Recientemente me correspondió participar en el Congreso Internacional de Políticas Públicas y Participación Privada en la Cultura y Arte en Hispanoamérica. Mi participación en la mesa de políticas públicas me obligó a reflexionar en torno a varios puntos, entre ellos, en el propio ámbito de lo público. Una de las constantes fue que en México, se tiende a pensar que lo público es lo gubernamental, lo auspiciado tanto por los poderes locales como federales, con tendencia a garantizar infraestructuras y derechos.
Cuando hablamos de cultura y administración pública, difícilmente reflexionamos en su cadena de valor. La cultura es, a los ojos de muchos, accesoria, importante pero no decisiva, hay otros muchos problemas que es más urgente solucionar antes que dotarla de infraestructura o asignarle presupuesto en términos generales. Y no me refiero al concepto de cultura que nos sostiene como comunidad, que no pasamos por el tamiz de la razón, sino en el que, simplemente, vivimos a diario. Esa cultura no se gestiona, es el tejido que para relacionarse con el mundo hace una comunidad en el tiempo. Por lo tanto, esa cultura no está determinada por un marco jurídico. Antes bien, todo marco jurídico o normativo es resultante de la cultura que lo necesita y que lo produce.
Contrariamente a la tendencia actual, la cultura no es un derecho y, al respecto, cito a Ortega y Gasset en Ideas y creencias. “Las ideas se tienen, en las creencias se está”. La cultura nos tiene, no es una ocurrencia ni algo que se pueda o deba administrar como derecho.
La cultura no se puede controlar porque no es producto de una racionalización: sus estructuras se crean orgánicamente por el consenso y la necesidad de quienes la tejen y generan instituciones para regular la vida. Como resultado, se legitiman ciertas acciones y productos como cultura en lo institucional y en lo discursivo.
Suena obvio, pero las políticas públicas se desprenden de la agenda pública. Son un conjunto de pasos a instrumentar para conseguir los objetivos del Estado mediante una administración pública y sus ejes. “Una política es un plan para alcanzar un objetivo de interés público (Banco Mundial 2011).” Generamos políticas públicas cuando hay un asunto del interés de la comunidad (cultura, salud, economía, educación) y en nuestro país, se tiende a pensar que esta misión es privativa del Estado.
Sin embargo, la formulación de políticas públicas no sólo es tarea del Estado: no se le puede dejar esa ingente tarea porque las políticas no sólo son directrices que reflejan el espíritu o la ideología política de un grupo; son hipótesis de trabajo para la resolución de problemas concretos. Esto supone que, más allá de consultas públicas -sesgadas por el propio aparato gubernamental para obtener los resultados deseados y legitimar decisiones ya tomadas- toda política debería ser formulada mediante el consenso de todos los actores o agentes que tienen derecho y capacidad de opinar respecto de un tema del interés público.
Al menos en México, la formulación de políticas públicas se ha convertido en un asunto de corto plazo, en donde se privilegian las relaciones clientelares, se atiende a lo que es “imperativo” para la administración entrante y no se piensa más que en ese único cliente, el gobierno, al que se tiene que satisfacer. Confundimos política cultural con “líneas temáticas” que orientan programas expositivos, por ejemplo, o con líneas discursivas que vinculan las actividades culturales con la educación -para cumplir uno o varios ejes del Plan Nacional de Desarrollo-. Es así en la praxis pero no debe ser así. Las políticas públicas enunciadas, en esta concepción errónea, son matrices para generar automáticamente los resultados que se comunicarán al final de una administración. “Es común asociar el concepto de políticas públicas a las meras acciones de gobierno, de tal modo que cualquier acción de los actores gubernamentales es considerada erróneamente como política pública.” (Aguilar Astorga y Lima Facio: ¿Qué son y para qué sirven las Políticas Públicas?, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, septiembre 2009, www.eumed.net/rev/cccss/05/aalf.htm).
¿Y los resultados a nivel cualitativo? Pese a que hay instrumentos para registrarlos, el ritmo alocado que vivimos en México en donde cada seis años todo parece acabarse y recomenzar para darnos cuenta de que nada ha cambiado, los resultados de carácter cualitativo son arenosos porque no brindan datos duros que “vistan” a la administración en turno. Los datos duros se generan continuamente, mientras que los resultados cualitativos requieren de otros tiempos. Sin embargo, son esos los que verdaderamente nos permitirían un cambio. El museo puede llegar a ser agente de cambio social, si y sólo si se entiende que no es un escaparate gubernamental, que no basta con demostrar que tuvo X visitantes al año o por exposición, sino que puede medir sus impactos y lograr el restañamiento de comunidades, de la paz y la capacidad de goce de los individuos, si muestra otros mundos posibles.
Entonces, no hemos estado entendiendo bien a qué se refiere la participación ciudadana y a qué tienden en realidad, las políticas formuladas desde las esferas. En el sector cultural, por ejemplo, habría que dejar en claro cuáles son las principales problemáticas que afectan a cada una de las esferas que lo componen. Los museos no tienen las mismas que los centros culturales, ni los teatros que las escuelas. Las políticas públicas son hipótesis. “Si existe este problema, entonces formularé las siguientes alternativas para solucionarlo…” Eso implica investigación, consenso y diseño de propuestas que, a posteriori, se convierten en políticas. Pero si éstas no se refinan, no se actualizan y no se sensibilizan respecto de la dinámica de cada esfera de un sector afectado; si no hay flexibilidad e inclusión de lo cualitativo en los mecanismos de evaluación de los resultados de dichas políticas, no habrá manera de salvar la brecha entre la declaración de intenciones, el deseo (¿necesidad?) de justificar la operación de un ensanchado e intrincado aparato burocrático y la operación real en los diversos sectores.
¿De quién es lo público? No del gobierno. Tampoco podemos romantizar el concepto al punto de creernos en las antiguas polis, en donde no, no todos tenían la oportunidad de discutir y decidir. Desbrozar la complicada maraña de intereses afectados por infinitas problemáticas en diversos sectores y subsectores es una tarea que tampoco corresponde exclusivamente al aparato gubernamental: nos corresponde a todos. La chamba del Estado es garantizar (la existencia de las instituciones, por ejemplo, mediante recursos varios como zonificación determinación de estándares, generación de criterios de medición -indicadores-, destinar presupuestos base), estabilizar e incentivar el trabajo de las instituciones a partir del consenso de todos los involucrados en el sector. Ni los empleados gubernamentales leales a una administración (o a otra), ni los sindicatos, ni la iniciativa privada que participa con recursos o gestiones, ni la academia ejercen una paternidad sobre “lo público”. Hay que repensar el concepto, definirlo, discutirlo y decidir trabajar en pro de la riqueza que tenemos en museos, zonas arqueológicas, talento artístico y docente.
La conclusión más interesante y esperanzadora de la mesa en la que participé fue la que apuntó el Dr. Juan Pablo Vázquez Gutiérrez, del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana: lo primero que tenemos que hacer para cambiar es creer que no todo está dado, que no estamos gobernados por entidades metahistóricas y eternas, que las cosas no “son así”, sino que podemos tener agencia en la formulación de políticas culturales. Que podemos soñar con dar servicios culturales de calidad. Al empezar por creerlo, podremos empezar a conjurar los miedos a las transiciones y la angustiante dependencia del “a ver quién viene”.
