Ningún levantamiento social, sea pacífico o armado, ha estallado sin haber agotado los cauces legales. Cuando las autoridades se han negado a atender las demandas de quienes pagan sus sueldos, están dando la mejor estocada al régimen institucional. No hay mejor manera de mandar al diablo a las instituciones que hacerlo siendo funcionario público.
Estamos ante un nuevo ciclo de luchas sociales en todo el mundo, desde la primavera árabe, el movimiento estudiantil chileno, los indignados de España, la primavera del maple en Canadá, y ahora en México con su propio ejemplo. En este contexto, y con la música de fondo de los Juegos Olímpicos, hay quienes sienten que estamos en un momento muy similar a 1968. Sin embargo, por lo que respecta a México, hay una diferencia fundamental entre aquel año y el día de hoy: estamos ante una crisis revolucionaria, es decir, que hay condiciones objetivas para una insurrección social. Veamos: más de la mitad de la población en la pobreza, una insultante desigualdad social, escaso crecimiento económico, falta de oportunidades de estudio y trabajo, altísimos grados de corrupción en las esferas de gobierno y una escandalosa impunidad legal; pero sobre todo, hay un masivo descontento social que no está focalizado en una clase o sector social y una nueva generación de jóvenes que no están dispuestos a conformarse con que la plutocracia les dicte su tragedia.
No hay que olvidar que el llamado a la insurrección de Francisco I. Madero en 1910 fue para enfrentar un fraude electoral. Hoy estamos en ese peligroso momento y la irresponsable actitud de las autoridades electorales podría desatar una terrible tormenta.
El anuncio del IFE acerca de que el resultado de las investigaciones sobre el uso excesivo de recursos en las campañas presidenciales, estará hasta el 2013 es una verdadera burla. Aunado a lo dicho por el magistrado Esteban Penagos López sobre que ninguna manifestación ciudadana afectará el resultado ya dado a conocer, y aquel otro comentario del presidente del Tribunal Electoral, Alejandro Luna, de que “nadie ganará en la mesa lo que no pudo ganar en las urnas”, cuando lo que está puesto en duda es la validez de la jornada electoral, va dejando muy claro que estas autoridades no conocen la historia de México, o que no les importa.
