La eurozona sigue en el centro del huracán y el motivo es nuevamente España. Los mercados han ubicado el rendimiento exigido al bono a 10 años del gobierno español, que es el indicador con el que se mide la confianza en un país, en 7.6%, lo que significa un castigo de 638 puntos base (es decir 6.38%), respecto al rendimiento exigido a Alemania para el mismo plazo. Este indicador es particularmente preocupante si se considera que hace menos de un año la diferencia era de tan sólo 300 puntos base, además de que está por encima de la sobretasa exigida a Italia. Para muchos analistas, la reacción del mercado está reflejando la necesidad de que la Unión Europea se prepare para un rescate total de la economía española.
Los nuevos problemas de la economía española son muy diversos. El número uno, a juzgar por la importancia que le han otorgado las autoridades de la Unión Europea, es el relacionado con la salud en la que se encuentra el sistema financiero. Hace algunos días, las autoridades de Bruselas autorizaron un apoyo de hasta 100 mil millones de euros para su capitalización y saneamiento. Los recursos provienen del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), que es la entidad creada por la Unión Europea para otorgar préstamos de largo plazo a los países pertenecientes a la zona euro en dificultades.
También se tiene el problema de la morosidad en el sistema financiero español, en donde el panorama al cierre del primer trimestre de 2012 era el siguiente: entre los promotores inmobiliarios alcanzó el 22.8%, después de que en 2008, cuando comenzó la crisis, era de 8.8%, es decir, se ha incrementado en 1.6 veces. En el caso de los empresarios de la construcción, de los 96,193 millones de euros que les deben a los bancos, un 20.9% es moroso. Hace tres años, este nivel ni siquiera llegaba al 5%. Los hoteleros ocupan el tercer lugar en el ranking de la morosidad: en marzo de 2012 el ratio de dudosos del sector de la hostelería llegó a 9.14%, cuando a finales de 2008 apenas superaba el 2%.
El préstamo para rescatar a los bancos españoles se otorgó a cambio de un conjunto de medidas, que se dieron a conocer a principios de julio, que constituyen la parte sustancial de lo que se conoce como el contrato de entendimiento (Memorandum of Understanding). Entre ellas destacan: 1) el IVA general subirá del 18 al 21% y el restringido del 8 al 10%; 2) la jubilación se alargará por etapas hasta 67 años; 3) la administración central y las administraciones locales deberán reducir gastos para que España cumpla con el déficit pactado con Bruselas; 4) se reducen las remuneraciones de los funcionarios públicos; 5) se eliminan o reducen ayudas para dependientes, para la compra de vivienda y para los desempleados (la cual está en niveles del 25% de la PEA).
A los problemas del sector financiero, se agregan ahora los correspondientes a las deudas de las comunidades autónomas, es decir, de las entidades en las que España se divide política y administrativamente. Se trata de 17 comunidades, además de Ceuta y Melilla (que se consideran ciudades autónomas). Algunas de ellas no han podido refinanciar sus deudas (por el temor de los bancos de que no puedan hacer frente a sus compromisos), de modo que se ven en la necesidad de solicitar el apoyo del gobierno central para evitar la suspensión de pagos. Las primeras en solicitar el rescate fueron las comunidades de Valencia, Murcia y Cataluña. Otras que están por agregarse a la lista son Castilla la Mancha, Islas Canarias, Andalucia y Baleares. De hecho, la suma de los vencimientos del segundo semestre de todas las comunidades de España es de $15,838 millones de euros, que es prácticamente la totalidad del Fondo de Liquidez Autonómico que se acaba de dar a conocer, el cual asciende a 18,000 millones de euros.
A lo anterior hay que sumar la meta del gobierno de reducir de forma gradual el déficit fiscal de 8.9% del PIB en el 2012 a 6.3% en el 2012, a 4.5% en el 2013 y a 2.8% en el 2014, lo cual se logra a través de mayor austeridad en gastos y aumentos a impuestos, lo cual, en conjunto con el resto de los ajustes exigidos por Bruselas, la acumulación de la deuda pública y las altas tasas que demandadas por el mercado para refinanciarla, el resultado es una recesión de la economía española para el año en curso y para el que sigue, que se traduce en menores ingresos fiscales y por lo tanto mayores dificultades para pagar una deuda que no deja de aumentar. En otras palabras, y como lo comentó recientemente el destacado economista Andreu Mas Colell, la austeridad está matando al paciente.
Todo esto incrementa la posibilidad de que el gobierno español declare una suspensión de pagos, el cual, proviniendo de la cuarta economía de la eurozona (después de Alemania, Francia e Italia), tendría efectos devastadores en la zona euro e incluso en la economía global.
Un Riesgo Global que no sólo se limita a España
Lamentablemente España no es el único país que representa un riesgo. El tema de Grecia sigue latente y con ello, la posibilidad de contagio hacia otras economías en riesgo. De acuerdo con el FMI, la crisis en la zona euro continúa profundizándose y ha alcanzado un nivel crítico. Al igual que en España, por las preocupaciones en torno a la solvencia de los bancos y el alto nivel de déficit fiscal y deuda pública en otros países es una realidad. Entre ellos destacan Italia, con una deuda de 120% y un déficit fiscal del 3.9% de su PIB, Portugal con niveles de deuda y de déficit de 107% y 4.2%, respectivamente, Irlanda, con deuda de 108% y déficit de 13.1% y Grecia, con una deuda del 165% de su PIB y un déficit de 9.1%. En total, la deuda pública en la eurozona aumentó a niveles de 88.2% y el déficit representa el 4.1% del PIB. La perspectiva de crecimiento es menor, con una estimación de contracción de 0.3% este año y para el 2013 con un crecimiento moderado (que bien puede convertirse en contracción), de 0.7%.
Soluciones de fondo para problemas de fondo
Hasta ahora se han llevado a cabo esfuerzos por controlar y evitar que la crisis en la zona euro evolucione. Sin embargo, y como se puede ver en la evolución de la sobretasa de los países más riesgosos, los mercados no creen que la orientación de los rescates reduzca significativamente el riesgo implícito en las deudas soberanas, lo que deja claro la necesidad de tomar medidas diferentes y de fondo.
Una posible solución consistiría en que Bruselas, acepte, con la autorización de Alemania, que el problema de las deudas soberanas requiere de una acción solidaria: es decir, que asuma que esas deudas son, en última instancia, deudas europeas, con un esquema de garantías o de recompras en el mercado secundario a través de lo que se ha llamado el bono europeo. Sin una solución de esta envergadura, se mantendrá la incertidumbre en los mercados y con ella la indefinición de la fecha a partir de la cual se recuperará el crecimiento, sobre todo de países como España, que en estos momentos ocupa los titulares de todos los periódicos especializados en economía y finanzas.
Por otro lado, la propuesta de una integración de reforma fiscal entre los países de la zona así como acciones concretas de los países de la eurozona que lleven a la disminución del déficit y menores niveles de deuda pública es un tema fundamental.
Ambas soluciones tienen pros y contras, y ambas requieren de tiempo para su correcta organización y ejecución. Mientras esto sucede, lo más probable es que no dejemos de vivir tiempos de mayor inestabilidad económica.
