Ante la posibilidad de que esta mega obra se suspenda y se cambie por la ampliación de la base aérea de Santa Lucía, expertos prevén lluvia de demandas por la cancelación del NAIM y mucho dinero desperdiciado.
Ciudad de México.- El nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió poner a consulta pública la continuidad del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y mientras se realiza este proceso en todo el país, algunos expertos ya consideran un escenario complicado si esta obra se cancela de manera definitiva.
Más allá de las pérdidas económicas que pueda implicar, que según el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), encargado de la construcción del NAIM, las coloca en por lo menos 120 mil millones de pesos por la finalización adelantada de la concesión, también habría una disputa legal que incluso se podría apegar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), aún vigente.
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Disputas comerciales internacionales
A pesar de que López Obrador aseguró que se reunirá con los consorcios encargados de esta obra para garantizarles sus contratos en otros proyectos y aseguró que “el trabajo que están haciendo, lo van a seguir realizando, ya sea en el lago de Texcoco o en Santa Lucía”, la realidad es que su gobierno puede comenzar con muchas demandas legales en su contra.
Según Moisés Kalach, miembro del Consejo Coordinador Empresarial y coordinador del Cuarto de Junto en las negociaciones del TLCAN, aseguró que las empresas estadounidenses, canadienses y europeas que están involucradas en el NAIM, podrían demandar al gobierno mexicano.
“Es posible y repito la palabra posible, que se podrían estar violando cláusulas de los tratados internacionales si se cancelan los contratos del NAIM”, dijo el empresario, por lo que podría recurrir a un panel de solución de controversias, amparadas en el capítulo 11 referido a la protección de inversiones.
“Así que podrían apegarse a condiciones de los tratados comerciales y eso nos tiene preocupados”, sostuvo Kalach.
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Amparos para pagos por indemnización
Por otra parte, también existe la posibilidad de que las empresas se protejan a pesar de las promesas del próximo presidente y recurran a amparos para que sean indemnizadas en su totalidad por los contratos cancelados.
Según lo considera Rogelio Rodríguez, abogado experto en aeronáutica, antes de que se les asignen nuevas obras, al menos 307 empresas involucradas en la construcción del NAIM, podrían recurrir a recursos legales para obligar al gobierno a pagarles los daños causados por la cancelación de obra.
De acuerdo a declaraciones para El Financiero, estas firmas que incluye a Grupo Carso, ICA, Grupo Hermes y GIA+A, podrían ampararse “por la terminación anticipada de la obra y que el Gobierno entrante estaría obligado a pagar el total que hayan invertido”, que suma unos 76 mil millones de pesos, según cálculos del experto.
Pero la suma de todas estas cifras que la nueva administración tendría que pagar, más la pérdida de los 100 mil millones de pesos que ya se han ejercido en los avances de la construcción del NAIM, sería un duro golpe para las finanzas públicas, ya de por sí debilitadas.
Y ya que las “las empresas buscarían el pago al 100 por ciento de los contratos, incluso con ajuste de precios”, la situación se complicaría aún más y eso “traería una contingencia económico-financiera que el Gobierno electo tendría que atender”, concluyó Rodríguez.
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