
Recientemente, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, distinguió a la ciudad de México como capital de derechos, una urbe incluyente, plural y respetuosa por su carácter intercultural con los pueblos del país y del mundo, cuando conmemoró el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial.
Por Alberto Cedeño.
