Antiguamente la palabra fuero se usaba para referirse a los derechos que se regían por leyes propias, también denominados privilegios, que deviene del latín privus (propio o privado) y legalis (relativo a la ley); en síntesis: leyes privadas, propias, particulares. Estos fueros y privilegios existieron originalmente en regímenes jurídicos de excepción que colocaban a las personas fuera del alcance de la ley general.
México ha venido usando y, fundamentalmente, abusando de tales fueros y privilegios que, afortunadamente, se han ido suprimiendo por el republicanismo “de Estado” como modelo de convivencia social. La república es la antítesis del fuero o privilegio: su base estructural es la igualdad de todos ante a la ley, sin excepción.
La república significa, literalmente, que el gobierno de la sociedad está a cargo de todos y no de unos cuantos, es decir, sin privilegio de una persona (monarquía o tiranía) ni de un grupo de personas (aristocracia u oligocracia), al ser deber y derecho de todos los ciudadanos la igualdad jurídica ante la ley. La existencia de regímenes de excepción como, por ejemplo, el fuero político y constitucional, obstaculiza la realización de la vida republicana igualitaria.
George Orwell dice en su alegórica novela “La rebelión en la granja”: todos somos iguales, pero unos son más iguales que otros. Expresión irónica de esa constante disociación entre la igualdad absoluta de la teoría republicana y la realidad práctica en la cual conviven, de hecho, o de derecho, ciertos privilegios especiales para determinados políticos y gobernantes.
El fuero: reminiscencia obsoleta
Hasta ahora los mexicanos hemos vivido en un régimen republicano que admite el denominado fuero político o inmunidad constitucional de ciertos servidores públicos de gobierno cuya razón de ser es la protección de su función pública y, como consecuencia, a quien la ejerce. Cuestión perfectamente comprensible en aquellos años posteriores a la Revolución mexicana, donde el Congreso pasaba fácilmente de ser un espacio deliberativo a un campo de guerra. Aquel México bronco -en su etapa de adolescencia como nación- en el que no había claridad acerca de la diferencia entre partidos y bandos, entre adversarios políticos y enemigos de guerra. Situación que llevó constantemente al desequilibrio institucional, pues cualquier funcionario en el ejercicio de sus facultades judiciales o policiacas podía activar los mecanismos de la fuerza pública para detener a un diputado o a un grupo de ellos con la finalidad de que, mientras se aclaraba su situación en los separos de la policía, en el Congreso tuviera lugar la votación en la que el detenido hubiera sido un obstáculo.
Este ejemplo en nuestra historia revela la corrupción policiaca y judicial como eternos males endémicos y, lamentablemente, como instrumentos de venganzas privadas o jugarretas políticas.
Eliminemos el fuero constitucional
El fuero constitucional de los servidores públicos no es jurídico, pues no constituye un microsistema legal; obedece a cuestiones políticas y a la más importante de todas las razones de Estado: la paz social. El medio para conseguirla, se dice, es la inmunidad del funcionario público mientras dure en el ejercicio de su cargo.
Pero hoy los tiempos han cambiado. Llegó la hora de desaparecer los fueros de los servidores públicos respecto a la no aplicabilidad de la ley penal. El fuero, y su correlato procesal comúnmente llamado desafuero (declaración de procedencia que sólo puede hacer la Cámara de Diputados), resultan inadecuados y obsoletos para el México actual.
En ese sentido se han pronunciado algunas bancadas en el Senado de la República, al proponer la eliminación de esa inmunidad y reconsiderar el juicio político. Hoy el fuero parece ser más una vía de escape y encubrimiento para los funcionarios que actúan fuera o en contra de la ley.
En plena época moderna, hemos tenido casos de peticiones de desafueros infructuosos, que ponen en evidencia el anacronismo de esa figura constitucional: ahí están los casos contra el senador Jorge Díaz Serrano en 1983 y el del entonces Jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador en 2004, habiéndose debatido si la resolución o declaratoria de procedencia dota de presunción o certeza anticipada de culpabilidad penal, o si puede tener el efecto drástico de la destitución del cargo.
Eliminar el fuero contribuirá a abatir la corrupción e impunidad de aquellos funcionarios públicos que, gozando de él, actúan como si tuvieran permiso para delinquir o actuar al margen de la ley, llegando a vivir en esa paradoja de la que hablaba el poeta Pablo Neruda: El fuero para el gran ladrón, la cárcel para el que roba un pan. Así de injusto puede resultar el actual fuero político al negar el acceso a la justicia, máxime ante la creciente lista de gobernadores acusados, detenidos y procesados penalmente.
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