El 7 de mayo de 1940, hace 80 años, se fundó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con el nombre de Instituto de Derecho Comparado. La iniciativa fue del distinguido jurista español Felipe Sánchez Román, miembro del luminoso exilio español que vino a enriquecer la ciencia y la cultura en México.
El Instituto de Derecho Comparado se creó como parte de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, más tarde Facultad de Derecho. Desde el inicio de su actividad participaron distinguidos juristas como Raúl Carrancá y Trujillo, Mario de la Cueva y Antonio Martínez Báez. En 1948, el Instituto logró su autonomía de la Escuela Nacional de Jurisprudencia y en 1967 se cambió su nombre al de Instituto de Investigaciones Jurídicas, para homologarlo con el resto de los institutos de investigación de la UNAM, que tan destacada labor han desempeñado en el proceso de creación y desarrollo del conocimiento en la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el derecho, las ciencias sociales y las humanidades.
Los directores del Instituto han sido Felipe Sánchez Román; Agustín García López; Javier Elola Fernández; Roberto Mantilla Molina; Roberto Molina Pasquel; Héctor Fix Zamudio; Jorge Carpizo; Jorge Madrazo; José Luis Soberanes; Diego Valadéz; Héctor Fix Fierro; y Pedro Salazar.
Tuve el privilegio de trabajar como Investigador de tiempo completo en el Instituto de 1975 a 1983, antes fui becario en el propio Instituto y en el extranjero. En esa época tuve la oportunidad de conocer a distinguidos juristas y de desarrollar amistades entrañables que aún perduran. En esa etapa, trabajaban en el Instituto Niceto Alcalá Zamora y Castillo, Héctor Fix Zamudio, Director del propio Instituto, y Jorge Carpizo –más tarde Rector de la UNAM–, Diego Valadéz, Jorge Barrera Graf, Sergio García Ramírez, Ulises Schmill, Ricardo Méndez Silva, José Luis Soberanes, Martha Morineau, Rolando Tamayo, Manuel Barquín, Jorge Sánchez Cordero y Alonso Gómez Robledo, entre otros.
El Instituto ha realizado una labor fundamental en la creación, promoción y sistematización del conocimiento jurídico. Asimismo, ha tenido una muy destacada labor en materia de difusión y divulgación de la cultura jurídica. En forma permanente organiza foros, congresos, seminarios y conferencias. Cabe mencionar también el vínculo que ha desarrollado con otros centros de estudio e investigación jurídica y de otras disciplinas en el mundo, especialmente en América Latina.
Es imposible sintetizar en unas líneas la inmensa labor realizada sobre muchas áreas del conocimiento, así como las investigaciones publicadas en artículos, libros, colecciones, las distintas ediciones del Diccionario Jurídico, entre muchos otros productos. Dentro del muy amplio despliegue de actividades que ha desarrollado quiero mencionar la promoción y participación en el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y su papel en el estudio, promoción y estructuración de los Derechos Humanos en México y en el mundo.
Otra faceta muy importante de la labor del Instituto ha sido la recepción de numerosos juristas extranjeros, no sólo como parte de sus actividades académicas cotidianas sino también como centro de trabajo de destacados estudiosos del Derecho latinoamericanos que llegaron a México perseguidos por las dictaduras de sus países, principalmente en la década de los setenta del siglo XX. En consecuencia, el estudio del Derecho Internacional, del Derecho Constitucional, de la democracia y de los Derechos Humanos, han tenido siempre un lugar determinante en la vida del Instituto.
Dejé formalmente el Instituto en 1983 para trabajar en la banca de desarrollo y después en otras responsabilidades públicas y privadas. Pero en diversas etapas mantuve un vínculo profesional y siempre afectivo. He tenido el privilegio de que varios de mis artículos y libros han sido publicados por esa casa.
El Instituto ha fortalecido su vocación de investigación interdisciplinaria y con frecuencia analiza temas en la frontera del conocimiento, vinculando la perspectiva jurídica con los avances científicos y tecnológicos. Entre sus temas de trabajo, por citar sólo algunos ejemplos, está el Seminario Permanente de Propiedad Intelectual; el análisis de la Gobernanza Global y el Cambio Estructural del Sistema Jurídico Mexicano; la Guía Jurídica por Afectaciones del COVID-19; el Observatorio de la Corrupción e Impunidad; el Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el tema de la Constitución Reordenada y Consolidada.
Recientemente, tuve la magnífica oportunidad de participar como expositor en el Instituto, previo al confinamiento derivado de la pandemia que nos afecta, y pude saludar a muy distinguidos juristas, viejos amigos, a nuevos investigadores –algunos de ellos muy relevantes en sus áreas de especialidad–, pero sobre todo a muchos jóvenes que le dan mucha vitalidad.
La destacada gestión de Pedro Salazar, que ha fortalecido el esquema interdisciplinario de investigación, le augura un brillante futuro al Instituto. Su labor es hoy más importante que nunca. Estoy seguro de que lo mejor de la vida del Instituto aún está por venir.
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