La reforma energética fue ya promulgada por el jefe del Ejecutivo. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto apostó todo a esta reforma que elimina los obstáculos que han impedido el desarrollo del sector y que se traducirá en mayor crecimiento económico, inversiones, empleos, abasto eficiente de combustibles con precios más bajos y competitivos y nuevas oportunidades para todos los mexicanos.
Por lo pronto la importante empresa calificadora Standard & Poors ya mejoró la calificación de riesgo de México, que lo coloca como un país más atractivo para la inversión privada nacional y extranjera. Sin duda, como ya lo ha expresado Emilio Lozoya, director general de Pemex (el quinto productor de petróleo del mundo con ventas cercanas a 130 mil millones de dólares anuales), la reforma energética “es un cambio de paradigma, un salto a la modernidad que crea nuevas y grandes oportunidades. Pemex será otro en 2015”.
Ahora las leyes secundarias deben de ser igual de audaces que la reforma energética para garantizar el éxito de las modificaciones constitucionales aprobadas para el sector pero sobre todo deben construir un diseño normativo y operativo que garantice eficiencia, modernización, integridad y prevenga la corrupción. En evitar la corrupción y la concentración de los beneficios de la apertura en pocas manos radica el principal reto de las leyes secundarias y su instrumentación.
La reforma energética garantiza la seguridad jurídica de los inversionistas nacionales y extranjeros interesados en el sector de energía mexicano. La Ley de Consulta Popular aprobada en la Cámara de Diputados y que se encuentra en el Senado, no aplicará para reformas como la energética, cuya constitucionalidad fue declarada la semana pasada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y promulgada el viernes por el presidente Peña Nieto en un magno evento realizado en Palacio Nacional.
En todo caso serán los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quienes determinarán si existe o no sustento legal para realizar la consulta popular sobre la reforma energética, siempre y cuando el Senado apruebe la propuesta de ley en la materia. Pero desde ahora es claro que la consulta popular, como fue aprobada por los diputados (431 votos a favor, 85 de ellos del PRD), no es procedente legalmente para la reforma energética pues no contempla cambios constitucionales ni tampoco que tenga carácter revocatorio ni que incluya ingresos y gastos del gobierno federal.
El problema no es legal sino político, pues cuando la SCJN determine que no es procedente la consulta popular para la reforma energética, los partidos de izquierda culparán a la “mafia del poder” y se generarán nuevos sentimientos de frustración entre sus simpatizantes. El gobierno federal deberá procesar ese descontento, darle cauce social con mayor y mejor comunicación sobre los beneficios en oportunidades y empleos para los mexicanos y acelerar los diversos mecanismos de gasto e inversión pública para detonar un mayor crecimiento económico a partir del próximo año.
Incluso la Encuesta de Especialistas que dio a conocer a principios de diciembre el Banco de México, ya indica un crecimiento promedio esperado para el 2014 de 3.34 por ciento. La meta oficial es de 3.9 por ciento. No obstante, el mayor crecimiento anticipado para la economía estadounidense (2.6 por ciento para el próximo año, por arriba del 1.6 por ciento proyectado para el 2013), el impacto positivo de las reformas estructurales aprobadas este año en México; la mayor inversión privada nacional y extranjera anticipada para el próximo año y un ejercicio del gasto público casi 10 por ciento real mayor al de este año detonarán mayores tasas de crecimiento del producto interno bruto que hacen posible tasas superiores al cinco por ciento anual para el final de la actual administración.
Un circulo virtuoso de crecimiento, inversión, empleo, desarrollo que abre expectativas optimistas para revertir las condiciones de desigualdad y pobreza que prevalecen ancestralmente en nuestro país.
