El Apunte Global

Tiranía, mérito y universidad

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“El acceso a la educación superior es el último de los prejuicios aceptables”, sentencia Michael Sandel en su indispensable libro La Tiranía del mérito: Qué ha sido del bien común.

Se refiere a que, si antes la discriminación giraba en torno al color de la piel, el origen étnico o incluso la orientación sexual –prejuicios que, por supuesto siguen presentes, pero son inaceptables social y jurídicamente–, ahora la discriminación “aceptable”, legitimada por la narrativa del mérito es el credencialismo: los que tienen acceso a la universidad y a la globalización –las élites educadas–, frente a los que han quedado fuera de la modernidad.

Empero, hay una diferencia fundamental entre ambos tipos de prejuicios. En el primero es absurdo culpar a la gente de su origen étnico o color de piel; sin embargo, en el segundo, quienes no han accedido a estudios superiores, dice la narrativa meritocrática, es porque no quieren, o bien, porque no son suficientemente inteligentes. En otras palabras, son culpables de su fracaso.

meritocracia
Imagen: Aikee Vergara.

En esa falsedad consiste la tiranía del mérito. En alimentar el mito de que la gente exitosa lo es porque lo merece y, en consecuencia, la gente excluida lo es porque no se ha esforzado lo suficiente. Afirmar lo anterior es no reconocer que el privilegio también se hereda.

El mérito y la cultura del esfuerzo explican en mucho el desarrollo, cierto, pero pensar que “nos hemos hecho solos”, que la suerte y circunstancia no han jugado un papel fundamental en explicar el éxito o el fracaso, es un mito muy peligroso. El origen social tiene mucho que ver con el destino, por más que la literatura motivacional nos diga lo contrario.

Algunos botones de muestra. Según datos de la ANUIES, en su informe “Visión y Acción 2030 (2018), sólo 8.3% de la matrícula total en educación superior proviene del quintil de ingresos más bajo. En Estados Unidos, sólo 5% de los estudiantes de las universidades “Ivy league” provienen de familias de ese quintil más bajo.

Por su parte, el COLMEX, en su informe “Desigualdades en México” (2018), señala que sólo 2% de los hijos nacidos en hogares del quintil de ingresos más bajo logra escalar en su vida adulta al quintil más alto. México sigue siendo uno de los países más desiguales y con una de las tasas de movilidad social más bajas en el mundo.

¿Cuáles son las perniciosas consecuencias del mito meritocrático? Que a los ganadores los hace arrogantes y a los perdedores los humilla. Esto, afirma Sandel, explica la polarización social del Brexit o del trumpismo. Es terreno fértil para los populismos.

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Imagen: Conclusión.

Aquellos que logran ingresar a la universidad, de acuerdo con Sandel, desarrollan inconscientemente un sentido de superioridad sobre aquellos que no pudieron ingresar. Atribuyen su éxito a una cuestión meramente de capacidad personal, cuando en realidad otros factores fuera de su control determinaron en gran medida el hecho que hayan podido acceder a estudios de nivel superior.

“El acceso a la universidad no debe ser el único camino para tener una vida decente y respetable”, concluye Sandel, “sino que debemos recuperar la dignidad del trabajo para todos”. Tiene razón. Incluso en Estados Unidos, 64% de la población no cuenta con título universitario. En México es el 80%.

La meritocracia tiene pues un lado obscuro. Las universidades tenemos mucho por hacer para mesurar sus excesos, para formar estudiantes sensibles y empáticos con los menos afortunados. Nadie se hace solo.


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La prioridad de Biden: Controlar el virus

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“Para reactivar la economía –y la educación– primero se debe controlar al virus”. Este axioma, una obviedad, ha sido repetido hasta el cansancio por organismos y líderes internacionales. Muchos países lo han tomado en serio (Corea, Vietnam, Japón, Alemania), otros no (EE.UU., Brasil, México).

La prioridad número uno del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es precisamente controlar al virus (oh sorpresa). Vienen cambios radicales en la política sanitaria de aquel país, con impactos inevitables para México, algunos inmediatos, otros de más largo aliento.

Estados Unidos y México son dos de los países que peor han manejado la pandemia. Los vecinos del norte, con 4% de la población mundial representan 20% de las muertes. México, con 1.6% de la población reporta 7% de los decesos globales (esta cifra, como lo ha reconocido el Gobierno Federal, está sub-representada, incluso el INEGI apunta que podría ser hasta 44% mayor). Si sumamos los lamentables decesos en EE.UU., México y Brasil, estos representan 37% del total mundial por COVID-19.

manejo de la pandemia
Imagen: Tech Rev.

Con Trump hubo un acuerdo tácito para mantener medidas laxas, un neoliberalismo epidemiológico: Dejar hacer, dejar pasar. Que la pandemia se autorregule, que se infecten los que se tengan que infectar. No hubo mandatos para usar cubrebocas –ni se predicó con el ejemplo– y el flujo aéreo entre ambos países se mantuvo sin grandes restricciones. En 2020, México fue el destino del 63% de todos los viajes internacionales de los estadounidenses. En contraste, Canadá representó sólo 6.6%. Asimismo, México fue el país con la menor reducción de visitantes a EE.UU., alrededor del 40% de los viajes se mantuvieron a pesar de la pandemia. El mal manejo de la pandemia en nuestro país ya agrava los impactos económicos: Canadá ya suspendió vuelos a México y probablemente EE.UU. haga lo mismo en breve. Serán muchos millones de dólares y miles de empleos perdidos, sobre todo para la industria turística, ya de por sí en agonía.  

Hay vientos de cambio y esperanza en el vecino país del norte, pero no serán favorables para el actual gobierno federal. Atrás queda la irresponsabilidad de la era Trump. De entrada, Biden ya impuso 100 días de uso obligatorio de cubrebocas en instalaciones federales y ejercerá presión para que se generalice en los estados. Desde el 26 de enero, se exige una prueba negativa de COVID-19 a toda persona que viaje a Estados Unidos. Vienen muchas medidas adicionales.

Biden inicia su presidencia armado hasta los dientes contra el COVID-19, un cañonazo de 1.9 billones para enfrentar la crisis sanitaria y económica. El American Rescue Plan destinaría 400 mil millones para combatir la pandemia en varios frentes: el programa de vacunación nacional, que incluirá unidades móviles para llegar a regiones difíciles, recibirá una inversión de 20 mil millones y 50 mil millones más serán utilizados para la compra de pruebas rápidas, y la expansión de la capacidad de los laboratorios. Se contratarán 100 mil trabajadores de salud adicionales y se invertirá en campañas a favor de la vacunación y en investigación en secuencia genética para conocer la evolución del virus. Además, se utilizarán 130 mil millones para reabrir las escuelas de forma segura.

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Imagen: Pinterest.

La llegada de Biden puede significar un cambio en el manejo de la pandemia en México. Hace unos días, en llamada telefónica con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ambos mandatarios  reconocieron la necesidad de trabajar una estrategia bilateral para enfrentar la grave crisis sanitaria. La cooperación en materia de brotes epidémicos y pandemias no es ajena para la relación. En 2007 se lanzó el Plan de América del Norte sobre la Influenza Aviar y Pandémica y, en 2012, se estableció el Plan de América Para la Influenza Animal y Pandémica que recogía también las lecciones aprendidas del manejo conjunto de la epidemia por H1N1 habida en la región en 2009 y, durante la cual, a diferencia la inmensa mayoría de los países en el mundo, Estados Unidos mantuvo el flujo aéreo con nuestro país, gracias a las políticas de coordinación.

Quizás después de dar positivo a COVID-19, el presidente mexicano dé un giro a la estrategia de su gobierno, tal como sucedió con el Primer Ministro de Reino Unido, Boris Johnson. Es difícil que esta cruzada pase inadvertida acá. Si el vecino controla la pandemia y México no, la presión para el gobierno mexicano no se hará esperar. Un primer paso sería la obligatoriedad del uso del cubrebocas, y también que se predique con el ejemplo. ¿Será mucho pedir?


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Vacunas: Triunfo de la gobernanza, no de los gobiernos

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Tanto la creación de la vacuna contra el Covid-19 en tiempo récord, como su aplicación masiva en la mayoría de los países desarrollados, han sido un ejemplo de colaboración público-privada. No es ni triunfo del Estado ni triunfo de la empresa privada, sino de la gobernanza colaborativa. Ni la nación más poderosa puede sola ante lo complejo y sofisticado que se han vuelto las sociedades y los mercados.

Las vacunas más confiables (Pfizer-BioNTec, Oxford-AstraZeneca y Moderna) se crearon gracias a Estados visionarios que han invertido por décadas en ciencia y tecnología, pero también gracias a empresas innovadoras y ágiles que han asumido riesgos.

Estas vacunas, por una parte, fueron posibles gracias a la investigación básica sobre Proteínas S (Spyke Proteins) que se ha desarrollado por años en institutos públicos de investigación de Estados Unidos y otros países. En el caso de Estados Unidos, que invierte 3% de su PIB en ciencia y tecnología, se destinaron 10 mil millones de dólares al sector privado para la vacuna, a través de la Operación Warp Speed. Para poner en contexto la cifra: este financiamiento de emergencia representa 10 veces el presupuesto del CONACYT para 2021 (recordemos que tiene el mandato de crear una vacuna mexicana).   

vacunas y gobernanza
Imagen: Financial Times.

Como nos lo recuerda la economista Mariana Mazzucato, la Internet, el GPS, las baterías de litio, los teléfonos celulares y la tecnología aeroespacial no se explican sin la intervención del gobierno en financiar la investigación básica. Empero, las grandes innovaciones del presente tampoco se explican sin los emprendimientos de Google, Tesla, SpaceX, Blue Origin, Moderna, entre muchas otras.   

Hasta el momento, el ejemplo más relevante de gobernanza colaborativa público–privada para la implementación de la vacuna el Pharmacy Partnership for Long–Term Care Program, que el gobierno de Estados Unidos creó en conjunto con las cadenas CVS, Walgreens y Managed Health Care Associates, con el objetivo de vacunar a sectores vulnerables residentes en casa de asilo o de asistencia (nursing homes). Las empresas se encargarán del proceso completo de vacunación: enfriamiento, distribución, aplicación y reporte a las autoridades sanitarias; sin costo alguno para los beneficiarios.

No obstante este esfuerzo, Estados Unidos cerró el año 2020 con tan sólo 2.8 millones de vacunas aplicadas, en contraste con las 20 millones que tenía proyectadas para esa fecha. El principal problema ha sido la escasa coordinación entre el gobierno federal y los estados, así como la politización del proceso (sí, igual que en México). También el escaso personal capacitado a nivel local para administrar el medicamento. Es el reto de la “última milla”, que ha sido minimizado ante la prisa por crear la vacuna: las vacunas ya se encuentran almacenadas en grandes cantidades a nivel local, pero ¿cómo hacerlas llegar al brazo de los pacientes de manera eficiente y segura?

En Reino Unido, el sector farmacéutico y el gigante del retail de aquel país, Tesco, han llamado al gobierno a combinar esfuerzos y hacer uso tanto de su personal como de sus instalaciones, para administrar la nueva vacuna, esperando que esta colaboración logre multiplicar el número de dosis por semana. Durante el mes de enero, el primer ministro, Boris Johnson, podría pronunciarse al respecto.

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Imagen: Medium.

En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mencionado que las empresas privadas pueden comprar vacunas en el extranjero y venderlas en el país. Nada más. No se vislumbran asociaciones entre el gobierno, el sector privado o bien las universidades para campañas masivas y efectivas de vacunación. Una gran oportunidad de colaboración perdida.

A nivel global, se corre el riesgo de que el gran logro científico de la creación de la vacuna no sea correspondido por otro logro de igual magnitud de las políticas públicas para su aplicación.

Un ingrediente fundamental –además del financiamiento– para que esta gobernanza colaborativa entre el poder público, la empresa y el sector social sea exitosa, es la confianza. Confianza que en México se erosiona peligrosamente.

Una vacuna no se da por decreto, ni un esquema efectivo de vacunación se debería llevar a cabo sólo por el Ejército, por más disciplinado que éste sea. Por esto, distintos países han reconocido la necesaria e indispensable colaboración entre el sector público y privado, no solamente para la creación sino también para la distribución y aplicación efectiva de la vacuna.

Sin duda, una lección que ha dejado la pandemia es que ningún gobierno puede resolver los problemas solo. La gobernanza colaborativa fue fundamental para desarrollar las vacunas, lo tendría que ser para su implementación. Varios actores pueden contribuir a tal fin, como las empresas, las universidades, la sociedad civil organizada. Recurramos a la confianza para trabajar juntos. El bienestar y desarrollo nacionales no son monopolio del gobierno.


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Nuevo Pacto Fiscal para el Desarrollo

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El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha emprendido una cruzada para crear nuevos derechos en diversos ámbitos. Se construye una narrativa progresista hacia un Estado de bienestar: apoyo a grupos vulnerables; un sistema de salud con estándares nórdicos; educación de excelencia; soberanía científica, entre otros. Todo ello es loable y debe ser apoyado. El problema es el cómo, quiénes y, sobre todo, con qué recursos. 

Mientras la narrativa es progresista, la política fiscal y presupuestal es profundamente conservadora, una especie de “neoliberalismo de bienestar”. Al presidente no le están dando las herramientas, o no se las quiere construir, para lograr las metas con las que sueña –y soñamos los ciudadanos con un sistema de salud como Dinamarca y uno educativo como Finlandia–.

Para lograr el bienestar y el desarrollo es indispensable un Estado fuerte y, en México, los datos muestran que tenemos uno muy débil. El problema de fondo es fiscal y de capacidades institucionales. Nuestra recaudación es de las más bajas del mundo (16% del PIB), lejos del promedio de la OCDE (34%), y más lejos aún de lo que recaudan Dinamarca (44%) o Noruega (39%), dos de los países nórdicos referidos por López Obrador en su mañanera como ejemplos de desarrollo.

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Imagen: Analdex.

Es difícil lograr un Estado de bienestar cuando el gobierno no destina grandes cantidades de dinero para la provisión de servicios públicos. En nuestro caso, el gasto público es alrededor del 33% del PIB. En otros países, como Francia y Finlandia, el porcentaje del PIB destinado al gasto público es del 56 y el 53% respectivamente.

Parece difícil que se pueda crear un sistema de salud pública de primera y gratuito destinando el 1.2% del PIB, mientras que Noruega y Dinamarca le destinan el 8%. Otro indicador que nos puede dar más luz sobre la distancia entre nuestro país y los estados de bienestar mencionados por el presidente es el gasto gubernamental per cápita. En México este gasto también es el más bajo entre los países de la OCDE ($5,600 dólares al año), en contraste con Noruega ($35,700) o Dinamarca ($29,300) cuyos gobiernos gastan por persona hasta seis veces más que el nuestro.

En educación superior, la reforma constitucional del año pasado estableció dos derechos fundamentales, pero muy caros: por un lado, la obligatoriedad de este nivel educativo (para el Gobierno, no para el ciudadano), y por otro, su gratuidad. Asimismo, el Programa Sectorial de Educación establece la meta de alcanzar el 50% de cobertura para el 2024; ello implica incorporar un millón de estudiantes más en los próximos cuatro años con todo el gasto que esto implica.

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Imagen: Change.org.

Sin embargo, en el recién aprobado Presupuesto de Egresos de la Federación desaparecen los fondos federales extraordinarios para las universidades públicas, entre ellos, precisamente, el que mandata la Constitución para garantizar la obligatoriedad y la gratuidad.

Acátese, pero no se cumpla. El Dictamen de la nueva Ley General de Educación Superior, en discusión en el Senado establece profusamente en el texto que los anhelos presidenciales estarán “sujetos a la disponibilidad presupuestal” que dicte Hacienda. Es decir, se aprobarán estos nuevos derechos sí, pero se lograrán solo si alcanza el dinero. No va a alcanzar.

Si aspiramos desarrollar un sistema educativo o de salud como el de los países desarrollados, debemos pensar también en la necesidad de igualar sus niveles recaudación. Así por ejemplo, Dinamarca tiene una recaudación del 44% del PIB,  para llegar a los estándares nórdicos, México tendría que pasar de una recaudación de 3.5 billones (16% del PIB), a 9.6 billones de pesos (44% del PIB) anuales aproximadamente, según datos de la OCDE.

Sin un nuevo Pacto Fiscal, no habrá desarrollo ni bienestar. Para redistribuir mejor, también hay que crecer el pastel. 


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La educación sacrificada

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No hay condiciones para abrir las escuelas porque los gobiernos no las han generado, no porque la educación sea una actividad inherentemente más peligrosa. Diversos estudios han mostrado que, bajo ciertas condiciones, precauciones y cambios de comportamiento, las escuelas pueden abrir de manera relativamente segura (Schools for Health, Harvard University).[1] En México no se han generado las condiciones necesarias para reabrir las escuelas porque, otra vez, nos damos cuenta de que la educación no es prioridad. Incluso, el responsable del manejo de la pandemia, Hugo López-Gatell, se ha preguntado “¡¿Cuál sería el beneficio de abrir los recintos escolares?!”. Una joya.

Desde agosto, la ONU llamó al mundo a dar prioridad a la reapertura de las escuelas donde la pandemia esté controlada. Inicia noviembre y nos seguimos preguntando ¿cuándo estará controlada en México? Increíblemente, parece haber más presión por abrir los estadios que las escuelas. ¿En serio? El máximo organismo mundial (no la FIFA, sino la ONU) advierte sobre la catástrofe educativa que parece estamos empeñados en minimizar. La UNESCO proyecta un abandono escolar de nivel básico que rebasará los 30 millones de niñas y niños globalmente. Este mismo organismo estima que 15.5% de los alumnos mexicanos en el nivel medio superior no continuarán sus estudios, y el mismo porcentaje se proyecta que dejará inconclusos sus estudios de educación superior.

educacion en pandemia
Imagen: The Atlantic.

En cuanto a educación básica, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la decisión de sacrificar la educación tendrá como resultado que alrededor de 2.5 millones de niños y jóvenes no vuelvan más a las aulas. Tan sólo en las escuelas privadas de educación básica, el promedio de deserciones ronda el 50%, según lo ha expresado la Asociación Nacional de Escuelas Particulares. Por su parte, la OCDE ha señalado que el abandono escolar irá acompañado de un aumento del trabajo infantil, los matrimonios forzados y los embarazos tempranos. La ONG internacional Save the Children estima un incremento del 25% en embarazos adolescentes, y por si esto fuera poco, alrededor de 400 millones de niñas y niños han perdido el acceso que tenían a los alimentos escolares; en México está cifra es alrededor de 6 millones niños.

La pandemia de COVID-19 amenaza con deteriorar aún más los resultados educativos. Los niños y jóvenes que necesitan más educación para salir de la pobreza son probablemente los afectados con la decisión de sacrificar la educación. El Banco Mundial advierte que los cierres escolares tendrán implicaciones irreversibles en los aprendizajes, niveles de productividad y los ingresos durante toda la vida activa de los ahora estudiantes. Este organismo calcula que por cada 5 meses que las escuelas permanezcan cerradas, los estudiantes dejarán de percibir alrededor de 16 mil dólares durante su vida profesional.

Pero, aun llevando la educación en línea, ¿están los más pobres realmente aprendiendo en casa? Un estudio realizado por la UNICEF, señala que uno de cada tres niños en el mundo no puede acceder a las clases a distancia. En el caso de México, según la OCDE, sólo el 3% de los hogares más pobres tienen una computadora conectada a Internet (en contraste, 85% de las familias mexicanas más privilegiadas).

Para al menos 463 millones de niños y niñas en el mundo no existe el aprendizaje a distancia. La educación y el derecho de millones de niños y jóvenes a recibir una educación con la mayor calidad posible se ha sacrificado en aras de otras prioridades más visibles, y las autoridades continúan sin generar las condiciones adecuadas para que las escuelas abran, al menos de manera parcial. En cambio, irónicamente, se ha dado prioridad a la reapertura de otros sectores donde los riegos de dispersión de la pandemia son inmediatos e incluso mayores: gimnasios, tianguis, plazas comerciales y bares funcionan ya bajo una nueva normalidad.

educacion en pandemia
Imagen: Keith Negley.

De fondo, lo que se revela es una dramática realidad: la educación no es una prioridad en México. La pandemia, no ha hecho más que magnificar los rezagos y deficiencias históricas del sistema educativo nacional: bajos presupuestos para la provisión del servicio educativo, deshonrosos salarios para los maestros, escaso apoyo para el desarrollo profesional de los profesores, limitado acceso a la tecnología.

El dilema se antoja complejo, pero seamos claros, el problema no es que las escuelas sean centros de “supercontagio”, sino que la educación ha sido elegida por varios gobiernos para cargar con los costos de la pandemia, por ser una catástrofe que no se nota, es silenciosa. Como lo dice el Nobel de Economía, Paul Krugman, las escuelas están siendo sacrificadas para poder abrir los antros.

La diferencia con algunos países europeos es abismal. Por ejemplo, en Alemania, Reino Unido, Irlanda y Francia han vuelto al confinamiento por una segunda ola de contagios; la actividad económica está al mínimo. Bares, restaurantes y centros comerciales están cerrados, sin embargo, las escuelas siguen abiertas. Ésas son las prioridades correctas, en países que apuestan a la educación como la única palanca de desarrollo de largo plazo. 


Notas:
[1] Emily Jones, et al., “Schools for Health: Risk Reduction Strategies for Reopening Schools”, Harvard T.H. Chan School of Public Health & Healthy Buildings Program, junio de 2020.


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Rebrote de COVID-19 en universidades: Crónica de un desastre anunciado

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A pesar  de las recomendaciones emitidas por las agencias de salud, el gobierno federal de Estados Unidos ejerció una fuerte presión para que las universidades norteamericanas comenzaran el nuevo ciclo escolar de manera presencial. Podría decirse que este regreso forzado ha sido la crónica de un desastre anunciado. En cuestión de semanas, se han presentado más de 50 mil casos de COVID-19 en las comunidades universitarias, haciendo de los campus uno de los mayores centros de contagio en Estados Unidos. Dada esta situación, varias universidades han optado por dar marcha atrás a la educación presencial tan sólo a unos días de haber reabierto sus puertas a los estudiantes. 

La reapertura para impartir clases presenciales, en muchos casos llevada a cabo sin gradualidad ni escalonamiento, ha resultado sin duda un error de política y está imponiendo costos muy altos. Los brotes se multiplican no sólo entre la comunidad de estudiantes, sino que el virus se ha esparcido a las poblaciones aledañas a las universidades afectando a miles de personas. Se estima que la reapertura de las instituciones de educación superior ha causado alrededor de 3 mil casos positivos de COVID-19 al día en Estados Unidos, los cuales habrían podido evitarse si las clases hubieran permanecido en la modalidad en línea.

Varios razones explican por qué las universidades cedieron ante la presión de la reapertura. Por un lado, los estudiantes no valoran de igual manera la educación en línea y la educación presencial. La Universidad de Harvard reporta que uno de cada cinco estudiantes del primer año decidió aplazar su inscripción hasta el siguiente ciclo, cuando se espera que la instrucción se dé dentro del aula. Aún más, de acuerdo con los datos de la encuesta Simpson-Scarborough, el 40% de los estudiantes de nivel superior consideró muy probable no inscribirse para el semestre de otoño si las clases continúan en línea. Incluso, grupos de estudiantes y padres de familia han exigido reducciones en  el costo de las colegiaturas de hasta un 50% (ej. la Universidad de Chicago).

covid-19 en Estados Unidos
Imagen: BBC.

La percepción de los estudiantes es que la experiencia académica se ve “disminuida” en la modalidad a distancia, y con ello, cuanto más tiempo se obligue a operar de forma remota, más presión tendrán las universidades para reducir sus precios. Sin embargo, a diferencia de lo que la mayoría pudiera pensar, el aprendizaje en la modalidad en línea aumenta el gasto de operación de las instituciones, puesto que se incurren en costos no contemplados previamente como capacitaciones para enfrentar la pandemia en los recintos escolares, licencias de plataformas y softwares que antes sencillamente no eran tan requeridos.

El American Council on Education estima que la reapertura en este otoño incrementará un 10% el gasto regular de las casi 5,000 instituciones de educación superior estadounidenses. En otras palabras, este 10% representa alrededor de 70 mil millones de dólares que las universidades tendrán que desembolsar adicionalmente para continuar ofreciendo sus servicios en la modalidad en línea.

El presidente Trump, como era de esperarse, también ha influido en la obligada reapertura. Ha despreciado la educación en línea al declarar que “no hay nada como estar con un maestro en lugar de con una computadora”; y ha dicho que para “los estudiantes universitarios la probabilidad de enfermar gravemente de COVID-19 es menor”. Además, ha amenazado con recortar fondos federales a las escuelas que no reanuden clases presenciales. Por si esto fuera poco, en julio anunció que los estudiantes extranjeros no podían permanecer en Estados Unidos para tomar clases en línea, lo que hubiera significado un duro golpe económico para un sistema universitario que tiene más de 1 millón de alumnos extranjeros, que representaron 50 mil millones de dólares en 2018.

rebrote coronavirus Estados Unidos
Imagen: BBC.

De cualquier modo, se espera una caída en la recepción de estudiantes internacionales como producto de la pandemia, lo que agudiza la presión financiera de las universidades. El American Council on Education proyecta una reducción de 25% en esta matrícula y NAFSA calcula pérdidas de 10 mil millones de dólares.

Ante las presiones del mercado y el bullying del gobierno federal, las universidades no tuvieron otra opción que abrir. Paradójicamente, todas tenían estrictos protocolos sanitarios, pero no han sido suficientes para contener el avance de la pandemia. Como dijo Randy Woodson, Rector de la Universidad Estatal de Carolina del Norte: “teníamos un muy buen plan para la reapertura, pero éste no sirvió fuera del campus, en los lugares donde conviven y se contagian los jóvenes; ni en los lugares a donde llevan la propagación del virus”.


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¿Por qué la guerra del cubrebocas?

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Es una medida simple y efectiva. Utilizado correctamente el cubrebocas disminuye significativamente el riesgo de contagio de enfermedades respiratorias, como la causadas por el virus SARS-CoV-2. Desde una perspectiva de salud pública es una medida sumamente eficiente: es fácil de usar, es de bajo costo y su uso puede comprender a poblaciones de gran tamaño. ¿Por qué entonces la guerra contra este pedazo de tela sintética?

La controversia por el uso de la mascarilla no es nueva. En 1918, durante el brote de la Gripe Española, se utilizó como la medida de salud pública por excelencia. Las disposiciones oficiales de esa época para contener la pandemia incluyeron sanciones económicas, y hasta el  encarcelamiento, para aquellos que se rehusaran a utilizarlo en espacios públicos.

Los historiadores concuerdan que el uso generalizado del cubrebocas durante la pandemia en 1918 fue una medida que evitó la muerte de decenas de miles de personas. Sin embargo, a diferencia de la pandemia actual, hace 100 años su uso no fue convertido en un elemento de lucha política.

guerra del cubrebocas
Imagen: Carley Noll.

El uso del cubrebocas puede salvar vidas, no hay duda ni controversia científica al respecto. El Laboratorio de Genética de la UNAM, por ejemplo, ha mostrado su utilidad señalando que, si 9 de cada 10 mexicanos lo utilizaran, los contagios de COVID-19 se reducirían hasta en un 60%.

Otros estudios también han demostrado que el uso generalizado del cubrebocas puede reducir la transmisión del virus entre un 50% y 85%. Sin embargo, y no obstante la evidencia, un porcentaje importante de la población mundial se rehúsa a utilizarlo. El problema se agudiza cuando son los propios gobernantes, de manera irresponsable, alimentan el escepticismo sobre la eficacia de su utilización.

Las cifras no pueden ser más evidentes. En China, donde más del 80% de su población utiliza el cubrebocas, se registran alrededor de 61 casos de COVID-19 por millón de habitantes, mientras que en países como Estados Unidos, donde el uso del cubrebocas ha sido politizado, hay cerca de 18 mil casos positivos por millón de habitantes. Mismo caso se presenta en Brasil, país que registra alrededor de 17 mil casos por millón de habitantes, y México, que registra alrededor de 4 mil casos de COVID-19 por millón de habitantes. 

En países asiáticos como Japón, Corea del Sur, Hong Kong, China, Tailandia y Taiwán el uso de la mascarilla es norma cultural, común entre aquellos que presentan síntomas de cualquier enfermedad respiratoria. Por ello, durante años el brote de distintas cepas de coronavirus se mantuvo bajo control en esos países. En contraste, en otras regiones una proporción importante de la población argumenta que la legislación gubernamental sobre el uso de cubrebocas infringe su libertad personal, por lo que la discusión sobre su uso en países como Estados Unidos y México ha pasado del terreno científico a un debate político, ideológico y hasta religioso.

guerra cubrebocas
Imagen: Robert Beatty.

Así, mientras que en algunos países asiáticos el uso del cubrebocas tiene un sentido de responsabilidad colectiva, de solidaridad y de cumplimiento de la ley; en otros países, cuya cultura está más orientada hacia el individualismo –y al “valemadrismo”–, su uso representa una afrenta al pueblo.

Como si no fuera suficiente enfrentarnos al COVID-19, también nos estamos enfrentando a una batalla entre la ciencia, la ideología y el fanatismo. En pleno siglo XXI, por un lado, la humanidad busca colonizar el espacio y, por el otro, los grupos sociales se oponen a usar un pedazo de tela en la cara que puede salvar sus vidas y la de los demás, porque “interfiere con el bello sistema respiratorio que nos dio el Creador”.

Han pasado cien años desde la última gran pandemia, pero tal parece que la solidaridad y la empatía humana no se encuentran todavía a la altura de los avances de la ciencia. Ciertamente tampoco se ha avanzado mucho en la capacidad de los gobiernos para persuadir a las personas de protegerse y proteger a los demás. 


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El Plan Sectorial de Educación: ¿Narrativa o realidad?

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El pasado 6 de julio, con seis meses de retraso y en medio de la peor crisis sanitaria –y educativa en consecuencia–, se publicó el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2020-2024. Ante el tamaño de la disrupción y la incertidumbre sobre el “regreso a clases”, el Programa ha pasado desapercibido. El PSE fue elaborado en el mundo pre-COVID y no hace referencia alguna a la pandemia. Era difícil rehacer el plan para adaptarlo a la circunstancia actual, pero sí pudo haber incluido al menos algunas referencias a los efectos educativos de la pandemia y líneas emergentes para mitigarlos. 

No obstante esa omisión, el documento tiene elementos muy positivos. Salvo la Introducción y el Epílogo (que muy probablemente fueron hechos en Palacio Nacional), el PSE es un documento tecnocrático y de continuidad; critica a las anteriores administraciones sí, pero construye sobre lo hecho en el pasado (ejemplo: cobertura, calidad, equidad, evaluación de aprendizajes, visión internacional, etc.). Ésa es una buena noticia, no se inventa el hilo negro ni se rechaza la “ciencia neoliberal”. Incluso, en una de las Acciones Puntuales señala que, para lograr la excelencia académica, se deberá “Incentivar la cooperación internacional para el intercambio de docentes como una herramienta para fortalecer las prácticas pedagógicas y los lazos de amistad entre los pueblos”. Narrativa con visión global, muy alejada del discurso presidencial sobre que los que han estudiado en el extranjero le han hecho mucho daño a México.

Otro aspecto muy positivo e innovador es su lenguaje franco y certero respecto a la corrupción en el sistema educativo. Señala, con todas sus letras, el lastre de la venta y/o herencia de plazas y otros vicios del sistema. Sin duda, una palanca para el combate a la corrupción es hacerla socialmente inaceptable desde las aulas y desde las escuelas. También es loable su énfasis en la inclusión de grupos históricamente desfavorecidos y la muy atinada preocupación sobre la activación física y la salud desde la escuela.   

presupuesto educativo
Imagen: DFG.

La mala noticia es que muchas de las metas son inviables, aun antes de la pandemia. Por ejemplo, en educación superior se aspira llegar al 50% de cobertura al 2024; lo que representa incorporar al sistema educativo a 1.2 millones de estudiantes más (240 mil por año). De 2013 a 2018, con una política de fondos extraordinarios que en 2016 llegaron a contar con casi 8 mil millones de pesos, el país aumentó en 766 mil los espacios educativos; 400 mil de los cuales fueron absorbidos por las universidades públicas ya consolidadas. Ahora se pretende un incremento de casi el doble, sin presupuestos ni incentivos claros para ello. Las 100 Universidades Benito Juárez, sin un modelo educativo claro y pertinente para los retos educativos globales, apenas incorporaron a 32 mil estudiantes en el ciclo escolar 2019-2020.

Es incomprensible el porqué, en la 4T, no se apuesta más a las universidades que han demostrado su éxito en aumento de espacios con calidad. Universidades ya consolidadas que, con los incentivos adecuados, podrían contribuir a esta loable meta de cobertura en educación superior. También las universidades, públicas y privadas, podrían ser una palanca para la mejora de la educación básica, especialmente en el contexto de la emergencia sanitaria. Sobre esto el PSE no dice nada.     

El tema de fondo para lograr cualquier transformación son las capacidades institucionales y los presupuestos. Aquí vienen las malas noticias. Con una recaudación fiscal de apenas 13.8% del PIB (estimación 2020) –y cayendo– las metas y buenas intenciones del PSE son inviables (Brasil recauda 32% y Finlandia 44% del PIB) (ver Gráfico 1).

grafico 1

Si no ponemos sobre la mesa una genuina reforma fiscal, ni éste ni ningún plan educativo va a funcionar. Pero el problema no sólo es la recaudación fiscal, que está rezagada desde hace décadas, sino el peso de la educación en el presupuesto federal, a la baja desde 2016. Es decir, desde hace cuatro años otras necesidades sociales van ganando terreno a la educación en las prioridades nacionales. Así, mientras que en 2016 la función educativa representaba una inversión del 3.6% del PIB, para 2020 bajó a 3% de este indicador (ver Gráfico 2). Asimismo, el peso de la educación respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) también va a la baja. En 2016 representaba 14.4% del PEF y en 2020 representa 12.9% del presupuesto federal (ver Gráfico 3). Vemos pues cómo la narrativa va por un lado y la realidad presupuestal por el otro.

Con estas tendencias, muy difícilmente se logrará la visión del Programa Sectorial Educativo en el sentido de que “Los rezagos en la educación habrán quedado en épocas pasadas”. Para abatir estos rezagos es indispensable hacer realidad el multicitado Acuerdo Educativo Nacional, con la incorporación de todos los actores relevantes y con un sentido de urgencia: si no colocamos a la educación como genuina prioridad nacional, nuestro país no será viable ni competitivo en el siglo XXI.


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