Estas plantean las reformas en materia de la explotación del espectro para comunicaciones móviles así como de la frecuencias de televisión abierta. Esto implica un serio conflicto a los intereses de las empresas predominantes de ambos sectores.
La iniciativa de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión publicada el 11 de junio de 2013 en el Diario Oficial de la Federación contrajo modificaciones a la ley en materia de competencia en la industria de la radio y televisión, telefonía e internet.
La ley contiene apartados que establecen penas más severas y sanciones contra prácticas monopólicas, a fin de establecer un mercado sano y competitivo. Por otra parte, se afianzan los mecanismos para otorgar concesiones y permisos y se abre la posibilidad a la inversión extranjera en materia de telecomunicaciones.
La reforma basa su fortaleza en la regulación del derecho al acceso a la información y la protección de datos personales; establecer la inviolabilidad de la difusión de opiniones, información e ideas a través de cualquier medio; conferir al Ifetel la facultad de otorgar y revocar concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones y que sus decisiones solo puedan ser impugnadas mediante juicio de amparo indirecto; y dotar al Congreso facultades para dictar leyes en materia de tecnologías de la información y la comunicación, radiodifusión y telecomunicaciones, incluida la banda ancha e internet.
Resultado de esto, se derivan las leyes secundarías que plantean las reformas en materia de la explotación del espectro para comunicaciones móviles así como de la frecuencias de televisión abierta. Esto implica un serio conflicto a los intereses de las empresas predominantes de ambos sectores.
La regulación del espectro radioeléctrico, preponderancia de los operadores, aplicación del must offer y must carry, las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y las concesiones únicas son los cinco aspectos que han generado mayor polémica.
En vísperas a que se resuelvan los claroscuros de la ley a través de la aprobación de las leyes secundarias, vale la pena recuperar los principios en los que se fundamenta la reforma.
Primero: Fortalecimiento de derechos fundamentales. Se amplían las libertades de expresión y de acceso a la información, así como los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. A partir de esta Reforma, las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad.
Segundo: Actualización del marco legal del sector telecomunicaciones. Para fortalecer la certidumbre legal, se expedirá un solo ordenamiento que regule –de manera convergente– el espectro, las redes y los servicios, mediante el régimen de concesión única. Se instrumenta también la regulación asimétrica a la que se sujetarán los agentes económicos preponderantes, previa declaratoria del órgano regulador.
Tercero: Fortalecimiento del marco institucional. Se crean el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica, como órganos constitucionales autónomos. Además, para asegurar los derechos de los actores económicos, también se crean tribunales especializados en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica.
