Con un voto abierto y cuestionado, el pasado 2 de julio fue aprobado en lo general por el Senado, el dictamen de la reforma secundaria en materia de telecomunicaciones. Esto provocó que diversos colectivos defensores de la libertad de expresión se manifestaran en contra de la reforma.
Ciudad de México.- Tras muchas disputas entre los legisladores para establecer un proyecto final en torno a las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, este miércoles por la noche se aprobó en el Senado de la República, en lo general el proyecto de ley que establecerá los nuevos lineamientos en el sector.
Pero, ¿qué regula? En teoría, la legislación secundaria es el cambio a los distintos reglamentos y leyes federales, estatales y municipales que poseen la normatividad para que efectivamente exista mayor competencia en el sector, esto según la definición más propia, si se le quiere llamar así.
Sin embargo, en diversas arenas se ha discutido en gran cantidad de veces los pros y los contras del proyecto enviado al Senado por el presidente Enrique Peña Nieto y que, tras varias reuniones de comisiones unidas, se delineó un proyecto por parte de los legisladores.
Los medios de comunicación, las universidades, redes sociales y las calles, fueron cancha para que políticos, gobierno, iniciativa privada, académicos, pero sobre todo, un gran sector de la sociedad que, con conciencia de la propuesta ha manifestado su inconformidad por el proyecto que finalmente fue aprobado.
Los ciudadanos inconformes denuncian que la ley no ataca verdaderamente a los monopolios en materia de preponderancia, es una ley que censura y permitirá el bloqueo de señales, además del espionaje por parte del gobierno, limita a los medios públicos y atenta contra las estaciones comunitarias, y acota la participación de la producción independiente.
¡Un peligro! ciudadanos, colectivos y organizaciones protestan
Desde la discusión y posterior aprobación de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones en 2013, diversas asociaciones ciudadanas se han manifestado en contra de la ley y han expresado sus cuestionamientos y críticas a los legisladores por no escuchar a la ciudadanía y especialistas para realizar el dictamen de las leyes secundarias.
La aprobación del dictamen de las leyes secundarias no fue la excepción, el pasado miércoles, diversas asociaciones ciudadanas que estaban presentes en la tribuna del salón de la Comisión Permanente del Senado, protestaron contra el dictamen y expresaron su desacuerdo con el proyecto de leyes secundarias.
Miembros de movimientos como los Colectivos Switch Off MX, por el Derecho a la Comunicación (Codec), Radio Ajusco y Revista Hashtag, se pronunciaron en contra del proyecto de dictamen de leyes secundarias, gritaron consignas como “¡vendidos!” y “¡no nos van a censurar, no nos van a censurar!”, a los legisladores que han expresado su voto a favor de las leyes de este sector.
Pero, ¿por qué protestan?, ciertamente la mayoría de los ciudadanos no conocemos qué contiene la ley, nos basamos en lo que sale en los medios o, si tenemos la fortuna de encontrar la contraparte con algún colectivo u ONG que nos exponga los puntos controvertidos, de no ser así, realmente no conocemos en qué nos afecta la ley telecom.
Pues entre los puntos más discutidos y que enfrentan las opiniones, destaca el asunto de la preponderancia.
Este concepto fue incluido en la reforma constitucional de 2013 como una medida para evitar las prácticas monopólicas y fomentar la competencia. Pero, el proyecto de leyes secundarias plantea que la preponderancia se determine por sector; es decir, por radiodifusión o telecomunicaciones.
Los legisladores y principalmente los activistas demandan que la preponderancia debe ser determinada por servicios; es decir, de radio y televisión abierta, y el de telecomunicaciones, en telefonía fija y móvil, internet y televisión restringida, por cable o satelital. Con ello se regularía realmente cada servicio y fomentaría una verdadera competencia.
Citan como ejemplo que optar por la preponderancia por sector favorecería a Televisa, la principal televisora del país, porque podría ser declarada preponderante en radiodifusión, pero no en el servicio de televisión restringida, en el que podría mantener e incluso aumentar su control del mercado.
Otro punto de mucho conflicto y alarma que denuncian los activistas es la censura y bloqueo de señales. El proyecto enviado al Congreso por el presidente Peña Nieto, planteaba que las empresas proveedoras de internet tuvieran que bloquear contenidos cuando lo ordenara la “autoridad”, además daba la facultad al gobierno federal el gobierno federal de bloquear señales de comunicación en lugares o situaciones descritos como críticos para la seguridad pública o nacional.
El proyecto aprobado el miércoles pasado señala la obligación de los concesionarios de proporcionar la geolocalización en tiempo real de cualquier dispositivo de comunicación relacionado con investigaciones de delincuencia organizada y demás delitos como secuestro, extorsión y amenazas.
Además, se les obliga a conservar por 24 meses un registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier dispositivo y modalidad que incluya la información del suscriptor, origen y destino, fecha y hora de la comunicación.
Si bien estas son una forma de combate a la delincuencia, también representa ceder libertad y privacidad como usuarios, y tampoco limita al Estado a intervenir como lo planteaba la propuesta original, es decir, no se establecen límites tangibles a las autoridades que puedan violentar los derechos de los ciudadanos.
Lo anterior respecto a los servicios de telefonía y datos, pero en el tema de la televisión, los opositores también denuncian que el proyecto de dictamen en telecomunicaciones, restringe al mínimo a los medios comunitarios e indígenas, a los que se impide acceder a las frecuencias de alta potencia y cobertura, además de que se les prohíbe comercializar su espacio o recibir patrocinios.
Incluso establece limitaciones para las universidades públicas que pretendan acceder a concesiones de medios electrónicos de carácter social, o que ya cuenten con ellas, ya que ‘‘no recibirán presupuesto adicional para ese objeto’’.
El impacto, señalan, llega a la producción de contenidos, pues el dictamen plantea mecanismos inadecuados para “fomentar” la producción nacional independiente, con lo que se fomentaría la competencia en ese mercado, sin embargo, no agrega obligaciones a las televisoras preponderantes a adquirir contenidos producidos de manera autónoma.
La propuesta contenida en la ley telecom, se limita a “fomentar” la adquisición de producciones independientes, permitiendo a los concesionarios comerciales de televisión incrementar 5% su tiempo de comercialización si destinan 20% mínimo a la producción nacional independiente.
En tanto que, para televisión restringida se les permitirá comercializar hasta 6 minutos cada hora, a pesar de que ello viola las consideraciones de derechos de usuarios y de audiencia, ya que se trata de televisión de paga.
Esto realmente no fomenta la adquisición de producción nacional, ni les permite a estos realizadores y creativos competir de manera leal con las grandes televisoras.
Por todos estos motivos, artistas, activistas y ciudadanos que fueron expulsados del salón de sesiones del Senado, realizaron a las afueras del recinto legislativo, una representación en la que bloquearon las señales de celulares a través de un “Jammer”, el cual interfiere con la señal 3G, imposibilitando los mensajes de texto y las llamadas. Ahí los manifestantes expresaron las razones de su desaprobación a lo hecho por los legisladores.
El actor Daniel Giménez Cacho, parte del moviento #switch off, ha señalado que esta ley es regresiva y atenta contra los ciudadanos.
Daniel Gershenson, dijo que la protesta ciudadana se debió a que “amplios sectores de la población quieren externar su preocupación a este proyecto retrógrada que no resiste el menor análisis”. Sostuvo que la “ley secundaria sólo va a perpetuar un esquema desigual y que va a empeorar en muchos órdenes como en la criminalización de cierto uso del Internet que le resulte incómodo a la autoridad”.
Otra organización que ha tratado de informar los contenidos de la ley telecom que atentan contra los mexicanos, es la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (#ContraElSilencioMx), que ha denunciado cómo afectaría a los ciudadanos e invita a ser parte activa para exigirle a los representantes del pueblo que no aprueben una ley regresiva. La AMEDI pidió en reiteradas ocasiones a los ciudadanos y a los legisladores pensar bien la reforma, razonar y considerar que debe beneficiar a la ciudadanía y no a unos cuantos.
Los Legisladores dicen que es una ley de apertura
En la sesión del pasado miércoles, que duró más de cinco horas, y que vivió momentos álgidos, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio y Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, del Senado aprobaron en lo general el proyecto de leyes secundarias.
Los senadores que se pronunciaron a favor de la ley secundaria destacaron que en el dictamen se han realizado adecuaciones a temas como los de sanciones, retransmisión, interconexión, colaboración con la justicia. De tal forma destacaron puntos como:
- La retransmisión de contenidos de señal abierta sin restricción. Se obliga a los concesionarios de televisión radiodifundida a permitir que los concesionarios de televisión restringida retransmitan su señal de manera gratuita y no discriminatoria, a la vez que obliga a los concesionarios de televisión restringida a retransmitir los contenidos de televisión abierta que así lo soliciten sin costo adicional a sus suscriptores y usuarios.
- Infraestructura privada y pública será compartida. La propuesta de legislación secundaria obligará a los operadores preponderantes a compartir sus recursos de infraestructura de forma no discriminatoria y a precios competitivos. Con esto se pretenden reducir los precios de los principales servicios de telecomunicaciones y cubrir la creciente demanda por datos en nuestro país.
- Universalidad de la red. Los usuarios podrán acceder a cualquier contenido, aplicación o servicio ofrecido por los concesionarios sin limitar, o discriminar el acceso a los mismos. Con esto se promueve la innovación de productos y servicios over-the-top (OTT) como Netflix y demás aplicaciones que viajan por internet.
- En explotación del espectro radioeléctrico. Crea una figura que pretende abrir el mercado de explotación del espectro radioeléctrico; propone reglamentar el mercado secundario para el uso y aprovechamiento del espectro en el que los concesionarios podrán rentar o ceder los derechos creando un mercado más flexible que se ajuste mejor a los cambios e innovaciones del sector.
- En telefonía. Se pretende regular la interconexión preponderante; es decir, los proveedores de servicio con más de 50% de participación del mercado (Telcel), no cobrarán por interconexión de manera transitoria en lo que reducen su participación de mercado. Además se eliminará el cobro por llamadas de larga distancia y la portabilidad de número será gratuita, deberá ser efectuada en menos de 24 horas.
Entre las posiciones a favor se manifestaron Javier Lozano, presidente de la comisión de Comunicaciones y Transportes, sostuvo que “hubo mayoría en las tres comisiones, tenemos 25 votos a favor y cinco en contra, en consecuencia queda aprobado en lo general y los artículos no reservados el dictamen de proyecto”.
El senador del PRD, Zoe Robledo afirmó que el dictamen no va en contra de ninguna empresa y que aboga por un reordenamiento en el mercado de las telecomunicaciones. Añadió que la preponderancia es una medida que será transitoria y que, aunque es un tema importante, no es el único.
Por su parte, el senador del PAN, Javier Corral afirmó que en la ley son prioridad las ganancias de las empresas, pero no los derechos y libertades de usuarios y consumidores. Agregó que, con el dictamen, el Estado se sometió a los intereses de las televisoras y que las estaciones de radio indígenas y comunitarias fueron olvidadas.
Corral advirtió que la Secretaría de Gobernación regulará los contenidos en los medios de comunicación, con una probable violación a la libertad de expresión, traicionando el espíritu de reforma constitucional.
En tanto, el senador del PAN, Fernando Torres pidió votar contra el dictamen, el cual negaría derechos a los consumidores y a los usuarios, añadió que no reconoce en las leyes secundarias la culminación de la reforma constitucional que regula.
Mientras que, la senadora Marcela Torres Peimbert, también legisladora por Acción Nacional, afirmó que con el dictamen no se promueve la competencia y la lucha contra los monopolios, además que debería fomentar inversión e inhibir la concentración en los servicios.
El resultado de la sesión la noche del miércoles en el Senado fue que el dictamen quedó avalado por 25 votos a favor y cinco en contra. De tal forma que la comisión de Estudios Legislativos registró cuatro votos a favor y un ausente, mientras que la comisión de Comunicaciones y Transportes tuvo 12 a favor y uno en contra.
No obstante de la aprobación en lo general, los legisladores señalaron que será este viernes 4 de julio, cuando en el Pleno de la Cámara donde se discuta en lo particular las reservas de los senadores opositores, para debatir y aprobar las leyes complementarias de la reforma constitucional aprobada el año pasado.
De tal forma, el Congreso también realizará un periodo extraordinario donde el pleno votará en torno a las modificaciones que se hayan acordado previamente por los senadores. Sin embargo, debido a que hay cerca de 300 reservas, con cambios a 100 de los más de 600 artículos que conforman esa legislación, se prevé que habrá una sesión maratónica en el Congreso.
El gobierno sostiene que es incluyente
La propuesta original de la Iniciativa de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión enviada por el presidente Enrique Peña Nieto al Senado de la República como parte de las leyes secundarias de las reformas constitucionales aprobadas en 2013 reformaba varios puntos, entre los que destacan.
Ante la inminente aprobación en el Senado, la oficina de la Presidencia de la República salió al paso para sostener que la ley en materia de telecomunicaciones, es benéfica para el país. La propuesta por el gobierno federal no busca beneficiar ni dañar a ningún agente económico, afirmó Humberto Castillejos, vocero jurídico de la Presidencia, de la República.
Por ello, afirmó que para que haya una mayor inversión en el sector de las comunicaciones, debe haber certeza jurídica, por ello destacó la aprobación en lo general del proyecto de dictamen de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
Por su parte, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, aseguró que la falta de definición de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones ya comienza a detener inversiones y llevó a diferir la licitación de dos nuevas cadenas de televisión.
Durante su participación en el Foro Nacional de Infraestructura “Comunicación y Desarrollo para México 2014”, que se realizó en la Cámara de Diputados, el funcionario aseguró que no contar con leyes en telecomunicaciones afecta al país y al ciudadano.
El titular de la SCT sostuvo que hay inversionistas interesados en la red compartida que llevará Internet a los hogares, pero con una disposición cada vez menor debido a la discusión del tema de la preponderancia, que -aseguró- está garantizado en la Constitución.
Otros de los argumentos que ha sostenido en diversas ocasiones el funcionario federal es, que considera que las leyes secundarias en materia de Telecomunicaciones buscan una mayor competencia en el sector que permita ampliar la cobertura de servicios, con mejor calidad y precios accesibles para los usuarios.
Asimismo ha destacado en reiteradas ocasiones que la legislación va en favor de los consumidores y en contra de los monopolios, además que beneficia directamente la economía de los usuarios y las necesidades de las personas con discapacidad.
Por ello, Ruiz Esparza insiste que es necesario para el país que la ley secundaria entre en vigor lo más pronto posible y sin que se altere de ninguna manera el proceso.
Además, se manifestó por que los legisladores aprobaran las leyes secundarias en materia de comunicaciones, pues con ello se permitirá que las inversiones fluyan, y al no haberlas siguen ganando las prácticas monopólicas y las empresas, y perdiendo los consumidores.
Los puntos que más ha destaco el gobierno federal sobre su propuesta, al defenderla frente a cuestionamientos son:
- La regulación para la administración del espectro radioeléctrico a través del cual es posible ofrecer los servicios de radio, televisión, internet, y banda ancha.
- Designa como órganos encargados de establecer los marcos regulatorios y la aplicación de la legislación en turno al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que promoverá la competencia en el sector y regulará el mercado.
- Segob, ordenará, administrará y monitoreará los tiempos del Estado, de publicidad y vigilará que las transmisiones cumplan con la ley; y principalmente a la SCT, que opinará sobre el otorgamiento de concesiones, planeará e instrumentará las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión.
- Profeco, promoverá, protegerá y vigilará los derechos de los usos previstos en la ley.
Aun falta por saber el verdadero impacto de la ley telecom
Cada bando ha esgrimido su postura, y por más justa, legal o veraz que sea cada una de ellas, o con la que simpatice cada uno de nosotros, hoy finalmente, se ha dado un paso importante para establecer reglas que afectará a muchos y beneficiarán a pocos.
Los defensores se respaldan en el ataque a la preponderancia en telefonía celular y la eliminación de costos como la larga distancia y la interconexión, así como la portabilidad gratis.
Sin embargo aun quedan lagunas importantes como la privacidad de los usuarios tanto en telefonía como en acceso a la web; la ambigüedad en la posible legalidad en el bloqueo de señales; la brumosa apertura a la competitividad en los servicios y nuevos actores en el mercado, principalmente con las dos nuevas cadenas de televisión abierta; además del endeble impulso a la producción independiente, imposibilitando una real competencia en la producción de contenidos a nivel nacional.
Estas y otras cuestiones quedan sin resolver ante un debate aún inconcluso en el Congreso, los ciudadanos serán los realmente afectados o beneficiados de una ley que luce incompleta.
Hacer un llamado a nuestros representantes para que realmente velen por el bienestar de los mexicanos, o unirse a los activistas que luchan por el derecho de ser escuchados y consultados para la toma de una decisión que podría cambiar al país, son las opciones que tenemos, el ser indiferente a lo que está por resolverse no parece una opción, sea para estar a favor o en contra pero nos toca estar informados.
