Las becas son una obligación del Estado
Cuando México comenzó a salir de lo que implicó la gesta revolucionaria surgieron las instituciones culturales modernas que le dan asiento a la mayoría de nuestras nociones sobre patrimonio, arte y cultura. Así también se construyó la idea del Estado como promotor de las artes y del cuidado del legado arqueológico. Lentamente, a trompicones, nos hicimos de una organización que, a nivel América Latina, representó durante años un modelo a seguir. El Estado mexicano consolidó su imagen como garante de la protección de la riqueza pasada y presente de los pueblos indígenas, la sintetizó y transformó gracias al trabajo de un sinfín de artistas y hoy, como hace poco expresó Diego Prieto, director del INAH, “no hay extranjero que no se sienta atraído por visitar por lo menos una de nuestras zonas arqueológicas” (https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/El-INAH-es-la-gallina-de-los-huevos-de-jade-Diego-Prieto-20190610-0148.html).
Como bien señala Prieto, las zonas arqueológicas y los museos representan no sólo una atracción sino oportunidades de derrama económica. Pese a que esto no sea visto como industria productiva, los museos, festivales, recintos y demás actividades culturales generan recursos para la Tesorería de la Federación y constituyen imagen, discurso y representación. Las exposiciones internacionales organizadas en México marcaron hitos en la historia de la conformación de una imagen del país para el mundo; los extranjeros se siguen maravillando con el ballet de Amalia Hernández en Bellas Artes.
Fue en tiempos de Carlos Salinas de Gortari que se consolidó el sistema de becas (el FONCA se creó en 1989) y corrió en paralelo con la actividad desarrollada por Conaculta, fundado un año antes. Sí, la actividad cultural estuvo durante años en manos de un hombre: Rafael Tovar y de Teresa. Pese al denuesto de algunos, las instituciones culturales mexicanas funcionaron al interior y al exterior del país; la promoción y fomento de las artes, pese a lo que crea la senadora Jesusa Rodríguez, son una misión que el Estado mexicano debe de cumplir no sólo históricamente (compromiso que este gobierno fácilmente puede desechar), sino jurídicamente. El artículo 4to. Constitucional apunta desde la reforma de 2009 que: “Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como al ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural” (cf. https://elmundodelabogado.com/revista/posiciones/item/los-derechos-culturales-en-mexico y para referencia sobre las reformas constitucionales en materia de cultura hasta la Ley General de Cultura de 2017). La opinión de la senadora Rodríguez sobre la extinción de las becas FONCA para artistas y proyectos culturales ha tenido ya respuestas palmarias y suficientes como las de Francisco Toledo y Horacio Franco: el argumento de que no sólo ella se benefició de estos apoyos corre, por un lado, mientras que, por otro, se desliza el de la obligación del Estado de favorecer y fomentar el desarrollo de la cultura. Sin duda que todas las instituciones requieren la revisión de sus procedimientos y por supuesto que debe eliminarse de tajo la corrupción en el otorgamiento de becas y premios. Pero de ahí a que el Estado se deshaga de su obligación, hay mucho trecho cuyas implicaciones valdría la pena ponderar.
