juicio político

¿Casualidad? A 5 meses de las elecciones, Noroña se va contra consejeros del INE

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El controversial Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo (PT), volvió a hacer de las suyas: montó otro show político por medio de agresiones, descalificaciones y falta de diálogo. A pocos meses de las elecciones del 6 de junio y tras las medidas para que el primer mandatario Andrés Manuel López Obrador no intervenga en tales comicios, el experredista presentó una denuncia de juicio político contra Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), y Ciro Murayama Rendón.

El aplaudidor de la autollamada Cuarta Transformación y quien además se lanza en contra de la oposición o todo aquel que no comulga con este gobierno, parece no dimensionar la ligereza de sus acusaciones. Esto, sobre todo porque del proceso electoral 2020-2021 depende gran parte del futuro de los y las mexicanas. 

De acuerdo con  Fernández Noroña, sus señalamientos se fundamentan en cuatro argumentos principales. No obstante, cada uno de ellos parecen ser una réplica miniatura de los lineamientos de quien ocupa Palacio Nacional e “informa” todos los días.  

Nadie puede ganar más que el presidente de la República

Como una de sus principales líneas en contra de la corrupción y a favor de la autoridad, López Obrador ha reiterado en múltiples ocasiones que ningún funcionario puede tener un salario mayor al suyo en su papel de presidente de la República. Sobre ello, precisamente Noroña apeló al principio 127 constitucional en materia y expresó que los consejeros del órgano electoral tienen sueldos superiores a los 200 mil pesos. 

“250 mil pesos ganan los angelitos del INE, es una violación constitucional al 127”, dijo el funcionario. 

En este punto vale recordar que el petista buscar seguir el ejemplo de López Obrador, quien en aras de ejecutar “medidas austeras”, ha dejado de lado programas y organismos necesarios para la población mexicana. Como ejemplo se encuentra la más de una centena de fideicomisos desaparecidos que dejó desamparados a varios sectores de México a cambio de no mover ni un peso de sus “obras prioritarias” tales como el Tren Maya o la Refinería de Dos Bocas.

Se creen legisladores”, dice Noroña 

De acuerdo con Fernández Noroña, los consejeros del INE se creen “legisladores”, cuando únicamente forman parte de un organismo autónomo. De dicha manera, aseguró que tanto el Instituto como el Tribunal Electoral son “ignorantes” por desconocer que nadie puede estar por encima de los tres Poderes de la Unión.

El miembro del PT explicó que el INE estableció requisitos “por encima de la ley” para la reelección de las diputaciones federales. No obstante, el instituto sólo cumplió con sus obligaciones en favor de la democracia de México al señalar lineamientos tales como que ningún diputado puede utilizar sus sesiones y labores a fin de hacer campaña.

INE viola libertad de expresión de AMLO

Como era de esperarse, Fernández Noroña fue uno de los legisladores de la izquierda radical que —a base de descalificaciones y no del diálogo—, salieron a la defensa de López Obrador cuando el INE señaló que ningún funcionario debe emitir declaraciones que pudieran influir en las elecciones del próximo 6 de junio. De esta manera, calificó de “gravísimo” que Lorenzo Córdova intente silenciar al jefe del Ejecutivo

“Estos angelitos deciden violar la liberad de expresión, nada menos que del presidente de la República”, dijo al funcionario.  

Pese a los dichos del político, lo cierto es que quien está frente a un cargo público, tiene la obligación de permanecer imparcial ante todo proceso electoral. Esto, sobre todo en apego al artículo 134 constitucional que versa lo siguiente:

“Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”

No hay seguridad jurídica de un comportamiento institucional

Para Fernández Noroña, el INE ha perdido confianza legítima, debido a que pretende ser “oposición” del movimiento liderado por el presidente López Obrador. Al respecto, agregó que si esa es su intención puede hacerlo, pero no desde las trincheras de un organismo de tal magnitud. 

Ahora bien, contrario a las declaraciones del diputado del PT, la importancia del Instituto Nacional Electoral es tan grande que tiene la facultad de organizar todo proceso de elección y ejercicio de participación ciudadana. Incluso, cuenta con el deber de normar los tiempos de todos los actores electorales —incluyendo los del Ejecutivo—. ¿Será que quiere ser oposición de la Cuarta Transformación o sólo cumple con su mandato?

Aunque Noroña aceptó que es imprudente hacer cambios a estas alturas de la elección, afirmó que los actuales consejeros no pueden seguir a cargo. Pero entonces, ¿Cuál  sería el camino ideal?

Pese a que es temprano para dar una respuesta, lo cierto es que faltan 5 meses para uno de los procesos electorales más importantes de la Historia del país. Entre los miles de cargos públicos que están en juego, este 2021 se renueva la Cámara de Diputados y de ello depende que el presidente López Obrador y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) sigan haciendo de las suyas o bien, que exista una más justa distribución del poder.

Fernández Noroña, el petista controversial y agresivo

Gerardo Fernández Noroña ha demostrado ser un legislador que apela más a la agresividad y descalificación que al diálogo o consenso. Entre palabras altisonantes, juicos de valor y ofensas, se convirtió en una figura pública que avienta pedradas a todo aquel que no comporte los principios de la autollamada Cuarta Transformación.

Prueba de lo anterior se dejó observar el pasado octubre del 2019, cuando Noroña llamó “más bocona que la chingada” a Adriana Dávila Fernández, diputada del Partido Acción Nacional (PAN). Pero, eso no fue todo, el petista también se atrevió a pedir elementos para “ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca”.

Ante el evidente acto de violencia y a más de un año del cometido, el diputado tuvo que expresar —como respuesta a la exigencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)— una disculpa pública a la funcionaria. Es decir, una de las tantas figuras que ha sido demeritada por el izquierdista.

Y es que pareciera que Gerardo Noroña disfruta de los escándalos. Otro de los más recientes ocurrió hace algunas semanas cuando se negó a utilizar el cubrebocas y no pudo acceder a la instalación de la Asamblea Nacional de Venezuela. Ahora que si nos vamos más atrás, fue memorable aquella discusión cuando intentó reclamarle a Porfirio Muñoz Ledo, entonces presidente de la Cámara de Diputados, por asistir al último informe del expresidente Enrique Peña Nieto.

Finalmente, queda demostrado que pese a declararse seguidor de López Obrador, Gerardo Fernández Noroña se niega a seguir la apertura al diálogo que tanto presume la administración en turno. Todo lo contrario, se ha ido por el camino fácil de construir espectáculos políticos pasando por encima de quien sea necesario.

La decisión de la Corte: Simulaciones y concesiones

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El dictamen más certero que he encontrado sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia de admitir como constitucional una consulta que claramente no podía serlo, a través del truco de cambiar la pregunta hasta dejarla desprovista de cualquier sentido e incluso de lógica en su sintaxis, es el que hizo en Twitter el escritor Jorge Volpi. Lo que califica como “el peor de los mundos posibles”: a los críticos, les confirma la sumisión del Poder Judicial al Ejecutivo, mientras que a los promotores se les ofrece el sucedáneo de una redacción abstracta y anodina.

Para la nación, lo que queda son sombras ominosas sobre el Estado democrático de derecho y la vigencia de la división de poderes. Todo eso, más lo penoso y frustrante de ver que, en medio de una de las coyunturas más difíciles de nuestra historia contemporánea, cuando miles mueren por el Covid-19 y enfrentamos la peor recesión económica en décadas, la agenda pública se concentra en un expediente que no puede ser visto sino como distractor, maniobra de manipulación o ritual de simulación.

Algo que no va a servir para combatir la impunidad (tal vez incluso sería lo contrario), pero sí para polarizar más a nuestra sociedad. Y no para discutir sobre las prioridades más urgentes.

No se puede esperar mucho más de una pregunta que nos pide decidir si estamos o no de acuerdo en que se lleven a cabo “acciones pertinentes” –sin especificarlas– para esclarecer “decisiones políticas” –sin que sepamos cuáles– “tomadas en años pasados por actores políticos”. Ni siquiera hay un periodo ni personajes o grupos concretos a evaluar. Conforme a esa redacción, podrían ser las decisiones de los últimos presidentes o las de Antonio López de Santa Anna cuando México perdió la mitad de su territorio.

Constitución política mexicana, consulta popular
Imagen: Panorama Cultural.

Con esa redacción, la pregunta no puede ser tratada sino como una simulación: una forma de tratar de darle la vuelta a los problemas y quedar bien con unos y con otros, con la ilusión de salvar cara. Con ese precedente, la consulta apunta justo a lo mismo: a ser un simulacro más que un auténtico ejercicio de participación ciudadana.

Cómo nos hace falta en México deshacernos de esos usos y costumbres de no decirle al pan, pan, y al vino, vino, y dejar de sustituir la responsabilidad por juegos de palabras. Como afirmó uno de los ministros que rechazaron la constitucionalidad de la consulta: la justicia no se consulta.

Si se conoce de algún delito, lo que procedería, por parte de las autoridades como de cualquier ciudadano de a pie, es denunciarlos, sin necesidad de preguntar al pueblo si está de acuerdo o no. Y si ya no se trata de un juicio, sino de una comisión de la verdad, como ahora nos dice el presidente de la Corte, primero tendríamos que tener claro de qué verdad se habla.

Como ciudadano, uno entendería que, ante un plebiscito o un referéndum, los ciudadanos votan para decidir entre A o B, o bien para que se haga algo o no se haga. ¿Cuál sería el resultado vinculante en este caso? ¿A qué obligaría el sí y a quién?

Ministros de la Suprema Corte de Justicia
Imagen: fundacionjusticia.org.

Ya no es una consulta sobre justicia, lo que habría sido una aberración según la mayoría de los constitucionalistas. Perfecto, pero si lo que se plantea es un ejercicio de “memoria histórica” y “reconstrucción del pasado”, como se defiende ahora, ¿por qué no ponerlo tal cual? Por ejemplo: ¿Está de acuerdo o no en que se cree una comisión de la verdad, conformada por ciudadanos con X características y designados por Y método, para esclarecer los asuntos A, B y C, cuyos resultados determinan las acciones D, E y F?

Para hacer algo así no se necesitaría ir a una consulta que costará 8 mil millones de pesos en tiempos de “austeridad republicana”, pero al menos habría un propósito y un probable beneficio para el país. Más allá de lo inoportuno, en medio de una crisis nacional, podría ser que ese proceso sí sirviera cuando menos para entender y dar paso a alguna reconciliación, como fue siempre la intención de Nelson Mandela con el desmantelamiento del apartheid. Sin embargo, lo que tendremos no es ni una cosa ni la otra, sino todo lo contrario, como diría el clásico. Malabarismo para conciliar lo inconciliable. Instrumento de uso político que distrae de lo relevante en el aquí y ahora.

Sin necesidad de ser abogado, uno entendería que el trabajo fundamental de una Corte Suprema es revisar la constitucionalidad de actos, decisiones, derechos o leyes; no especular sobre el sentir de la gente o interpretar el momento de la historia que podamos estar viviendo. Mucho menos complacer a otro poder o apoyarlo en su proyecto.

El derecho a la democracia participativa no tendría por qué demeritar el principio fundamental de las democracias modernas de la separación de poderes: cada cual sus facultades y obligaciones específicas. Las de una Corte independiente y digna son muy distintas a la creatividad narrativa para esquivar un conflicto con acertijos.

Urna y votos, SCJN
Imagen: 4 Vientos.

A la pregunta original con elementos atentatorios contra derechos humanos básicos, como la presunción de inocencia y el debido proceso, así como contra principios jurídicos elementales, como el que las causas judiciales no pueden resolverse por preferencias populares, se saca del sombrero otra pregunta que no dice nada y, por tanto, es absurda.

¿Ése es el papel de la máxima instancia del Poder Judicial de un país de 130 millones de habitantes, con una de las 15 economías más grandes del mundo y una larga historia de aspiraciones democráticas y por las libertades fundamentales?

La democracia no es algo que se resuelva para siempre. Es una forma de vida, de todos los días. Que se reproduce con actos concretos y decisiones puntuales. Esta democracia de la Corte definitivamente no va en ese sentido.


Juicios a expresidentes

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La propuesta de enjuiciar a los expresidentes de México, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, por parte de la Fiscalía General de la República, por los delitos cometidos durante sus respectivos mandatos, ha tomado forma en esta última semana al declarar el propio presidente de la República, Andrés López Obrador, que está dispuesto a enviar la iniciativa de ley al Congreso de la Unión, en caso de que no lo hagan alguna de las Cámaras del Poder Legislativo o que sean reunidas la cantidad de firmas necesarias  de los ciudadanos –el dos por ciento del padrón electoral vigente– para proceder legalmente y llevarlos al banquillo de los acusados para que respondan a las acusaciones que se han planteado como es el caso de la denuncia que ha hecho “Emilio L”, exdirector de Pemex y las que se acumulen.

No existe antecedente durante el siglo XX y las dos décadas del presente que un expresidente haya pisado no la cárcel ni siquiera la barandilla del Ministerio Público o un tribunal federal o del fuero común. Solamente podría citarse el caso del presidente Francisco I. Madero, que sin juicio alguno estuvo detenido en Palacio Nacional, durante el golpe de Estado de su Secretario de Guerra, el Gral. Victoriano Huerta, y no llegó a pisar la celda en la prisión de Lecumberri, pues tanto él, como el vicepresidente José María Pino Suárez, fueron asesinados detrás de la misma por órdenes directas del propio militar golpista con la complicidad de los Generales Manuel Mondragón, Aureliano Blanquet y Félix Díaz, durante la segunda y tercera semana de febrero de 1913, que históricamente se conoce como la Decena Trágica.

AMLO y expresidentes de México, juicios
Imagen: DDC.

No obstante, en esta última década el proceso a los titulares del Poder Ejecutivo se ha vuelto una demanda de un gran sector de la sociedad, debido a los supuestos excesos en que han incurrido éstos, y a un mayor crecimiento de la cultura política popular que ha hecho suyas los reclamos de transparentar el manejo de los fondos públicos no sólo de los expresidentes sino de gobernadores, senadores, diputados, presidentes municipales y altos funcionarios que forman el círculo cercano a ellos. No sólo de los recursos públicos destinados a mejorar las condiciones precarias de grupos poblacionales marginados, sino de aquellos asuntos electorales que atentan contra los más elementales principios de un auténtico régimen democrático.

Abunda a ello que la clase política ocupa, junto a los grupos policíacos, los últimos lugares en cuanto a su desempeño. Basta hacer un repaso en redes sociales y otros medios de comunicación para captar la pésima opinión sobre los políticos que son señalados como corruptos y otras apreciaciones de mayor calado, muchas de ellas apoyadas en el sentir y no en la crítica fundada y razonada. No olvidemos que la percepción tiene mayor peso que el pensamiento motivado y certero que pudieran sostenerse en las valoraciones de órganos revisores como son la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y las Contralorías estatales y municipales, por citar sólo los órganos más notorios, encargados de la vigilancia y cumplimiento de las debidas y rectas aplicaciones presupuestales.

juicios a presidentes
Imagen: El Comercio Perú.

Sin embargo, en el terreno jurídico existen recursos para argüir la defensa de los expresidentes y otros funcionarios de alto y mediano rango, como es el caso de la prescripción de los presuntos delitos cometidos, concepto que puede definirse como aquél que, por el tiempo establecido en la ley, se han extinguido las acciones penales y administrativas en las que incurrieron los implicados en la comisión de faltas y delitos que les son imputados, y por otra parte el concepto constitucional de la no retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna, es decir, la no aplicación de una ley posterior a la ejecución de los ilícitos cometidos.

Por tanto, en mi opinión, estos reclamos oficiales y sociales sobre el enjuiciamiento a los expresidentes, puede tratarse de una exhibición de estos que tienen como pena la condena moral a quienes ejercieron el poder sin escrúpulo ni limitación alguna y que será la historia quien los juzgue. Hay analistas más severos que aducen como propósito del régimen ser parte de la campaña electoral del próximo año que será la mayor de la historia de México en medio de condiciones jamás vistas.   


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Se allana el camino para el juicio a expresidentes

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Juicio a expresidentes consulta: Morena presenta solicitud formal ¿Qué dicen los mexicanos?

Parece que la consulta para definir si va o no va el juicio a expresidentes se abre paso después de que la bancada de Morena presentara una solicitud formal ante el Senado de la República; pero ¿qué opinan los mexicanos al respecto?

Los legisladores de Morena, partido oficialista del gobierno mexicano, aseguraron que llevar a los expresidentes a juicio no es un acto de venganza, sino de justicia, por lo que han presentado ante el Senado una solicitud formal para la realización de una consulta popular a través de la que la sociedad mexicana sea quien decida si los anteriores mandatarios sean enjuiciados por actos de corrupción.

En un documento dirigido a la Mesa Directiva del Senado, la bancada morenista refirió que la corrupción ha dañado terriblemente al país y ha significado un ‘saqueo’ a los recursos de la nación.

“Como integrantes del poder Legislativo, en pleno respeto a la división de poderes y a la autonomía de la Fiscalía General de la República, no podemos emitir un juicio previo al respecto; sin embargo, consideramos de la mayor relevancia que los mecanismos de participación ciudadana directa puedan fortalecer la actuación de los órganos de gobierno: que vivamos en un país donde la justicia se ejerza de manera adecuada”, sostiene el documento firmado por los senadores Aníbal Ostoa; Antares Vázquez; Blanca Estela Piña; Daniel Gutiérrez Castorena; Eva Eugenia Galaz; Gloria Sánchez; José Luis Pech, José Narro Céspedes. María Antonia Cárdenas Mariscal; Martí Batres; Citlalli Hernández; Napoleón Gómez Urrutia; Nestora Salgado y Ovidio Peralta.

“La presente consulta popular tiene como propósito que las ciudadanas y los ciudadanos ejerzan su derecho constitucional de votar en este ejercicio democrático y puedan expresar su opinión respecto a este tema de trascendencia nacional, para determinar si están de acuerdo en que se juzgue a los expresidentes de México que sean presuntamente responsables de la comisión de algún delito durante el ejercicio de sus funciones”, añade.

¿Qué opinan los mexicanos sobre el juicio a expresidentes?

Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a poner sobe la mesa el tema de la consulta popular para enjuiciar a expresidentes, el diario El Universal desarrolló una encuesta para recopilar la opinión de los mexicanos al respecto.

De acuerdo con el rotativo nacional, un 9 de cada diez de los mexicanos está a favor del juicio contra expresidentes y un 95.6 por ciento consideró que el presidente López Obrador los debe llevar a juicio.

El expresidente Enrique Peña Nieto, envuelto en el más reciente escándalo de corrupción por el caso de Odebrecht y Emilio Lozoya, es quien, de acuerdo con la encuesta, debe ser llevado a juicio por los delitos cometidos durante su gobierno con el 89.4 por ciento.

Carlos Salinas de Gortari se ubica en segundo lugar con el 88.5 por ciento y en tercera posición el expresidente Felipe Calderón con el 82.1 por ciento.

Juicio político a Donald Trump

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El juicio político que se imputa al Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, es bajo los cargos de pedir al presidente de Ucrania mediante cohecho disfrazado de ayuda financiera –más de 391 millones de dólares– a cambio de  investigar al exvicepresidente Joe Biden y su hijo, por supuestos negocios que estos realizan con aquel gobierno, cuya principal prueba es la grabación de una conversación telefónica entre ambos mandatarios, y de quien posiblemente será su oponente a la presidencia norteamericana en las próximas elecciones a realizarse el 6 de noviembre de este 2020.

Así de sencillo, para los ojos ajenos, es el actual proceso que se realiza en el Congreso de nuestra nación vecina que tiene en ascuas al mundo entero, por la trascendencia de un posible desafuero del presidente, cuyo comportamiento en otros casos más escandalosos, es un hecho común en otros países que pasan inadvertidos, y son costumbres políticas no sancionables, o simplemente no son motivo de tan grave pena. Ejemplo: el tema sobre Fox, que recibió ayuda financiera externa para su campaña presidencial. Pero el juicio político yanqui está consagrado en la Constitución y tiene aplicación cuando se conoce; no así como ordenar el asesinato de los enemigos políticos supuestamente amenazantes, como el caso de Sadam Hussein, Osama Bin Laden, Muamar el Gadafi, etc., o los bombardeos indiscriminados sobre naciones como Irak, Siria, Afganistán y otros. Que sólo beneficia al más poderoso enclave de armas que mantiene Estados Unidos.

impeachemnt de trump
Imagen: Axios.

Mentir u ocultar hechos por lo que se acusa a Donald Trump, en cierta manera para muchos países, contrastados con estos últimos, parecen extravagantes para otros, pero no lo son para ellos cuando la acusación central es que incite a un gobierno extranjero, como en el caso de Ucrania, para que tenga la posibilidad de intervenir en el proceso electoral que se realizará el presente año en Estados Unidos, donde uno de los posibles candidatos sea el demócrata Joe Biden, quien fuera vicepresidente en el gobierno de Obama. He allí la cuestión del debate que se realiza ahora en el Senado yanqui; como una segunda instancia de acuerdo con los protocolos obligados, una vez que en la Cámara de Representantes (diputados) ha designado siete fiscales, y han encontrado fundados los hechos al presidente, procede la defensa de los abogados del Poder Ejecutivo.

Todo mundo da por sentado que con los votos del Senado controlado por la minoría republicana que apoya al presidente Trump, salvará por esta vez el mandato, como lo han hecho dos de sus antecesores, Andrew Jackson y William Clinton, menos Richard Nixon, que prefirió renunciar antes que aceptar –años después reveló al periodista David Frost– que sí había espiado a su oponente político en el célebre Watergate. Sin embargo, todavía se esperan explosivas revelaciones, si son admitidos testigos, como es el hecho filtrado por el New York Times: que John Bolton, ex Asesor de Seguridad Pública de Trump, publicará en marzo un libro que contradice la versión del presidente de que nunca se ordenó el congelamiento de unos 391 millones de dólares en asistencia militar a Ucrania para obligar a ese país a declarar una investigación contra los demócratas, señala David Brooks, corresponsal de La Jornada y del New York Times.

Por otra parte, Donald Trump, prosigue con sus actos de campaña. Entre ellos suscribir el T-MEC, en el cual felicita al primer ministro de Canadá y al equipo de México que ayudó a realizarlo, sin olvidar su “maravilloso” muro contra Latinoamérica, y anunciar un Plan para el Medio Oriente que, en mi opinión, resulta tan peligroso como gritar la palabra fuego en un teatro repleto de espectadores. Y mientras tanto, usa su tiempo libre para negar todo, como en casos anteriores, que bien puede finalizar en un costosísimo espectáculo –de esos a los que son tan adictos los norteamericanos– y, desde luego, teniendo a los mejores eventos del mundo como lo será el Super Bowl, entre San Francisco y Chiefs de Kansas, este domingo 2 de febrero.    


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