Coahuila se ha convertido en referente de dolor, tristeza, luto e impunidad por la falta de soluciones a los deudos del accidente en la zona minera de la entidad.
México se ha convertido en un país en el que situaciones de injusticia e impunidad, se han calificado de típicas por centenares de habitantes de la república. De entre innumerables casos, destaca el trágico acontecimiento ocurrido en Pasta de Conchos hace exactamente ocho años; donde hay culpables pero ningún castigado.
El 19 de febrero del 2006, alrededor de las 2:30 de la madrugada, una explosión en la mina ocho de Pasta de Conchos, generó un estruendo que se extendió por todo San Juan de Sabinas, en la región de Nueva Rosita en el estado de Coahuila. Las llamas alcanzaron entre 600 y 900 grados centígrados, derrumbaron el lugar; el saldo fue de 65 trabajadores sepultados.
La empresa Grupo México, compañía encargada de la operación de dicha mina, prometió iniciar labores de rescate para encontrar a los mineros enterrados. Días después expresaron que los cuerpos quedaron a 150 metros bajo tierra, de los que lograron extraer únicamente dos, en diferentes fechas.
Para el 24 de febrero de aquel año, la compañía minera anunció que suspenderían la búsqueda por dos o tres días, argumentando que el equipo de rescate se topó con grandes concentraciones de gas natural. Al día siguiente, continuaron con lo que se percibía como evasivas por parte de los desesperados familiares de los mineros; informaron durante una rueda de prensa que “no había posibilidad alguna de supervivencia tras la explosión de gas metano”. De igual forma, el dirigente de Grupo México, Germán Larrea Mota Velasco, dijo que seguiría con las labores de rescate; finalmente no se hizo nada.
Con la intensión de brindar solvencia económica a las familias de los 65 fallecidos, otorgaron 750 mil pesos; así como gastos para la educación de los menores que perdieron a sus padres. Sin embargo, continuaba la negativa de recuperar los cuerpos. Sumado a las acciones subsidiarias, el entonces gobernador, Humberto Moreira, ofreció una beca que fue dada por la Industrial Minera México y el Gobierno de la entidad, misma que la empresa dejó de otorgar pasados 12 meses, a pesar de que prometieron que permanecería hasta que encontraran a sus padres.
Para el cuatro de abril de 2007, El Siglo de Torreón comunicó que la búsqueda fue suspendida y un mes después, también las becas, información basada en versiones de familiares.
El 19 de febrero del 2006, una explosión de gas metano en la mina ocho de Pasta de Conchos, incendió el lugar, las llamas derrumbaron el lugar; el saldo fue de 65 trabajadores sepultados.
Ese mismo año, el ex Presidente Felipe Calderón también dijo “esclarecer el caso e impulsar el desarrollo de las mineras”, y es que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió un dictamen en el que señaló al gobierno mexicano como responsable por negligencia en la muerte de los mineros. Cabe mencionar que los familiares comentaron tras el accidente, que ya algunos de los trabajadores se habían quejado de que notaban una alta concentración de gas metano en el lugar.
Varios medios informaron que la empresa Industrial Minera México puso el año pasado un amparo para evitar el eventual rescate de los 63 cuerpos que aun no son recuperados. Recientemente, el titular de la Secretaría del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, prometió que la boca de la mina sería reabierta para comenzar con la búsqueda de los restos. Sumándose a la lista de compromisos que no se han cumplido. De acuerdo a estimaciones históricas hechas por la organización Familia Pasta de Conchos, la actividad minera en aquella locación ha costado la vida de más de mil 712 trabajadores desde 1889; fallecimientos provocados por irregularidades y falta de supervisión.
El pasado miércoles, a ocho años de la tragedia, integrantes del Sindicato de Mineros, organizaron una jornada de protestas en exigencia al Gobierno Federal de que se haga justicia, marchando desde el corporativo de Grupo México hasta el ángel de la Independencia.
Rodeados de promesas sin cumplir, diferentes administraciones y una marcha dirigida al ejecutivo federal, quien, por el momento, se encuentra en Toluca atendiendo “otros asuntos” de índole internacional con su similar estadounidense Barack Obam y Primer Ministro de Canadá, Stephen Harper, los familiares no han visto solución a lo que llevan pidiendo durante casi 10 años: Recuperar los cuerpos que permanecen sepultados bajo tierra y escombros desde el 2006.
Por Luis A. Hernández
