De Qué Se Trata

Lectura: 9 minutosEste refrán popular se aplica cada vez más a las políticas públicas cuyo propósito es bajar las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) para combatir el cambio climático. De hecho, las emisiones netas de GEI deberían ser nulas para 2050, si se quiere lograr que la temperatura del planeta no se eleve más de 2º C y preferiblemente no más de 1.5º C respecto de aquella pre-industrial (Acuerdos de COP21). Con esto en mente, las huelgas de los jóvenes por salvar la tierra son una justa llamada de atención a la humanidad, especialmente a ciudadanos, gobiernos y empresas.

La discusión sobre si el calentamiento global es de origen antropogénico o es un fenómeno “natural” ha generado una pasión quizás comparable a la de si el mundo era redondo o plano en tiempos de Galileo. Pero ahora las implicaciones de una u otra postura son más dramáticas. Una sostiene que, si no se reducen las emisiones GEI, podemos llegar a la extinción de la vida en el planeta, y la opuesta señala que si llegara a ocurrir algo a la tierra por el calentamiento global (improbable), no sería culpa de la humanidad, por lo que sería indiferente reducir o dejar crecer las emisiones.

No obstante, hay un gran consenso –entre el 90 y el 100% de los científicos que han escrito sobre el cambio climático– de que los humanos estamos causando el calentamiento global. Entre muchos otros, es el caso de un artículo (2016), “Consensus on consensus: a synthesis of consensus estimates on human-caused global warming” de 10 autores (algunos trabajos referidos en él cubren más de 10,000 estudios sobre cambio climático). Aunque la discusión no está saldada y hay una pugna feroz sobre el tema (véase el artículo de Francisco Gil-White en El Semanario Sin Límites para un punto de vista escéptico respecto al origen antropogénico del cambio climático), sí hay una probabilidad, que parece ser muy alta, de que los humanos estamos orillando al mundo a la catástrofe y, por tanto, más vale actuar y rápido.

Greta Thunberg tiene razón al increpar a los dirigentes mundiales que han arrastrado los pies frente a la situación climática, considerada como una urgencia sin precedentes por la gran mayoría de los científicos. El centro del problema del calentamiento global está en el consumo de combustibles fósiles, como es por casi todos reconocido. El comportamiento de los “líderes” mundiales sugiere que los intereses de los países que representan están demasiado ligados a la riqueza petrolera, o bien, ellos mismos están cooptados por las grandes empresas petroleras, o tal vez son demasiado débiles, o quizás son indiferentes al problema. Ante la ineptitud o la falta de voluntad de los dirigentes para “tomar el toro por los cuernos”, la responsabilidad de frenar el cambio climático recae literalmente en todos los habitantes del planeta.

A nivel global, el sector productor de energía genera aproximadamente la mitad de todos los Gases Efecto Invernadero (GEI); el sector agrícola, el forestal y otros usos de la tierra (AFOLU, por sus siglas en inglés) son responsables de alrededor de la cuarta parte de los GEI; y el transporte contribuye con el 12%. Es decir, estos tres sectores generan cerca del 82% de todas las emisiones de GEI (Our World in Data).

Si observamos el sector de energía, esto es, el mayor emisor de GEI, vemos que su comportamiento no es el esperado ante la emergencia actual. En 2018, la demanda de energía aumentó en 2.9%, tendencia liderada por China, Estados Unidos e India. El mayor crecimiento lo experimentó Estados Unidos, 3.5%, el mayor aumento registrado en ese país en los últimos 30 años, después de haber tenido la tendencia contraria durante el decenio más reciente (BP Statistical Review of World Energy, 2019).

El origen del 40% de las emisiones de CO2 generadas por la producción de energía provienen del carbón y el 35% del petróleo, las dos fuentes tradicionales más contaminantes (Our World in Data).

A pesar de la enorme presión que existe en el mundo porque se reduzcan rápidamente las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI), hay una fuerte tensión entre la necesidad de avanzar hacia la producción de energía sostenible y el interés por reforzar la industria energética tradicional, incluso la más contaminante basada en el carbón.

El estudio “The Carbon Majors Database; CDP Carbon Majors Report 2017” es muy útil para esclarecer esta aparente incongruencia. Comienza con datos ampliamente conocidos: la industria de hidrocarburos, sus productos y usos (incluyendo transporte, manufactura, etc.) daban cuenta del 70% de todas las Emisiones Efecto Invernadero en 2015. Si continuara la tendencia de extracción mencionada durante los siguientes 28 años, para el 2100 la temperatura subiría fatalmente en 4º C por encima de aquella de la era pre-industrial.

Pero la originalidad de este estudio es que rastrea las emisiones históricas acumuladas provenientes de las compañías más contaminantes con GEI, lo que provee una perspectiva diferente a la adoptada en las negociaciones para abatirlos. Es decir, en lugar de analizar el tema partiendo de la división entre países, distinguiendo las emisiones y compromisos de los países desarrollados y de los que están en proceso de desarrollo, o entre países del Norte y del Sur, o entre aquellos responsables históricos de las emisiones y los que lo serán en el futuro, etc., se presentan las responsabilidades de las grandes empresas emisoras dedicadas a la producción de hidrocarburos. Ello permite analizar el origen de las emisiones de GEI desde el lado de los productores, y lo que encuentran no es alentador: 100 empresas –de propiedad estatal, de capital público, y en menor medida de capital privado– fabricantes de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón), daban cuenta del 71% de emisiones industriales de GEI acumuladas entre 1988 y 2015. Las ocho primeras empresas que aparecen listadas de mayores a menores emisiones de GEI son:

1. China (Carbón);
2. Compañía de Petróleo de Arabia Saudita (Aramco);
3. Gazprom OAO (Rusia);
4. Compañía de Petróleo Nacional Iraní;
5. ExxonMobil Corp;
6. Coal India;
7. Petróleos Mexicanos (Pemex);
8. Rusia (Carbón).

Este estudio coincide bastante con otro muy reciente (The Guardian) que revela que sólo 20 grandes compañías petroleras son responsables de un tercio de todos las emisiones de GEI en el mundo, de las cuales 12 son estatales y están encabezadas por la compañía saudita (Aramco). Pemex ocupa el 9º lugar en esta lista.

Dichas empresas necesitan hacer una transición rápida hacia una menor producción de este tipo de combustibles y deben utilizar una tecnología menos sucia como la de CCUS (Carbon Capture, Use and Storage, por sus siglas en inglés), que captura, usa y almacena el carbono, reduciendo el impacto ambiental del uso de combustibles fósiles para la generación de energía y procesos industriales. A la vez, necesitan diversificar la producción hacia energías renovables con mucha urgencia.

Es difícil esperar que las empresas, especialmente las estatales o con capitales públicos, hagan las inversiones necesarias tanto para innovar tecnológicamente sus plantas con el fin de reducir emisiones o las diversifiquen significativamente hacia energías renovables, pues los ingresos públicos que provienen de sus industrias petroleras son importantes para el sustento financiero de sus países y prefieren orientar sus nuevas inversiones hacia sectores que les reditúen más económica y socialmente (muchas veces con fines políticos en mente). El caso más patente es Arabia Saudita, que no tiene ninguna meta clara de bajar ni producción ni emisiones hacia el año 2050. Pero tampoco se puede esperar cambios relevantes de las grandes empresas de hidrocarburos de Irán, de Rusia o de China. Incluso en México, todo indica que habrá una mayor indiferencia al problema de emisiones de Pemex, dándole preferencia a las inversiones destinadas al fortalecimiento de la industria de hidrocarburos tradicionales y la autosuficiencia energética, antes que a la generación de energía sustentable.

Algunas empresas de capital privado han actuado de forma drástica para preservar su producción. ExxonMobil, enlistada como una de las mayores compañías privadas de petróleo y gas del mundo, ayudó a formar la Coalición Global del Clima (1989-2002) para poner en duda la base científica del cambio climático e “hizo lobby” para que Estados Unidos no firmara el Protocolo de Kioto en 1998, y ha hecho diversas campañas para desinformar sobre la existencia del cambio climático (Scientific America). Sin embargo, no todas las empresas petroleras tienen un record tan negativo; por ejemplo, British Petroleum, no estatal, está invirtiendo en energías renovables desde hace muchos años y en distintas formas, por lo que en 2019 destinará $750 millones de dólares a actividades bajas en carbono, incluyendo energía eólica, solar y carga para vehículos eléctricos (NYT), pero ésta es más bien la excepción que la regla.

Frente a este panorama, es indispensable una reacción por el lado del consumo de energéticos. Sólo reduciendo drásticamente la demanda de energía proveniente de hidrocarburos, se puede inducir a todas las grandes compañías petroleras a reorientar su producción hacia fuentes limpias. Eso requiere compromisos de muchos tipos y ya hay indicios interesantes, pero que por ahora distan mucho de poder revertir la tendencia a la debacle. Entre las iniciativas asumidas en este sentido, vale la pena destacar que, ante la debilidad de los gobiernos nacionales para frenar las emisiones GEI, las ciudades del mundo han adoptado la iniciativa de avanzar en esta ruta, poniendo en 2020 el límite de tiempo para mostrar resultados alineados con los Acuerdos de París. La Cumbre C40 de Alcaldes de 94 ciudades que concluyó el 12 de octubre en Copenhague, promete resultados interesantes. Ya hay 30 ciudades que reducen en forma continua sus emisiones, siendo la más destacada Copenhague que ha disminuido en un 61% sus GEI desde 1991. Nótese que no hay una sola ciudad de países en desarrollo que forme parte de estas 30.

Por el lado de las empresas hay valiosas iniciativas como el Science Based Target Initiative que registra el proceso de emisiones de GEI mucho más allá de una empresa, es decir, considera toda la cadena productiva, comprometiendo a bajar sus emisiones en cada eslabón. También el RE100 (lanzado en 2014 en Nueva York) es destacable, pues las empresas miembro se comprometen a depender 100% de energía renovable a más tardar en 2050 y se está expandiendo a nivel mundial, con datos a la vista y evaluación anual de los avances.

Sin embargo, la acción de los consumidores y sus cambios de hábitos son indispensables para abatir las emisiones de GEI. Quizás las manifestaciones casi diarias de los jóvenes contra la “extinción del mundo” atraigan la atención de los usuarios de productos finales en el mercado (además de los gobiernos y las empresas). Pero los ciudadanos necesitan mucha más información sobre los problemas causados y sobre cuántas emisiones han sido emitidas por los productos que compran. Así como los alimentos tienen etiquetas sobre sanidad y seguridad, toda producción de todo tipo debería tener una medición de su huella de carbono y hacerla pública. Hacer esto es posible, habida cuenta de la tecnología que ya existe y que algunos ya lo hacen; por ejemplo, ya en 2012, 48% de los viñedos chilenos medían su huella de carbono.

Al mismo tiempo, estamos en plena Cuarta Revolución Industrial, en la que la computarización, la Inteligencia Artificial, la robótica, etc., están penetrando horizontalmente la economía y la sociedad, y su uso de energía es enorme y está creciendo. Pongamos un par de ejemplos. La tecnología de “blockchain” que permite manejar información en forma inviolable y que hizo posible la creación de las criptomonedas, se está generalizando para múltiples propósitos. Pero de acuerdo a un artículo muy reciente “si Bitcoin fuera un país hoy (el 07/01/19 con un uso de 47 TWh por año), se convertiría en el 53º país en consumo de energía anual; más que Iraq y menos que Singapur” (traducción propia). De otra manera, se calcula que esta tecnología produce el equivalente al CO2 de un millón de vuelos transatlánticos anualmente (The Guardian).

¿Esto lo saben los usuarios de bitcoin y aquellos que están empleando blockchain para muchos otros fines? Es indispensable que lo sepan y que, de mantenerse esa tecnología, se use en formas mucho más ahorradoras de energía.

Asimismo, los centros de información, que se supone se triplicarán en la próxima década,  que incluyen computación en la nube, almacenamiento de datos, material para streaming como Nelflix, servicios computacionales, Internet of Things, entre otros, podrían consumir más energía que toda la industria aeronáutica (The Guardian).

Los usuarios necesitamos saber cuál es la huella de carbono de los bienes y servicios que consumimos, incluyendo toda nuestra actividad electrónica. Con esta información los ciudadanos pueden actuar, aunque los demás protagonistas (de lo que está ocurriendo ambientalmente) lo hagan de manera lenta.

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La competencia es para perdedores. Si se quiere crear y captar valor duradero, hay que buscar construir un monopolio, Peter Thiel, Cofundador de PayPal y Palantir (WSJ, 2014, https://on.wsj.com/2kBwchp)  (traducción propia).

La tendencia de las empresas a coludirse fue identificada por Adam Smith como “conspiración contra el público”, aunque el creador del concepto de la “mano invisible”, confiaba en que la competencia del mercado anularía eventualmente estos contubernios (La Riqueza de las Naciones, Libro I, Capítulo X).

Hasta recientemente, la imagen más vívida del dominio de los monopolios era de fines del siglo XIX y principios del XX, cuando las grandes empresas de Estados Unidos como Standard Oil (el mayor refinador del mundo a principios del siglo pasado) tenían un gran dominio del mercado. En 1890 se promulgó la Ley Antimonopolios de Estados Unidos: el Sherman Antitrust Act, que sigue vigente y que prohibe los acuerdos colusorios y prácticas monopólicas abusivas. Standard Oil tuvo que desmembrarse en 34 empresas diferentes en 2011 al aplicársele la Ley Sherman. Esta última fue complementada por el Clayton Act de 1914, cuya principal finalidad era evitar que las fusiones y las adquisiciones de empresas redujeran la competencia en los mercados y también para impedir prácticas como la de discriminación de precios entre distintos clientes.

Todas las formas de prácticas monopólicas, las horizontales o absolutas, las verticales o relativas, se han investigado sobre todo mediante la métrica de los precios de bienes y servicios. Si éstos suben inexplicablemente, es una posible señal de colusión entre empresas del mismo ramo (prácticas horizontales), perjudicando a los consumidores. O bien pueden ocurrir prácticas monopólicas verticales, en que una empresa controla varios segmentos de la producción y distribución, lo cual puede dar lugar a discriminar empresas proveedoras, condicionar contratos, entre otras prácticas. Las fusiones y adquisiciones, que concentran el mercado, también son materia de escrutinio y se admiten o rechazan, en parte con estos parámetros. Si la empresa consolidada sube sus precios, ello es indicio de una práctica no competitiva y de ineficiencia (menor producción y mayores precios de lo que ocurriría en un mercado competitivo).

Hoy el panorama del poderío de las grandes compañías como resultado de la Revolución Digital y de la Inteligencia Artificial ha cambiado enormemente. Las mayores empresas a nivel mundial en agosto de 2019, de acuerdo a su capitalización en el mercado, eran Microsoft, Apple, Amazon.com Inc., Alphabet Inc (de la cual ahora forma parte Google) y Facebook Inc. (Global Finance, http://bit.ly/2lD8Ubg). Sin duda, estas empresas han contribuido en hacer innovaciones importantes que facilitan la comunicación en redes sociales, agilizan el acceso de consumidores a mercados de bienes y servicios más amplios, frecuentemente más económicos, y ofrecen servicios valiosos antes inexistentes (geolocalización como Waze, transporte como Uber, streaming como Netflix, hospedaje alternativo a hoteles como Airbnb y acceso a videos como YouTube, entre muchos otros).

Muchas de estas empresas operan a través de plataformas digitales, que tienen varias modalidades (véase Repensar la Competencia en la Economía Digital, COFECE, 2018):

• Modelo de suscripción, donde hay dos partes involucradas, es decir, la empresa que ofrece un servicio y los usuarios que se suscriben a ella, lo que les permite hacer uso de tal servicio (películas, música, libros, juegos, etcétera), como en el caso de Netflix o Spotify. Estos se pagan directamente, o bien es gratuito, pero el usuario es sujeto a publicidad intermitente;
• Modelo de anuncios, en el que el usuario recibe un servicio gratuito y la empresa se financia casi exclusivamente a través del pago de publicidad (Facebook);
• Modelo abierto, una empresa digital pone en contacto a través de Internet a proveedores y consumidores de bienes y servicios como Amazon, o a compradores y vendedores que desean usar sistemas de pagos de tarjetas de crédito, como American Express, entre otros.

Los mercados de plataformas digitales tienden a masificarse en forma casi natural y se benefician de los efectos de redes. Es decir, cuantos más proveedores puedan atraer empresas como Amazon, más compradores procurarán este sitio de Internet y viceversa. Lo mismo sucede con Facebook o Instagram, pues cuantas más personas usan estos servicios, más usuarios atraen, porque justamente el atractivo de estas páginas web es poder ponerse en contacto con el mayor número de personas posible.

Estas empresas han logrado una gran concentración de mercado. Amazon, por ejemplo, cubre el 40% de las compras en línea en Estados Unidos y en algunos países Google procesa alrededor del 90% de las búsquedas en la web. Además, Facebook y Google reciben cerca de dos tercios de los ingresos generados por la publicidad en línea en Estados Unidos (The Economist, 18/01/2018).

Estos mercados funcionan con lógicas muy diferentes a los mercados tradicionales. En primer lugar, los sistemas de redes masivas y lo atractivo de ellas, justamente por contar con masas críticas de proveedores y usuarios, explican en buena parte el enorme tamaño de estas empresas y eso dificulta la entrada de nuevos competidores. La innovación misma puede generar un solo oferente en el mercado, el que ha hecho una innovación, y aprovechar su dominio en él. En ese caso, al crear un servicio totalmente original conduce a que el “ganador se lo lleva todo”, como es el caso de Google, que aún tiene exclusividad en muchas de sus actividades. Estas compañías también hacen uso de herramientas más tradicionales al crear fuertes barreras de entrada una vez que dominan el mercado, como dificultar la mobilidad de un cliente hacia otras compañías. Un ejemplo de ello es la incompatibilidad expresamente ideada para que las aplicaciones iOS de Apple no funcionen en Android.

La lógica de competir a través de precios está profundamente trastocada. Hay muchas compañías que actualmente ofrecen sus servicios de forma gratuita, entre las que están las funciones de búsqueda, las plataformas de noticias, las aplicaciones móviles, la compra de boletos de avión, los sistemas de navegación con mapas, entre otras. Esta gratuidad es más que compensada por los ingresos que reciben las empresas tecnológicas por parte de las de publicidad. En los “mercados de varios lados”, en los cuales las plataformas interconectan compradores y vendedores, dichas plataformas están en condiciones de imponer distintos cobros a los diferentes segmentos de mercado. Por ejemplo, pueden ofrecer gratuitamente un producto a los usuarios finales para atraerlos a la plataforma y, en compensación, pueden exigir una comisión muy alta al oferente del bien o servicio. Es casi seguro que el lado del mercado perjudicado aceptará estas condiciones porque los consumidores utilizan intensivamente la plataforma en cuestión (caso de las tarjetas de crédito). Nótese que en uno o más lados de la plataforma en que el precio es 0, la competencia cambiará de naturaleza y no será a través de precios, sino de otros elementos como calidad y diversidad del producto o servicio.

Sin embargo, la complejidad de estos mercados es mayor de lo que parece porque el precio 0 para los consumidores no es tal, ya que hay costos no monetarios que se intercambian, como la información sobre el usuario y la atención que éste presta a la publicidad que se le remite. Al revelar su información personal, como condición para acceder a las plataformas digitales, el usuario genera la mayor fuente de valor para las gigantes tecnológicas. Estos datos recabados por Facebook, Amazon, Google, etc., los venden a las empresas de publicidad y eso les permite a éstas dirigir la publicidad en forma muy precisa a cada uno de los usuarios, todo ello facilitado por la tecnología de Big Data. Este proceso refuerza el poder de las grandes empresas digitales y restringe las posibilidades de acceso a las empresas que no cuentan con esta cantidad de información. Es decir, el volumen de información que logran recopilar estas empresas es de por sí una barrera de entrada para otras.

Pero este proceso no termina allí, pues con frecuencia estas plataformas digitales que originalmente eran sólo intermediarias entre proveedores y consumidores crecientemente producen bienes y servicios que compiten con los de los proveedores, para los cuales las plataformas eran sólo intermediarios. Por ello, promueven sus propios productos muy similares o idénticos a los de las empresas que eran sus clientes, a través de publicidad (nada neutral), desplazándolas del mercado. Una práctica totalmente anticompetitiva.

Más aún, con la información detallada recabada de los clientes, estas plataformas tecnológicas logran hacer una discriminación de precios muy precisa entre los usuarios. Conociendo edades, género, domicilios, posibles niveles de ingreso, etc., cobran distintos precios por los mismos productos o servicios, práctica prohibida por las leyes de competencia. Por ejemplo, si las empresas saben que un cliente no tiene competencia en el barrio donde vive, le cobran más caro que a aquellas que sí tienen lugares cercanos donde adquirir el producto o servicio (Stiglitz, 2019, http://bit.ly/2lHEZP8).

Otra manera en que las grandes empresas tecnológicas aumentan su poder de mercado es a través de la compra de sus competidores o potenciales competidores. Su gran poder económico les permite adquirir startups innovadoras que eventualmente podrían crecer, convirtiéndose en competencia, pero al asimilarlas, ese peligro se descarta. Pero también las grandes se adquieren entre sí en una carrera por la expansión del universo de usuarios y aprovechamiento de mayores bases de datos. El ejemplo reciente más notable es la compra de WhatsApp, Messenger e Instagram por parte de Facebook, la cual pagó el equivalente al 19% por WhatsApp (BuzzFeed News, http://bit.ly/2lE63Pt). Esto le permitirá la transmision de mensajes entre plataformas y enviar publicidad a los clientes a través de todas ellas y convertirá su universo de clientes en una red mucho más amplia e interconectada y a la vez más difícil de romper (BBC, 2019, https://bbc.in/2lKEXpA).

No quedaría completa la visión del poder de mercado de las grandes compañías tecnológicas si no viéramos la acción de varias de ellas como monopsonios. El poder monopsónico se aprecia, por ejemplo, en la capacidad de forzar a los proveedores a reducir sus precios, ayudando a estas compañías a ser más competitivas en los mercados pero a costa de las pérdidas en las empresas que proveen insumos. Éste es el caso de Amazon, por ejemplo, que ha logrado gran presencia en el mercado de libros y, contraintuitivamente, y a pesar de ello, no han subido los precios, sino que han bajado, especialmente en lo que se refiere a libros electrónicos y audiolibros. Amazon lo ha conseguido presionando a las empresas editoriales a las que les exigen reducción de precios constantemente, lo que pone en peligro su existencia misma. Si las editoriales se reúsan, sufren una serie de medidas en su contra que reducen sus ventas, como en el caso de Hachette, que ha sido una de estas víctimas (Digital Power Foundation, 2018, http://bit.ly/2kqWYJA). Este dominio se refuerza con medidas que tienen que ver con la propiedad intelectual en cuyas reglas revisadas han influido estas grandes empresas. Una muestra de ello es la extensión reciente de los derechos de autor a 70 años posteriores al fallecimiento de los autores.

El desafío actual para las autoridades de competencia es enorme. Ante la concentración cada vez mayor de los mercados, como menciona Stiglitz (2019, http://bit.ly/2kuW9PZ), parece que “los desvíos de la competencia son más bien la norma que la excepción”, actualmente. A ello contribuyen varios factores, siendo de suma importancia el uso de información personal privada que hacen las grandes compañías tecnológicas para dominar mercados, ampliarlos y crear barreras a la entrada de posibles competidores. Debe haber un trabajo colaborativo entre las autoridades de competencia y aquellas que supervisan la privacidad de los datos personales para evitar la manipulación y mantener cautivos a los usuarios de plataformas, tanto de proveedores como de consumidores. Las autoridades de competencia, además, tendrán que afinar sus técnicas para detectar cómo controlan los mercados estos monopolios cuando en apariencia todo está en regla, es decir, se ofrecen en él productos baratos o incluso gratuitos.

Las autoridades de competencia difícilmente pueden manejar las situaciones en que las empresas incumbentes usan precios 0, pues ello sería indicio de la ausencia de intercambio de productos (John M. Newman, 2015. http://bit.ly/2m7Kjvt). Tampoco es fácil para las entidades investigativas comprobar la discriminación de precios que estas empresas efectúan a nivel muy micro, ni la falta de interoperatibiliadad de todos los programas que manejan las distintas firmas entre plataformas (caso Microsoft) para segmentar el mercado. El contar con mayores recursos para hacer sus investigaciones es una necesidad imperiosa para las autoridades de competencia, mientras que el desarrollo tecnológico para detectar las nuevas prácticas anticompetitivas también lo es.

Por tanto, resulta imperativo que las autoridades dispongan de mayores recursos para hacer investigaciones, al igual que desarrollar tecnologías para detectar las nuevas prácticas anticompetitivas.

Lectura: 8 minutosEl cambio acelerado en el mundo del trabajo como consecuencia de la revolución digital y la inteligencia artificial es un tema recurrente y ya no muy novedoso. Percibimos claramente que hay nuevas profesiones y nuevas especialidades técnicas que no existían, como los expertos en big data, los desarrolladores de aplicaciones híbridas (Apps), los expertos en ciberseguridad, los especialistas en bioimpresión en 3D, entre muchas otras.

Sin embargo, hay un mundo nuevo de actividades atomizadas que son mucho menos visibles que las anteriores, pero que están dando forma a un enorme y dinámico mercado de trabajo de ocupaciones vinculadas a las plataformas digitales, o la economía gig (o “economía de los pequeños encargos”). Las plataformas digitales o las aplicaciones móviles (Apps) operan como intermediarias en el Internet, obteniendo beneficios por vincular a contratistas y a las personas que pueden llevar a cabo tareas específicas.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) distingue dos componentes en este mercado: uno conformado por plataformas de trabajo digital que operan dentro de la web y que reúne la labor de individuos dispersos en todo el mundo (crowdwork o “trabajo en grupo”) para hacer microtareas (por ejemplo, Amazon Mechanical Turk, Samasource, Crowdflower), y el otro está vinculado a las Apps que se enfocan en un área geográfica específica dentro de la cual los trabajadores contratados proveen servicios muy diversos (se necesitan individuos que puedan manejar vehículos, transportar personas, repartir comida, realizar encargos, proveer alojamiento, pasear perros o limpiar casas (Uber, Cabify, Uber Eats, Rappi, Airbnb, Taskrabbit). En general, las tareas llevadas a cabo en esta economía gig no requiere de gran preparación, pues las actividades demandadas son en su mayoría básicas y repetitivas. En otro nivel, también se busca a personas freelance mediante otras plataformas (Freelancer, Info Jobs Freelance, Upwork, entre otros) para hacer trabajos de mayor envergadura, por mayor tiempo, tales como servicios profesionales y tareas técnicamente más complejas, que son más parecidos a empleos tradicionales, al menos en el tipo de trabajo que realizan.

El Instituto McKinsey en su estudio “Un mercado laboral que funciona: Conectando talento y oportunidades en la era digital”, de 2015, ofrece una visión muy optimista de esta nueva forma de empleo. Plantea que entre 30 y 45% de la población mundial está desempleada, inactiva o trabajando tiempo parcial y estima que para 2025, 540 millones de personas podrían beneficiarse de las plataformas de talento en línea (https://mck.co/2YNVE5G). En realidad, la información estadística de esta actividad es muy difícil de recopilar pues no se recoge en las encuestas nacionales laborales o de hogares, ni existe forma de obtenerlas de todas las plataformas digitales mundiales, pero hay indicios de que crece a un alto ritmo. Un estudio de Merrill Lynch de 2018 atribuye la pronunciada caída del desempleo en la Zona Euro desde 2013 a la creación de nuevos empleos atípicos como aquellos obtenidos a través de Internet (https://on.ft.com/31lVDDu).

Para ver las entrañas de este nuevo mercado laboral, el de microtareas, el estudio de la OIT (2019) “Las plataformas digitales y el futuro del trabajo: Cómo fomentar el trabajo decente en el mundo digital” es muy útil (http://bit.ly/2YAVGOa). Esta investigación se llevó a cabo entre 2015 y 2017, período en el que se hicieron dos encuestas a 3,500 personas en 75 países, que han trabajado en una o más de cinco grandes plataformas digitales escogidas: Amazon Mechanical Turk (AMT); CrowdFlower y Microworkers, de Estados Unidos; Clickworker de Alemania; y Prolific del Reino Unido. Las encuestas fueron complementadas con entrevistas y otros estudios cualitativos realizados por investigadores del sindicato alemán de trabajadores IG Metall.

Las ventajas evidentes de este tipo de trabajo, como muestra este estudio, es la flexibilidad que ofrece respecto del horario; el poder trabajar desde casa, favoreciendo aquellas personas que tienen responsabilidades de cuidado en su hogar; a las que quieren complementar sus ingresos con un trabajo adicional; así como aquellas que tienen alguna discapacidad que les dificulta la movilidad.

Las condiciones laborales, sin embargo, recuerdan algunas de las pesadillas de los trabajadores durante la revolución industrial de fines del siglo XIX, especialmente por no poder influir sobre las condiciones negativas de su actividad, pero en el contexto de la más avanzada tecnología. La gestión de estos trabajos se hace casi enteramente por algoritmos (contrato, supervisión, evaluación y pago), cuya naturaleza es desconocida para los trabajadores. Todas las condiciones están predeterminadas en un contrato generalmente escrito en forma compleja y que tienen que aceptar o rechazar sin que haya posibilidad de negociación. El personal es considerado como proveedor de un servicio, es decir, no es un empleado propiamente tal y no tiene derecho a protección social (seguro de salud, o de accidentes, jubilación, etc.). Si es que los trabajadores de las plataformas cuentan con tal protección, según el estudio de OIT, es gracias a otro trabajo fuera de Internet, a empleos de sus familiares o a programas públicos.

Muchas de las pequeñas tareas asignadas a grandes grupos de personas son aquellas que la inteligencia artificial no está aún en condiciones de hacer. Entre otras actividades, de acuerdo al mismo estudio, están la categorización de imágenes y productos, etiquetado, análisis de opinión, moderación de contenidos, encuestas de investigación, reacciones a campañas de marketing, datos para la capacitación de inteligencia artificial, investigaciones en Internet, evaluaciones sobre la calidad de videos, transcripción de documentos, de videos y audios, responder a encuestas, entre otros.

Del listado anterior, hay actividades cuya finalidad es muy clara, como etiquetar miles de fotografías en un lapso muy corto de tiempo, pero hay otras microtareas cuya legitimidad es dudosa y que no pasarían fácilmente las normas o leyes de un país en particular. Estas pueden hacerse sin mayor problema a nivel supranacional, porque no hay legislación que les aplique límites. Por ejemplo, lo que se llama “consulta de contenidos” está explícitamente diseñado para generar un tráfico artificial a ciertos sitios web para promover algunos productos y servicios. Lo mismo puede ocurrir con las investigaciones de mercado, pues a los trabajadores se les puede solicitar su opinión sobre la calidad de productos o servicios recibidos sin que sean realmente usuarios de ellos. También pueden ser contratados para escribir reseñas imaginarias, según los lineamientos recibidos, sobre lugares diversos como restaurantes u hoteles que nunca han visitado. Es decir, se contrata a gente, en principio honesta, para realizar microtareas cuya ética es muy cuestionable.

La actividad de “moderación de contenidos” también presenta serios problemas pues requiere que los trabajadores analicen y filtren una gran cantidad de textos, imágenes y videos que se exhiben en sitios web, de acuerdo a criterios predefinidos para eliminar aquellos que pueden ser ilegales o inmorales en los lugares geográficos donde se muestran. Ésta no es una actividad cuestionable en sí, pero somete a los trabajadores contratados a un gran estrés. Los contratados no tienen entrenamiento para realizar esta labor, ni soporte psicológico, por lo que, además, la calidad de su intervención da resultados muy pobres.

Una vez concluida la tarea asignada, las personas contratadas en estas diversas microtareas son evaluadas por un algoritmo. Si la evaluación es negativa, no se le paga y queda registrado su mal desempeño que eventualmente puede impedirle acceder a otros trabajos de este tipo. Las posibilidades de discutir estas circunstancias y obtener una revisión de la evaluación es prácticamente nula. El trabajo de la OIT señala que “Casi nueve de cada diez encuestados señalaron que su trabajo había sido rechazado o que algún cliente se había negado a pagarles. De este grupo, apenas el 12 por ciento afirmó que estos rechazos eran justificados”.

Otro problema que presenta este tipo de trabajo es que no paga realmente todo el tiempo que le dedica el trabajador para una completar una tarea (por ejemplo, necesita prepararse para ella leyendo instructivos, tomar breves descansos, revisar). Entonces, el trabajador realiza un trabajo remunerado y otro no remunerado. Los salarios son bajos en el universo de la encuesta: en 2017, la tarifa horaria promedio era de US$4,43 dólares considerando únicamente el trabajo remunerado pero se reducía a US$3,31 si se tomaba en cuenta también el trabajo no remunerado. En general, ni siquiera se paga el salario mínimo nacional, que es el caso de dos tercios de los trabajadores de la plataforma de Amazon Turk de Estados Unidos. La situación de los trabajadores alemanes en Clickworker era similar. La remuneración promedio a los trabajadores de los países en desarrollo contratados a través de las mismas plataformas es considerablemente menor para hacer iguales tareas y hay actividades como revisión y creación de contenido, mejor pagadas, que sólo se ofrecen a personal en Estados Unidos. Es decir, este sistema laboral reproduce las desigualdades salariales a nivel mundial que existen. La falta de regulación laboral a nivel supranacional permite a las empresas contratistas pagar menos de lo debido, pero también el costo adicional de la intermediación por parte de las plataformas debe incidir sobre estos bajos salarios.

Los reducidos niveles de ingreso descritos para el promedio de los trabajadores de plataformas digitales son preocupantes porque para 56% de los encuestados el principal ingreso individual provenía de esta actividad (en 2017). Considerando el panorama presentado anteriormente, sorprenden los altos niveles de preparación de los trabajadores de las plataformas estudiadas por la OIT. La cuarta parte de estos trabajadores contaban con certificado técnico o tenían alguna educación universitaria, mientras el 57% tenían título universitario o de posgrado. Un agravante del cuadro presentado es que las personas dedicadas a las microtareas no sólo no tienen ninguna garantía de continuidad en el trabajo, sino que no pueden progresar profesionalmente por esta vía pues no hay posibilidades de ascenso, de capacitación para mejores trabajos, de mejorar su currículum, etcétera.

Por lo pronto hay que considerar que estamos en la etapa más incipiente de la adopción de medidas para reducir la vulnerabilidad y subvaloración de los empleos descritos. La Unión Europea acaba de aprobar nuevas reglas para proteger a los trabajadores de la economía gig y otras muy vulnerables (16/04/2019). Esta ley exige a los contratistas informar los aspectos esenciales del trabajo al empleado desde el primer día, incluyendo: fecha de inicio y pago; cuál será el estándar de trabajo diario; monto de compensación si se cancela el trabajo a última hora; compromiso de exigir sólo un período de prueba de máximo seis meses; y permitir al empleado tener otros trabajos, prohibiendo, por tanto, las cláusulas de exclusividad (https://bbc.in/2GUdmtN). Éste debería ser un punto de referencia importante para todos los países, incluyendo México. Hay iniciativas importantes que están ayudando a los trabajadores de la economía gig a conocer mejor a sus contratistas y evaluarlos, entre otros, Turkopticon vinculado a AMT; o bien, establecen códigos de conducta voluntarios, como en Crowdsourcing de Alemania; incluso algunas plataformas junto con IG Metall, han creado instancias de defensorías donde los afectados pueden llevar casos de disputas con operadores de plataformas.

Ya existen reacciones de inconformidad manifiesta a las plataformas digitales. Google reaccionó a fines de marzo de 2019 anunciando que requerirá a las empresas que contratan personal a través de su plataforma que paguen por lo menos US$15 por hora y que den protección de salud a los trabajadores. Asimismo, las nuevas reglas de Google exigirán a terceras compañías que usan su plataforma laboral, dar 12 semanas de permiso de maternidad o paternidad y US$5,000 de reembolso al año de matrícula para estudios que permitan a los trabajadores adquirir nuevas destrezas.

En un país como México donde sólo 17 de cada 100 jóvenes que no estudian tienen un salario suficiente para vivir (BID) y donde está creciendo la economía gig, aunque se desconoce su tamaño, es muy importante que se establezcan derechos básicos para estos trabajadores.

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No podemos negar las grandes ventajas que obtenemos del Internet y el costo de exponernos un poco puede parecer intrascendente: nos proporciona correo electrónico gratuito, contacto de voz directo, navegación con múltiples buscadores sin costo alguno, acceso a documentos, periódicos, mercados, conocimientos que pueden mejorar nuestra salud, nuestra educación, nuestro esparcimiento, o bien asegurarnos la comida a través de Uber Eats cuando sólo tenemos media hora de tiempo para comer en la oficina.

El problema está en que con sólo proporcionar nuestro número de celular o nuestro correo electrónico abrimos un canal expedito para que pueda reunirse una cantidad inverosímil de información personal de la que uno no está consciente. Y eso sólo es parte de lo que recaban las empresas, pues una vez adentro de las páginas como Facebook, todas las expresiones de “me gusta” o la propia navegación que uno realiza en Google, arroja una enorme cantidad de información sobre nuestros intereses y necesidades. El perfil nuestro que emana de estos inocentes actos, fáciles y rápidos, si es compartida entre la empresa que la capta y otras, que pueden usarlos comercialmente o de otras formas, se convierte en un búmeran. La información que proporcionamos tiene valor y es la materia prima de la existencia misma de Internet y ésta se nos regresa en forma de una metralla de publicidad cada vez más personalizada, pues conocen nuestras preferencias (y de ella derivan muchos de sus ingresos los gigantes tecnológicos como Google, Amazon, Facebook, y otros). Pero el uso de nuestra información personal para nutrir la publicidad que recibimos es sólo una parte del búmeran, en realidad es la más inocua. En cambio, el uso de nuestra información puede ir en nuestra contra en formas mucho más peligrosas.

Prueba de ello es el escándalo de Cambridge Analytica (CA), ya conocido por muchos, que terminará en la imposición de una multa de 5 mil millones de dólares a Facebook por parte del Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos, si es ratificado por el Departamento de Justicia, por la violación a la privacidad de los datos personales de ¡87 millones de personas! Estos datos fueron utilizados para influir sobre las preferencias electorales en Estados Unidos (las que favorecieron a Donald Trump). La minería de datos de esa enorme fuente de información permitió a CA enviar mensajes personalizados y distorsionantes a los votantes americanos, haciendo uso de información muy delicada, incluyendo el perfil psicológico de la población meta. Este tipo de manejo puede poner en peligro el sistema democrático mismo de los países que lo tienen, o bien puede reforzar el control que ejercen gobiernos autoritarios sobre su población, como es el caso de China. Considerando el avance acelerado de la inteligencia artificial, el control de la mentalidad de la humanidad puede llegar a hacer realidad la ciencia-ficción si no se llega a acuerdos globales sobre estos delicados asuntos (véase el libro de Max Tegmark, Life 3.0, por ejemplo).

Se necesita, por tanto, una vigilancia mucho mayor, un marco legal adecuado y acciones más fuertes contra el abuso de los datos personales de estas grandes compañías. La pregunta es si estamos a tiempo o no de parar la transgresión de la privacidad. El poder de estas empresas es inmenso; cada día más de dos mil millones de personas utilizan Facebook o alguna de las otras empresas que posee, Instagram, WhatsApp o Messenger, es decir, ¡la cuarta parte de la humanidad, y sigue creciendo! (CNBC, https://cnb.cx/2Z0EQ8s).

Por ello Facebook no se esmera en cumplir con sus acuerdos de protección de datos. La FTC ya había sancionado a Facebook en 2012 por engañar a sus usuarios sobre el uso de su información privada, tras lo cual la empresa se comprometió a proteger mejor la privacidad de sus clientes, cosa que evidentemente no cumplió, según la nueva investigación de la FTC.

La multa impuesta, la más grande que se haya aplicado a una compañía de este tipo, si bien parece enorme, en opinión de muchos es inocua, dado que los ingresos en 2018 de Facebook fueron de casi 56 mil millones de dólares. Además, el acuerdo negociado al que llegó la empresa con la FTC no limita mayormente su capacidad de seguir captando la información de los usuarios ni de compartirla con otras empresas. La debilidad de la sanción se percibe claramente en que el precio de las acciones de Facebook subió en más de 1% cuando la inminente multa se hizo pública (The Guardian, bit.ly/2JKIYmn).

Sin embargo, el escándalo de CA que salió a la luz pública en 2016 prendió los focos rojos en una buena parte del mundo y ha habido una oleada de investigaciones específicas dirigidas a la forma de operar de Facebook y de otros gigantes tecnológicos, así como numerosas nuevas legislaciones que tratan de evitar el abuso en el uso de la información personal.

Una de las iniciativas más importantes fue la Regulación General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR, por sus siglas en inglés), que el 25 de mayo cumplió un año en vigor. Ésta es una disposición que se aplica uniformemente en los 28 países de la Unión Europea (UE). Todas las compañías que operan en esa región deben cumplir con la normativa, independientemente de dónde esté su base geográfica.

Las nuevas regulaciones son considerablemente mejores que las que existían y las autoridades tienen la potestad de aplicar multas de hasta 20 millones de euros a una empresa o hasta el 4% de sus ingresos mundiales. Los usuarios tendrán mucho más control de su información, pudiendo saber cuál es la que maneja cada empresa, trasladándola de una red social a otra si lo desean, o bien decidiendo borrar toda su información, entre otras facultades. Además, las políticas de privacidad tendrán que ser escritas en un lenguaje claro y directo para que todos puedan entenderlas y los robos o filtraciones de información tendrán que ser informadas a los usuarios afectados en un máximo de 72 horas desde que se descubran (Comisión Europea, http://bit.ly/2LpbY6E).

A un año de haberse firmado el GDPR, los resultados parecen inciertos. La Unión Europea ya tiene bastante experiencia en los desacatos de las empresas del Silicon Valley. Las autoridades habían aplicado anteriormente diversas sanciones a esas compañías por violar las leyes antimonopolio y las de impuestos, entre otras. Pero el abuso en el uso de información privada por parte de estas compañías significa un desafío muy grande. Ello especialmente para Irlanda, donde está la sede en Europa de compañías como Airbnb, Apple, Facebook, Google, Twitter y Microsoft (NYT, https://nyti.ms/2YQaSnn). Helen Dixon, la comisionada para la protección de datos en ese país tiene toda la intención de hacer valer las nuevas normas, pero está a la cabeza de una agencia que maneja un presupuesto anual de sólo 7.5 millones de euros. “Eso es aproximadamente el ingreso que el conjunto de las compañías que ella supervisa genera en 10 minutos” (NYT, https://nyti.ms/2YQaSnn). Es claro que los recursos que manejan empresas como Facebook, para contratar equipos de abogados especializados en protección de datos para defenderse ante las nuevas leyes, constituyen un verdadero reto para estas autoridades.

Es innegable que las nuevas disposiciones han surtido cierto efecto. En este primer año, más de 375,000 empresas han registrado un Delegado de Protección de Datos (DPO, por sus siglas en inglés) en cinco países europeos, especialmente Alemania, los cuales se ocuparán de la protección de datos personales que se manejan en sus respectivas entidades; hubo también 89,000 notificaciones de transgresión de datos a las agencias de protección de datos en toda la UE; y una aplicación de multas por 56 millones de euros en la región (cifra muy modesta comparado a la multa a Facebook de la FTC), entre otras medidas (International Association of Privacy Professionals, IAPP, http://bit.ly/2YWInnW).

A nivel global, desde 2016, alrededor de 43 naciones han legislado o regulado el uso de información privada en las redes sociales. En Estados Unidos no existe una ley federal de protección de la información (aunque ya se habla de esa posibilidad), pero hay iniciativas muy importantes como la California Consumer Privacy Act de junio de 2018 que, al igual que el GDPR, dará el derecho a las personas de conocer la información que sobre ellas tienen las empresas y qué uso hacen de ésta, además de que a partir de 2020 podrán pedir que se borren sus datos y que se prohíba la venta de ellos a otras compañías.

Cuando se toma en cuenta esta nueva ola de disposiciones en muchos países, incluyendo varios en vías de desarrollo como la India o Brasil, algunos analistas perciben que lo que enfrenta Facebook es sólo el comienzo de una gran batalla contra el abuso de datos y que la multitud de demandas que ya comienza a enfrentar puede inhibir su forma de proceder actual.

México cuenta con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP) desde 2010 y el INAI (Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos) es la encargada de su aplicación. Este marco es considerado más débil que aquel que tienen Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Brasil (GLA Piper, http://bit.ly/2JDaFP2). El IFAI tiene la facultad de aplicar multas (no significativas para los gigantes tecnológicos) e incluso hay penas de cárcel para aquellos que vendan bases de datos. Si bien no puede seguirse procedimientos en contra de empresas internacionales que no tengan filiales en México, sí puede hacerlo para las que las tienen. Ése es el caso del procedimiento iniciado por dicha institución contra la filial mexicana de Google Inc., en enero de 2015 por no responder a la solicitud legítima de un usuario de cancelación de sus datos personales, y también otro contra el propio Facebook en 2018 por la posible afectación de CA sobre los usuarios de Facebook en México. El potencial de la protección de datos en México es importante, aunque los recursos del INAI para ello son pocos y no hay conciencia aún de la importancia de este tema entre los ciudadanos.

Como hemos visto, los instrumentos de los que dispone el público para defenderse del mal uso de la información que se recaba vía electrónica, aunque aún muy insuficiente, se han multiplicado y afinado. Pero, al final de cuentas, somos los ciudadanos los que tenemos que hacer uso de ellas para asegurarnos que podemos seguir siendo nosotros mismos, sin ser utilizados, manipulados o abrumados por la avalancha de información, desinformación y publicidad de la que somos blanco.