Como hemos insistido en diversas ocasiones, desde 2018 y particularmente en 2020, las tensiones entre Estados Unidos y China se han incrementado hasta un punto en la actualidad en el que incluso un presidente como Biden poco podrá hacer para “normalizar” las relaciones con China en 2021. Mucho se ha destacado el caso del comercio; menos, pero igual de importante son los aspectos de instituciones culturales, diplomáticas y medidas en el ámbito del control de las exportaciones, de productos tecnológicos y las amenazas hacia fondos de inversión que incluyeran a empresas chinas, así como la amenaza de que empresas chinas que no cumplieran con las normas de auditorías estadounidenses, no pudieran cotizar en Estados Unidos, entre varios otros.
El caso de Huawei es emblemático para comprender la profundidad de la ruptura entre ambos países y, al menos tan importante, las implicaciones para terceros países: Estados Unidos pudiera hoy en día tomar medidas semejantes en contra de cualquier otra empresa y país, con o sin tratados.
Veamos el caso de Huawei, una de las empresas emblemáticas del desarrollo tecnológico chino y, por el momento, con inigualable capacidad de ofrecer en la actualidad el servicio de 5G (en términos de costos y calidad). Desde 2018 la Administración Trump exigió la extradición de Meng Wanzhou –hija del fundador de Huawei– a Canadá, el proceso sigue en pie todavía. En noviembre de 2019 Estados Unidos pareciera haber cambiado su postura hacia Huawei –probablemente también considerando los servicios que ofrecen sobre todo a las zonas rurales en Estados Unidos–, al ofrecer una Licencia General Temporal para realizar importaciones de componentes estadounidenses requeridos para los múltiples productos de Huawei. En el transcurso de 2020 –y conforme se acercan las elecciones estadounidenses en noviembre de 2020– la postura de la administración pareciera haberse endurecido significativamente de nuevo: su reiterada aparición en las las listas de empresas monitoreadas (entity list) y la exigencia de que estas empresas inicialmente sólo pudieran utilizar insumos y compontes estadounidenses, desde julio incluso que utilizaran software estadounidense, sólo pudiera sobrellevarse si reciben un permiso explícito para cualquier proveedor de Huawei.
Este lunes 17 de agosto el Departamento de Comercio de Estados Unidos escaló aún más el caso de Huawei: ningún proveedor de Huawei podrá ofrecer sus servicios, partes y componentes a Huawei si utiliza software y/o partes y componentes estadounidenses sin contar con el permito del propio Departamento de Comercio. Es decir, Huawei no podrá comprar prácticamente ningún componente o servicio internacional desde el 20 de agosto de 2020 –prácticamente todos incluyen algún componente of software estadounidense, incluyendo fabricantes de semiconductores como TSMC y SMIC– sin el permiso explícito del Departamento de Comercio de Estados Unidos.
El caso de TikTok –de la empresa ByteDance– no es de menor relevancia: en cuestión de días la Administración Trump decidió que TikTok también pudiera convertirse en una amenaza para la seguridad nacional estadounidenses, a menos de que fuera adquirida –particularmente sus actividades en Estados Unidos– por Microsoft.
No es difícil imaginarse que la contraparte china tomará respectivas medidas en contra de empresas estadounidenses que China considerara estratégicas.
Estas tendencias, sin lugar a dudas, dan pie a múltiples reflexiones. Me permito aquí sin embargo, llamar la atención sobre el “silencio” de toda una serie de funcionarios, consultores y académicos en México resultantes del período 1988-2019: cientos de directores generales, subsecretarios, secretarios, consultores y demás aduladores de irrefrenables procesos de apertura, libre comercio y liberalización a ultranza en el campo, la energía, manufactura y servicios, ni hablar del comercio exterior. En su primera generación –y bajo el liderazgo de Pedro Aspe Armella y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)– todavía contaban con ciertos argumentos académicos relevantes en su momento; las posteriores generaciones se convirtieron en parte del establishment político de las respectivas administraciones y con argumentos crecientemente trasnochados y dogmáticos, con poco conocimiento y actualización en las respectivas temáticas. Pero al fin lograron justificar y defender sus “huesos”: puestos bien pagados, asesorías para el sector público y privado, ahora aprobadas por sus asistentes, etc.
Llama la atención que este significativo grupo de personas en la actualidad –relevantes en medios, consultorías, incluso en ciertas universidades y hasta secretarías (30 años no pasan en vano)– no ha levantado la voz –desde la perspectiva del libre comercio, por ejemplo–, ni ante la exigencia de la Administración Trump de renegociar el TLCAN, ni ante el “nuevo comercio administrado” impuesto por Estados Unidos desde 2018 internacionalmente y particularmente vis a vis China, y mucho menos ante estas medidas unilaterales de Estados Unidos en contra de empresas específicas en 2020 (Huawei, TikTok, etc.). Las implicaciones de estas medidas unilaterales implicarán una profunda disrupción del comercio internacional, olvidémonos del libre comercio y otros argumentos esgrimidos desde finales de 1980.
Las discusiones de estos grupos –hasta el reciente proceso de reformas energéticas– parecieran distar de interés académico y hasta ideológico y concentrarse meramente en su interés monetario y hasta personal, como lo demuestran las recientes denuncias del “Sr. L.”, ¿será?
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